Nuevo León: la ficción de la reducción criminal

La sociedad de Nuevo León tendría que estar respirando más tranquila por el hecho de que las cifras de la violencia en la entidad disminuyen: menos asesinatos, menos plagios, según lo ha presumido de manera incansable el gobernador Rodrigo Medina. Pero algunas voces alertan: no hay tal baja de la actividad criminal, y lo que dice el mandatario tan sólo forma parte de su nueva estrategia de comunicación social; oficialmente su gobierno ya no habla de matanzas, homicidios dolosos ni de secuestros.

MONTERREY, NL (Proceso).- A lo largo de este año los medios de Nuevo León han reportado cada vez menos homicidios pese a que desde 2010 en la entidad ha habido asesinatos, incluso masivos, casi diario. De pronto hubo una aparente baja en la tasa de ese delito y el crispado ambiente social en la capital estatal se relajó.

El gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz proclamó el triunfo de las fuerzas del orden, las cuales derrotaron a esos delincuentes que durante años trastocaron la vida de los nuevoleoneses y pregonó que la crisis de inseguridad había pasado.

Fue a Nueva York a presumir el modelo de seguridad que, aseguró, había bajado las estadísticas criminales hasta en 70%. La recién creada policía estatal Fuerza Civil es un ejemplo de corporación que debe ser copiado por otros estados mexicanos, dijo.

Sin embargo en agosto pasado la violencia comenzó a resurgir, aunque el gobierno estatal se niegue a reconocer lo evidente: las bandas criminales siguen tan activas como antes.

Los reporteros de la fuente policiaca fueron los primeros en entender el fenómeno. Se percataron de que la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) decidió bloquear la información, entre otras cosas con un cambio en los procedimientos para levantar cadáveres.

Los periodistas notaron que ahora el Servicio Médico Forense (Semefo) acude a las escenas del crimen en vez de hacerlo la Cruz Verde, la tradicional encargada de esa labor. Y a partir de este año los reporteros se enteran de los homicidios y los secuestros gracias a las redes sociales, ya no por los pitazos de “las cruces”.

Mauricio Fernández Garza –exalcalde de San Pedro Garza García– señala que si bien hay una disminución estadística de delitos, la crisis de inseguridad no ha pasado, alerta sobre el surgimiento del Cártel del Norte, integrado por zetas de la vieja guardia reagrupados para operar en Nuevo León y dice que la aparente baja en los índices de violencia puede deberse a una tregua entre las mafias.

Por su parte el diputado local panista Enrique Barrios acusa a Medina de ocultar las cifras de muertos y secuestrados con el propósito de proyectar a escala nacional una imagen agradable de Nuevo León, lo que le haría quedar bien con el presidente Enrique Peña Nieto.

El gobierno estatal se abstuvo de hablar de este tema con el reportero.

 

Medina, el “salvador”

 

Rodrigo Medina tuvo su momento de gloria la mañana del pasado 17 de mayo cuando se reunió con integrantes de la Cámara Americana de Comercio. Les dijo que el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, estaba maravillado ante el resurgimiento de Nuevo León después de la crisis de inseguridad que llegó a colocar al estado como un sitio indeseable.

Se ufanó: “Ayer tuve una reunión productiva con el embajador de Estados Unidos y me decía que estaba impresionado con las cifras de crecimiento económico de la entidad. Y me hacía una pregunta: ‘¿Cómo le están haciendo, cuál es la clave para que Nuevo León se distinga de manera extraordinaria frente a los demás estados de la República para ser atractivos?’

“Le contesté que Nuevo León ha construido durante muchos años y generaciones una cultura de trabajo que tenemos muy arraigada, pero ha sabido –y aquí subrayo esta palabra– adaptarse, que hemos sabido entender cómo se está moviendo el mundo en relación a la inversión.”

En los meses siguientes el gobernador se esforzó por mantener la sensación de que la tranquilidad había llegado al estado.

A los alumnos de maestría en administración militar y seguridad interior de la Defensa Nacional les ofreció un discurso sobre sus acciones frente a los problemas estatales y, según el boletín de la administración estatal, les expuso “las acciones implementadas por su gobierno para salir de la inseguridad que afectó a los nuevoleoneses”.

El 10 de julio se fue a presumir a Nueva York el modelo Nuevo León. En la Bloomberg Mexico Conference, en la Academia de Ciencias de esa ciudad, afirmó que Fuerza Civil tiene 85% de aprobación popular y antes, cuando se llamaba Seguridad Pública del Estado, sólo llegaba a 10%.

Pero cometió un desliz: se refirió a su estrategia de ocultamiento: “Creo que del tema de seguridad se tiene que hablar menos. Estoy hablando de las autoridades, no de los medios. Se tiene que hablar menos y sentirse más, se tiene que sentir más; la población debe sentirse segura. Para eso están los gobiernos y el Estado”.

