MORELIA, Mich., (apro).- José Trinidad Martínez Pasalagua, exdiputado priista en la Legislatura pasada, se convirtió en el segundo exfuncionario priista en ser detenido por sus presuntos vínculos con el cártel de Los Caballeros Templarios. La tarde del martes 8 elementos de Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de localización girada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) y lo trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Distrito Federal, donde rinde su declaración. Martínez Pasalagua es líder de la Comisión Reguladora del Transporte en Michoacán y fue diputado local por el PRI, durante la anterior Legislatura local. Igual que el exsecretario de Gobierno, Jesús Reyna García, detenido el domingo 6 por presuntos vínculos con los Templarios, Martínez Pasalagua fue señalado por la senadora Luisa María Calderón Hinojosa durante 2013 por tener nexos criminales, lo mismo que Armando Ballinas, actual secretario del PRI en Michoacán. La senadora, hermana del expresidente Felipe Calderón, afirmó que Ballinas Mayés, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, negoció el triunfo de Fausto Vallejo con el grupo de Nazario Moreno en noviembre del 2011 en el rancho Las Cruces ubicado en el municipio de Tumbiscatío. En esas negociaciones, según su versión, habrían participado Guillermo Valencia Reyes, alcalde con licencia de Tepalcatepec, y José Trinidad Martínez. El edil con licencia negó públicamente los hechos. Previo a su detención, Martínez Pasalagua aseguró que quien abrió las puertas a la delincuencia no fue el gobierno de Fausto Vallejo sino el de Lázaro Cárdenas Batel “y se expandió más con Leonel Godoy Rangel”. “No negocié ni he negociado nada, ni los conozco, tampoco tuve algún cargo en la campaña”, dijo Martínez Pasalagua el pasado 8 de abril. En la página Transportando Michoacán destacan a José Trinidad como un “líder social” de un sindicato que agrupa a más de 26 mil trabajadores. “Su labor como diputado local fue encomiable”, dice la página del transportista. No a la “cacería de brujas”, dice Valencia Sobre las recientes capturas, el alcalde con licencia de Tepelcatepec, Guillermo Valencia, pidió al gobierno federal evitar una “cacería de brujas” y promover detenciones sin pruebas. “Yo pregunto dónde están Tomás Yarrington y otros que han sido señalados de tener vínculos con crimen organizado. No puede ser que por ser Michoacán el centro de atención, se promuevan detenciones sin pruebas”, se quejó en entrevista con Noticias MVS, primera emisión. Se le preguntó si cree que él pudiera ser uno de los próximos detenidos, pues también se le vincula con los templarios, a lo que respondió: “Creo que si se tienen los elementos, no se anunciaría a través de los medios de comunicación. Yo no he sido omiso en mi responsabilidad de garantizar seguridad a la población. Yo tengo documentos en los que solicité al gobernador (Fausto) Vallejo presencia permanente del Ejército y de seguridad federal en el municipio para contener a los criminales”. Respecto de la detención de Martínez Pasalagua, reconoció que existe un “supuesto informe que ha hecho circular la senadora Luisa María Calderón” el cual, afirmó, “es apócrifo”. “Desmiento que yo haya participado en la reunión de Pasalagua con Templarios (…) jamás pactaría con criminales, sería ir contra mis principios. “No puede ser que porque lo diga la senadora Calderón, se le pueda dar más valor a lo que ella diga”, reclamó. El edil con licencia confirmó que continúa sin ejercer sus funciones en Tepalcatepec por el conflicto en la zona que está resguardada por las guardias comunitarias cuyo desarme fue anunciado esta semana por el gobierno federal. Al respecto, Valencia consideró que “el gobierno federal debe ser cauteloso, porque los grupos de autodefensa no tan fácilmente van a dejar su lucha sólo porque el gobierno federal les diga ya estuvo”. Además, subrayó, fue el gobierno el que primero les dio “alas” a las guardias comunitarias. “El gobierno federal debe buscar alternativas para que esta gente se desarme y pueda reincorporarse a sus comunidades a trabajar, pero debe garantizarse que tengan para vivir. El gobierno federal debe tener mucha cautela en este tipo de temas”, apuntó.