Japón: La tragedia de Hakamada

BEIJING (apro).- Iwao Hakamada se despertó los últimos 48 años preguntándose si almorzaría. El preso que más tiempo ha pasado en el corredor de la muerte en todo el mundo fue liberado el 27 de marzo, después de que un tribunal ordenara la repetición de su juicio por las altas posibilidades de su inocencia.

El caso ha devuelto el foco hacia el sistema penal japonés, criticado fuertemente por las organizaciones de derechos humanos por su acentuada crueldad. Japón y Estados Unidos son las únicas democracias industrializadas que aplican la pena de muerte.

Hakamada trabajaba en una fábrica de miso en 1966, después de una vida en el cuadrilátero en la que alcanzó la sexta posición nacional en peso pluma. Los cuerpos del encargado de la compañía, su esposa y dos hijos fueron hallados apuñalados y carbonizados dentro de su casa incendiada y desvalijada. La policía lo detuvo un mes más tarde. Las pruebas eran débiles: la fiscalía aseguró que los pantalones con sangre encontrados en un depósito de tanque pertenecían al acusado, a pesar de que le quedaban manifiestamente pequeños. Pero el tribunal contaba con su confesión y fue suficiente.

El reciente vuelco judicial llegó después de que los análisis de ADN realizados a los pantalones descartaron que la sangre fuera del reo. “Las ropas no son del acusado. Es injusto detenerle más tiempo, ya que la posibilidad de que sea inocente es suficientemente clara”, sentenció el juez Hiroaki Murayama, quien admitió por primera vez que las pruebas pudieron ser manipuladas por la policía.

Hakamada siempre insistió en que la confesión le fue arrancada en un intenso interrogatorio policial después de ser golpeado con palos, privado de dormir y forzado a evacuar en un improvisado orinal. Los interrogatorios se alargaron durante 20 días, según los registros policiales. El caso de Hakamada ha sido la bandera del activismo durante los últimos años. Amnistía Internacional ha insistido en que faltaban pruebas para condenarle.

Entre los partidarios de su liberación también figura Keiko Chiba, exministra de Justicia, y Norimichi Kumamoto, uno de los tres jueces que lo mandó a la horca.

Hace años que Kumamoto sostiene que se equivocó, que sus dudas de entonces fueron vencidas por la firmeza de los otros dos jueces. Siete meses después de aquella sentencia dimitió y se planteó el suicidio. El día de la liberación de Hakamada apareció en la televisión nacional, enfermo de cáncer y con dificultad para hablar, con lágrimas y puños en alto, pidiendo perdón. “Me gustaría haber hablado más alto entonces”, dijo.

 

Ejecuciones secretas 

Hakamada, el fibroso treintañero que entró en prisión roza hoy la ochentena y sufre demencia. Las cartas que enviaba a su hermana desde la cárcel pronto empezaron a hacerse incomprensibles y el mes pasado asimiló con dificultad la noticia de su liberación. La estabilidad mental de muchos condenados a muerte en Japón acaba sucumbiendo por el régimen de su encierro.

Los reos no conocen cuándo serán ajusticiados hasta una hora antes. No tienen derecho a su última comida ni a una llamada para despedirse de sus familiares. Éstos reciben la noticia de la ejecución a posteriori para que vayan a recoger el cadáver. Viven aislados en diminutas celdas, gélidas en invierno y caldeadas en verano. Las luces están encendidas durante las 24 horas y se prohíben los antifaces para dormir. No pueden hablar con el resto de encarcelados.

Las visitas con abogado y familiares son escasas y supervisadas. Las de los amigos están prohibidas. No pueden ver televisión y sólo escuchan las cadenas presintonizadas de la radio. El material impreso es a menudo censurado. Cuentan con dos breves pausas semanales para el ejercicio. Pueden dirigir sus quejas al Ministerio de Justicia, pero su representante sólo está obligado a una visita cada dos años. El aislamiento del mundo exterior pretende “impedir que se moleste su paz interior”, según el Ministerio de Justicia.

El gobierno impone el secreto en todo lo referente a la pena de muerte. Sólo los guardias presencian las ejecuciones, siempre por el mecanismo de la horca. No fue hasta 2010 cuando los periodistas pudieron visitar una cámara de ejecución: fueron en autobús con cortinas para no identificar su localización y los extranjeros fueron excluidos. La decisión de quién y cuándo es ejecutado tampoco es razonada por el Ministerio de Justicia. Con este secretismo impiden las habituales vigilias de grupos contrarios a la pena de muerte, como ocurre en las ejecuciones en Estados Unidos.