Pero luego regresaron los homicidios masivos, los cobros de piso y los ­secuestros.

El 5 de agosto fue acribillado en su domicilio el director de Obras Públicas del municipio Doctor González, Rigoberto Chapa Gutiérrez. El gobierno estatal ocultó el hecho hasta que tres días después fue difundido en la página de Facebook de la alcaldía.

El empresario panadero Alejandro Castillo López fue asesinado la tarde del 24 de septiembre al salir de su oficina, en la colonia España, en el sur de Monterrey. Fue abatido a tiros cuando abordaba su camioneta, afuera de su empresa. El procurador estatal Adrián de la Garza afirmó categóricamente que el crimen no estaba relacionado con el cobro de piso.

Tres días después, en un desplegado los integrantes de la Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del Pan, Repostería y Similares desmintieron airadamente al procurador. Afirmaron que Castillo murió por no “pagar piso” y que “durante más de tres meses fue víctima de diversos intentos de extorsión”, señalaron y pidieron permiso a las autoridades para armarse a fin de protegerse.

El 25 de septiembre fue secuestrado Jorge Luis Martínez Martínez, padre del alcalde de General Zuazua, Jorge Luis Martínez Gutiérrez. Un día después Álvaro Ibarra, secretario general de gobierno, dijo desconocer el hecho. Ante la insistencia de los medios, Medina tuvo que aceptar el ilícito. Hasta ahora se desconoce el paradero del plagiado.

El 26 de septiembre fueron asesinados cuatro jóvenes en el bar Chato’s Grill, en el municipio de Santa Catarina. Se presume que la agresión está relacionada con el cobro de piso.

Medios locales denunciaron que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ocultó otro plagio. El 30 de septiembre, en un negocio de plomería de la colonia Hidalgo de Monterrey reportaron el secuestro del propietario, sólo identificado como Gonzalo.

Según El Norte, la AEI informó que se trató de un asalto, no de una privación ilegal de la libertad.

El mismo periódico informó del secuestro del estadunidense Christopher Phillip, que habría ocurrido el 26 de septiembre. No hubo pronunciamiento oficial del hecho. Trascendió, al día siguiente, que el hombre había sido liberado en condiciones no reveladas.

 

Cifras maquilladas

 

Pero las cifras alegres comenzaron. Según estadísticas de la PGJNL los homicidios dolosos este año se redujeron casi a la mitad en comparación con el anterior. Hasta agosto de 2012 hubo mil 111; hasta ese mes de 2013, 540.

En cuanto a asesinatos relacionados con la delincuencia organizada aparentemente hubo también un ligero declive en los últimos meses. El gobierno estatal informó que en julio, agosto y septiembre pasados hubo, cada mes, 30 muertes de este tipo. Oficialmente durante todo 2012 hubo 61 secuestros. Hasta agosto de este año, 28.

Iram Oviedo ha sido reportero policiaco desde hace 24 años. Señala que la PGJNL se ha encargado de dificultar el trabajo periodístico. Explica que desde que él empezó en la cobertura de noticias de seguridad pública, eran las ambulancias de la Cruz Verde las encargadas de levantar los cuerpos de las víctimas de homicidio.

Los reporteros establecían guardias en “las cruces” del área metropolitana y viajaban junto con los socorristas a reportar los hechos violentos, sobre todo, en años recientes, tiroteos con múltiples fallecidos.

Ahora, con el cambio de estrategia del gobierno, desde febrero los levantamientos los hace directamente el Semefo. No hay forma, dice, de que los reporteros monten guardia en las instalaciones del forense.

Por eso ya hay menos historias de violencia que contar, incluso cuando hay hechos de sangre en el centro de Monterrey pues hasta esos, en ocasiones se les pasan a todos los reporteros porque nadie los alertó.

Reconoce que las matanzas han disminuido este año en Nuevo León. Pero hay un intento oficial por ocultar lo que sí sucede.

“Antes estábamos de base en la Cruz Verde. Ahora vemos las redes sociales, donde nos dicen que hay situaciones de riesgo y hacia allá nos movemos.

“Hay que estar atentos a Twitter y Facebook y atender los contactos en los puestos de auxilio. Los vecinos también hablan a las redacciones de los periódicos y las televisoras y de ahí nos dicen que hay movimiento de patrullas en tal o cual casa”, explica.

“Pero de que hay violencia, la hay y no está todo bonito, como parece que quieren hacernos ver”, afirma.

Un fotorreportero, quien pide el anonimato, coincide con Oviedo. Señala que durante este año, tras la llegada de Peña Nieto a la Presidencia, ha habido una tendencia en el estado para tapar la información policiaca. El interés evidente del gobierno de Medina es ocultar los hechos violentos, asegura.

