GUANAJUATO, Gto. (apro).- En lo que va del sexenio del gobernador Miguel Márquez Márquez, el número de extorsiones en la entidad aumentó más del 37% y el de robos a domicilios creció casi 54%, reconoció el secretario de Seguridad Pública del estado, Álvar Cabeza de Vaca. Durante su comparecencia ante los diputados del Congreso del estado con motivo de la glosa del segundo informe, el titular de la SSP fue cuestionado sobre los índices delictivos de los primeros 17 meses de su administración, comparados con los últimos 17 del sexenio pasado, que arrojan los resultados revelados. Los diputados del PRD fueron quienes preguntaron al funcionario sobre los principales índices delictivos del fuero común entre el último tramo del sexenio anterior y el primero del actual. Al responder, Álvar Cabeza de Vaca señaló que los delitos que aumentaron “significativamente” fueron extorsión y robos domiciliarios. En los últimos meses del sexenio de Juan Manuel Oliva fueron presentadas 509 denuncias por extorsión, y en los primeros de Miguel Márquez se han presentado 695 denuncias por el mismo delito, lo que significa un incremento del 37%. Detalló que la extorsión aumentó en municipios como Purísima del Rincón, San Miguel de Allende. En lo que se refiere a robos domiciliarios, en los últimos meses del gobierno de Oliva se presentaron cinco mil 691 denuncias y en el año y medio del mandato de Márquez, la cifra se disparó a ocho mil 748, es decir casi 54%. Los municipios donde los robos a casas se multiplicaron son Manuel Doblado, Abasolo, Huanímaro y en la ciudad de León. En este último municipio, por ejemplo, se denunciaron 955 robos al final del sexenio pasado y la estadística pasó a dos mil 225 al comienzo del actual. Para atenuar el ascenso en estos delitos, Cabeza de Vaca afirmó que hay otros, como los robos a transeúntes y los secuestros, que se han reducido. Los legisladores también interrogaron al secretario sobre las pruebas de control y confianza aplicadas a los policías municipales en la entidad. El funcionario señaló que los exámenes fueron aplicados a seis mil 772 policías, de los cuales mil 277 reprobaron, por lo que fueron despedidos; en un porcentaje de éstos –no precisó la cantidad– se detectaron vínculos con la delincuencia organizada. Los diputados pidieron conocer el seguimiento que la autoridad estatal hace a esos expolicías. Sin embargo, el secretario de Seguridad reconoció que la dependencia no tiene capacidad para rastrear a los agentes que quedaron fuera de las corporaciones tras reprobar las pruebas.