COLIMA, Col. (apro).- La destitución del proyectista jurídico de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rumualdo García Mejía, y el posterior allanamiento de la oficina de la magistrada Rocío López Llerenas Zamora por parte de policías ministeriales, desató un conflicto que despertó voces que exigen la destitución del procurador Marcos Santana Montes, y del presidente del Tribunal, Rafael García Rincón. El presidente estatal del PAN, Salvador Fuentes, calificó como un acto aberrante la irrupción de policías armados en las instalaciones del STJE, quienes acompañados del secretario general de acuerdos del Tribunal sustrajeron equipo de cómputo y documentos de la oficina de López Llerenas. Fuentes dijo que se vulneró la autonomía del Poder Judicial y se violaron las garantías de la magistrada, quien cuenta con fuero constitucional. Por lo anterior, el dirigente panista demandó que el gobernador Mario Anguiano remueva de su puesto al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). A su vez, el diputado local Francisco Rodríguez García, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD y presidente del Consejo Estatal de ese partido, se pronunció a favor de la instauración de un juicio político contra el presidente del STJE, Rafael García, por su responsabilidad en esos hechos. Como resultado de este incidente, la integrante del máximo órgano del Poder Judicial en Colima sufrió un quebranto en su salud y hubo de ser trasladada de emergencia por socorristas de la Cruz Roja al Centro Médico de Colima. A través de un comunicado firmado por el secretario general de Acuerdos, Roberto Rubio Torres, el STJE informó que la destitución de Rumualdo García fue por “conducta indebida como servidor público en relación a sus superiores y a la institución, que por su naturaleza configura causales de rescisión laboral previstas en la ley burocrática vigente, así como pérdida de la confianza”. También destacó que debido a que personal adscrito a la Segunda Sala Penal se encontraba sustrayendo algunos bienes, se tomó la decisión de resguardar el equipo de cómputo del proyectista, “para evitar que se dañara, o que suprimiera la información oficial contenida en dicho ordenador”. Sin embargo, añadió, “la magistrada Rocío López Llerenas, en una falta de sentido de colaboración para la ejecución del acuerdo de pleno y sus consecuencias, obstruyó físicamente el ingreso del personal a la oficina del servidor público”, por lo que fue necesario solicitar auxilio de un agente del Ministerio Público y elementos de la Policía de Procuración de Justicia, pero “en ningún momento el secretario general de Acuerdos ni el personal de apoyo, así como los agentes ministeriales y de Procuración de Justicia, tocaron físicamente a la magistrada ni a su personal”. Según testigos, la magistrada se oponía a la sustracción del equipo porque ahí se encontraban documentos y proyectos de resolución que está trabajando la Segunda Sala Penal a la que ella pertenece; además, a que el proyectista no había sido notificado de la decisión del pleno. Rumualdo García, el proyectista destituido por mayoría de integrantes del pleno —con el voto en contra de los magistrados Miguel García de la Mora, Rocío López Llerenas y Bernardo Salazar— en los últimos años ha fungido como presidente de la Asociación de Secretarios y Proyectistas del Poder Judicial del Estado de Colima AC, y desde entonces ha realizado una serie de denuncias públicas y formales por malos manejos en el STJE. A principios de noviembre, a partir de dos amparos ganados por la asociación encabezada por Rumualdo García, el juez primero de distrito con sede en Colima ordenó al pleno del STJE que dejara insubsistentes la convocatoria abierta al examen de méritos STJ/EM/01/2012 y la convocatoria STJ/03/2013, emitidas para cubrir la titularidad de los Juzgados Segundo Mixto de Tecomán, Mixto Civil y Mercantil de Manzanillo y de Ejecución de Sanciones, y que cubriera dichas vacantes mediante examen de oposición. El diputado Francisco Rodríguez consideró que el despido de García Mejía se realizó de manera ilegal, como represión política porque ha ganado en los juzgados federales amparos en los que se ha evidenciado la manera autoritaria y arbitraria en que el presidente del STJE coloca a sus amigos en diversos puestos del Poder Judicial. En ese sentido, el legislador perredista ofreció su respaldo absoluto “como ciudadano, como persona y como profesionista” al desempeño del proyectista despedido. Recientemente, a través de un desplegado publicado en la prensa local, la agrupación que encabeza Rumualdo García había evidenciado las jornadas de trabajo “infrahumanas” que se obliga a cumplir a empleados del STJE, además de que denunció que “la corrupción reina en el Poder Judicial del estado, ya que a pesar de los resultados obtenidos de las visitas de inspección practicadas en los juzgados penales, se protegió deliberadamente, e incluso se premió con ascensos inmerecidos a los responsables de tales irregularidades”. El secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, declaró hoy que la intervención de agentes de la PGJE en las instalaciones del Supremo Tribunal fue a petición del Poder Judicial. “Ellos pidieron la presencia para verificar si estuviese acaso cometiéndose algún delito”, justificó Rueda Sánchez. Hasta el cierre de edición, no habían emitido un pronunciamiento la magistrada Rocío López Llerenas ni el proyectista despedido Rumualdo García Mejía.