Las condiciones de vida de los presos se conocen por los pocos que han regresado del corredor de la muerte. Masao Akahori, encarcelado por una confesión conseguida a golpes por la policía, fue liberado tras 31 años. Ha descrito su terror diario ante la inminente ejecución. Una vez acudieron los guardias para llevárselo y sólo minutos después se dieron cuenta de que se habían equivocado de celda. Lo devolvieron y se llevaron al preso de la contigua sin disculparse. El shock le privó de habla durante años.

Hakamada es una excepción en el sistema judicial japonés. Sólo otros cinco condenados a muerte han tenido una segunda oportunidad, y cuatro de ellos acabaron con la declaración de inocencia tras décadas en la cárcel. El último fue 30 años atrás.

La eficacia del sistema penal japonés sobrecoge: 99 % de los casos acaba en condena. Los críticos sostienen que el sistema descansa más en las confesiones que en las pruebas sólidas y que muchas de las primeras son falsas.

En el centro de la polémica están las daiyo kangoku: celdas dentro de las comisarías donde la policía interroga al sospechoso sin límite temporal, asistencia de abogado ni vídeo que registre el proceso. “La tortura no es una práctica común, es rara. Pero los interrogatorios son problemáticos porque pueden ser largos, con gran presión y sin transparencia. Las confesiones falsas son un serio problema. También lo es la costumbre de recoger las declaraciones del acusado y los testigos de forma resumida y con las palabras de los agentes y no de forma textual. Japón debería grabar los interrogatorios desde el principio al final. Es una reforma esencial. No hay razón para no hacerlo, pero los fiscales y la policía siguen oponiéndose”, señala por email David Johnson, profesor de la Universidad de Hawai y autor de varios libros sobre el sistema criminal japonés.

La pena de muerte se puede imponer en Japón en casos de asesinato. Normalmente se reserva para los asesinatos múltiples, aunque desde 2006 esta norma no se ha cumplido siempre. Han sido ejecutados 679 reos y su aplicación va en aumento: de la media de cinco ajusticiamientos en la década de los noventa se pasó a 15 en 2004, 23 en 2007 y 17 el año pasado.

Entre 2011 y 2012 hubo 20 meses sin ejecuciones, lo que estimuló el optimismo de los abolicionistas. En enero de este año había 131 presos en el corredor de la muerte, incluidos seis mujeres y seis extranjeros.

Tokyo esgrime el fuerte apoyo popular. La encuesta gubernamental de 2009 mostró 86 % de partidarios. Algunos expertos han discutido la fiabilidad de esos estudios. Mai Sato, investigadora del Centro de Criminología de la Universidad de Oxford, sostiene que la formulación de las preguntas en las encuestas oficiales empuja hacia la respuesta afirmativa y ha encontrado un apoyo más tibio en sus estudios con preguntas neutras.

También sostiene que el gobierno no se esfuerza en desmentir que la pena de muerte carece de efectos disuasorios, como han demostrado diversos estudios. “El sistema no es transparente (…) pero yo no diría que el gobierno está deliberadamente intentando manipular la opinión pública. Yo diría que la pena de muerte no ha experimentado críticas en Japón y por ello el gobierno no necesita replantearse el sistema ni, por tanto, su secretismo”, sostiene Sato por email.

Amnistía Internacional espera que Japón aprenda de la tragedia de Hakamada para revisar un castigo que considera “profundamente cruel, inhumano y degradante”.

“Urgimos al gobierno japonés a que declare una moratoria de todas las ejecuciones y fomente un debate nacional sobre el sistema”, ha dicho la organización.

Pero el silencio de todo lo referente a la pena de muerte impide el debate social. El caso de Hakamada ha planteado más preguntas en la prensa internacional que en la nacional. También es un tabú en el parlamento por su alto apoyo popular, lo que acaba creando un círculo vicioso: los políticos no lo discuten, así que el público no escucha los argumentos abolicionistas, y los políticos pueden seguir ignorando el asunto.

Es improbable que las cinco décadas de Hakamada esperando la horca cambien el panorama. El sistema de justicia criminal ha registrado tibias modificaciones en los últimos años, como la introducción del jurado en 2009.

“La protección de sospechosos y acusados mejora lentamente. Ya se realizan algunas grabaciones. Obtener la libertad bajo fianza es más fácil. A corto plazo, la nueva ley también estimula cambios en otras partes del sistema…”, enumera Johnson.

Pero, según los expertos, las modificaciones no alcanzarán a las daiyo kangoku.

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