MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) y el Comité Internacional de la Cruz Roja firmaron un acuerdo que permitirá desarrollar un mecanismo que contribuya a investigar y sistematizar la búsqueda de personas desaparecidas. En un comunicado, la PGR detalló que a través de la Delegación Regional para México, América Central y Cuba, el procurador Jesús Murillo Karam y el jefe de la delegación regional de la Cruz Roja, Karl Mattli, signaron el acuerdo para la licencia y uso del software relacionado con la base de datos Ante Mortem y Post Mortem. De acuerdo con el texto, el procurador explicó que el convenio permitirá mejorar el orden, la metodología y la capacidad de concentración de información para hacer más eficiente la búsqueda. Semanalmente, añadió, la dependencia que encabeza y la Secretaría de Gobernación trabajan en la metodología de esa base de datos, en el área forense de la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR. Por su parte, el jefe de la Delegación Regional, Kart Mattli, señaló que el software permite, ante todo, cruzar información incluso para personas que no están muertas. “Tenemos grupos de trabajo en protocolos, integración de información, asuntos jurídicos, atención a familiares de personas desaparecidas, todo ello para aumentar la efectividad en su localización”, puntualizó. En la ceremonia de firma del convenio estuvieron presentes Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Edgar Elías Azar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, e integrantes de la Delegación de la Cruz Roja. También los subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio; de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Rodrigo Archundia Barrientos; de Investigación Especializada en Delitos Federales, Cleominio Zoreda Novelo; de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Renato Sales Heredia, y de Derechos Humanos, Ricardo García Cervantes, así como la oficial mayor de la PGR, Aracely Gómez Molano.