El fotógrafo, con más de 10 años en el oficio, señala que ya no hay posibilidad de conocer al instante, como antes, las eventualidades de inseguridad. Ahora los reporteros se reúnen en algunos puntos de Monterrey desde donde salen en caravana, para protegerse mutuamente.

 

La violencia no decrece

 

Fernández Garza considera que si bien hay una evidente disminución de hechos violentos en la entidad, el gobierno de Nuevo León se ha equivocado al declararse vencedor en la lucha contra el crimen.

“El punto ahora es ver a dónde van orientados los programas de seguridad, porque Fuerza Civil está a 20% de la capacidad que se pretende. Puede haber bajado el índice criminal, pero eso a lo mejor no quiere decir que se esté resolviendo el problema de inseguridad. Puede que haya una tregua en el crimen organizado u otra serie de factores que indiquen reducción, pero no necesariamente porque la combates”, señala.

El trabajo por hacer es inmenso, dice quien es conocido aspirante a la gubernatura de Nuevo León para 2015.

Es indispensable que los municipios hagan su propia labor preventiva a conciencia y la ciudadanía también se involucre a través de la denuncia, en el esfuerzo colectivo para abatir la incidencia criminal, añade.

“No veo que la crisis haya pasado. Además mucho de lo que se ha logrado es por intervención federal, no estatal. Tampoco puedes pensar que vas a tener aquí todo el aparato federal siempre. Mientras no tengamos un respaldo real, con esfuerzo propio de ciudadanos, municipio y estado, eso de cantar victoria se me hace completamente fuera de tono y se puede revertir en cualquier momento”, apunta.

También hace referencia al surgimiento de una nueva organización delictiva. “Se menciona que hay un grupo nuevo, el Cártel del Norte; por lo que he escuchado pueden ser zetas de la primera generación”, dice sin aportar más detalles.

A su vez desde la tribuna del Congreso local el diputado panista Enrique Barrios Rodríguez pidió a Medina de la Cruz que se abstenga de promover acciones para ocultar a la ciudadanía las noticias relacionadas con la ­inseguridad.

“El pleno del Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al procurador estatal a que se abstenga de ocultar la información de ejecuciones. Están ocultando los levantones, los descuartizados y decapitados”, dice.

Barrios afirma que la manera de escamotear estos hechos a la opinión pública es prescindiendo de los servicios de la Cruz Verde, cuyos paramédicos eran, tradicionalmente, acompañados por los reporteros de policía.

El Semefo utiliza camionetas como ambulancias y en ellas levantan los muertos, dice el legislador. “Ahora la procuraduría niega los hechos y no salen a la luz pública hasta que un familiar dice que su hija o su sobrina fue descuartizada. Es criminal hacernos creer artificialmente que todo está mejor”.

“El discurso de Medina está armado con una intención de hacernos sentir más seguros, pero los hechos lo desmienten cada mañana cuando leemos en la prensa los homicidios de ayer. Nos damos cuenta de que todos los días hay ejecutados, secuestrados y levantados. Ahí está el caso del muchacho asesinado porque le ayudaba a una señora a llevar el mandado en la colonia Tanques de Guadalupe”, ejemplifica.

El diputado considera perniciosa la nueva estrategia de Peña Nieto de ocultar los crímenes con el propósito de mantener tranquila a la ciudadanía.

Es evidente, dice, su interés de diferenciar este sexenio del anterior con la instrucción que ha dado de no presentar detenidos ni escenas de enfrentamientos; además ha modificado su discurso, pues ya no utiliza palabras como “guerra”, “cárteles” o “alias”.

Pero este ocultamiento hace que la sociedad no sepa cuál es su realidad. “Por ejemplo, en el norte del país podemos pensar que ir a la frontera tamaulipeca es seguro… y no lo es. Y como ya no ve la gente en las noticias nacionales las balaceras de Matamoros, Reynosa o Nuevo Laredo, las familias van para allá y son víctimas de la inseguridad”, dice.

Con la proyección de esta falsa atmósfera de seguridad que Medina quiere transmitir al país, busca obtener dividendos para sus aspiraciones políticas, afirma.

“En Nuevo León, los gobernantes han malinterpretado el cambio de discurso y hacen esto, que es esconder los crímenes para hacerle sentir al presidente que en el estado todo está bien y con esto ganan puntos frente al ejecutivo federal”, asegura.

Por esta política irresponsable de desinformación, sentencia Barrios, la ciudadanía corre peligro al no saber si en el estado hay una guerra entre cárteles o al desconocer que en algún sector de esta ciudad alguien está cobrando piso.

A escala federal es lo mismo, señala, porque el gobierno no advierte de los peligros que hay en estados como Guerrero, Michoacán o Tamaulipas.

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