CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El estudio realizado a través del Protocolo de Estambul a uno de los cinco jóvenes acusados del homicidio de dos agentes federales en 2010, y quienes fueron relacionados con la detonación de un coche-bomba en Juárez en ese mismo año, comprobó que fue torturado para que se declarara culpable. Familiares de los cinco acusados e integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte exigieron al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que cumpla su compromiso de liberarlos, pues el pasado 29 de octubre dijo que si se comprobaba la tortura, la dependencia se desistiría de la acción penal o los declararía absueltos. Incluso la PGR aceptó, con base en la recomendación 75/2011 de la CNDH, que un grupo de representantes de Naciones Unidas (ONU) y de derechos humanos realizaran los estudios psicológicos a cinco jóvenes acusados de detonar el coche-bomba en Ciudad Juárez, el 15 de julio de 2010, y del asesinato de dos agentes federales en agosto del mismo año, para determinar si fueron torturados para declararse culpables y, de ser así, quedarían libres. Los familiares de los jóvenes fueron notificados el miércoles 8 sobre los resultados del estudio aplicado a Víctor Manuel Martínez Rentería, quien tenía 19 años al momento de la detención. Y aunque aún falta que entreguen los resultados de otros dos de los implicados, los familiares y defensores de derechos piden a Murillo Karam que cumpla su compromiso. Los cinco fueron acusados de delincuencia organizada, así como de portación de armas de fuego y droga, pero aún no reciben sentencia. Los defensores y familiares enviaron un oficio a Murillo Karam y hoy les informaron que el próximo lunes tendrán respuesta, informó el Centro de Derechos Paso del Norte. Además de Víctor Manuel, el estudio se aplicó a su hermano Gustavo Martínez Rentería, quien tenía 24 años cuando ocurrieron los hechos, y a Ricardo Fernández Lomelí, capturado a los 28 años. Ambos aún esperan los resultados. La defensa de los acusados alega que fueron torturados por elementos de la Policía Federal (PF) para que aceptaran que mataron a dos agentes, compañeros de ellos, en diferentes días de agosto de 2010. Noé Fuentes Anaya fue vinculado además con la detonación de un coche-bomba el 15 de julio de 2010, en Ciudad Juárez. A todos los relacionaron públicamente con el grupo delictivo La Línea. Luego de ello, los familiares interpusieron una querella ante la 11 agencia del Ministerio Público Federal en Juárez, por tortura, ya que sus hijos aseguraron que fueron golpeados e incluso violados con rifles, por los mismos agentes federales para que aceptaran su culpabilidad. Luego de una serie de estudios, la CNDH emitió la recomendación 75/2012 en agosto del 2011, en la que explicó: “Mientras sus familias los buscaron en todo Juárez, ellos eran obligados a declarar bajo tortura de haber detonado un coche-bomba en esa frontera, en agosto de 2011”. Los hechos Los implicados platicaban afuera de la casa de uno de ellos cuando llegó un grupo de la Policía Federal Preventiva (PFP) en cuatro camionetas oficiales y los aprehendieron. En ese momento, salía el féretro con otro elemento federal abatido y, en ese mismo vuelo, viajaron los jóvenes rumbo a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Noé Fuentes Amaya, de 29 años; Rogelio Amaya Martínez, de 27; Gustavo Martínez Rentaría, de 24; Víctor Manuel Martínez Rentería, de 19, y Ricardo Fernández Lomelí, de 28, fueron detenidos el 11 de agosto de 2010 por presuntamente detonar un coche-bomba el 15 de julio de eses mismo año en Juárez, así como por asesinar a dos policías federales en agosto. Las lesiones que les provocaron los llevaron a recibir atención hospitalaria y quedaron internados un día, según documentó la asociación civil Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que coadyuva en la defensa del caso. El calvario de la familia se ha intensificado cada vez más, porque luego de tres años tres meses de su detención, ahora los tienen lejos y las posibilidades económicas de las cinco familias no es solvente. Sin haber recibido sentencia, porque el MP federal se empeña en dilatar el caso –acusa el Centro de Derechos Humanos–, los cinco hombres fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de máxima seguridad. Peor aún, su caso está radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal, en Guadalajara, Jalisco, y ellos están recluidos en diferentes penales. Noé Fuentes y Rogelio Amaya están en Tepic, Nayarit, mientras que Víctor, Gustavo Rentería y Ricardo Fernández se encuentran en Villa Aldama, Veracruz. En las audiencias, denuncia la ONG, familiares y defensores han sido amenazados por los agentes que los aprehendieron. La mamá de Víctor y Gustavo Rentería, Antonia Rentería Adriano, fue vigilada en su domicilio y amenazada por teléfono, en septiembre de 2011.