Exigen indígenas se regularicen asentamientos en la Selva Lacandona

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Por quinto día consecutivo, unos mil 500 indígenas de la Selva Lacandona y Cañadas marcharon por las calles de la cabecera municipal de Ocosingo para exigir a los gobiernos estatal y federal la libertad del maestro Gabriel Montoya Oseguera y la regularización de tres poblados enclavados en ese macizo forestal de la entidad.

Esta vez, los indígenas de la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente y Democrática (ARIC-ID), además de mantener cerradas oficinas públicas como la alcaldía, juzgados y Procuraduría, también cerraron establecimientos como Coppel, Elektra, Aurrerá y Telcel.

Asimismo, bloquearon de forma temporal la carretera por lo que evitaron por varias horas la salida de unidades rumbo a San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, y en el otro extremo, rumbo a Palenque y Villahermosa.

Los indígenas tzeltales alegan haber llegado a un acuerdo con los Bienes Comunales de la Selva Lacandona para que se les regularicen los poblados Ranchería Corozal, Salvador Allende y San Gregorio, pero que el gobierno del estado y el gobierno federal han rechazado dicho acuerdo y existe amenaza de desalojo.

Sebastián Jiménez Clara, uno de los voceros del movimiento, indicó que ellos no van a parar hasta lograr que el gobierno los reconozca como posesionarios de esa tierra desde hace 30 y 35 años.
Añadió que no están dispuestos a ser reubicados, porque en anteriores experiencias con otros poblados, la reubicación ha sido un fracaso. Les dan tierras áridas donde no se puede sembrar ni cosechar nada, precisó.

Los indígenas reclaman también la libertad de Fernando Gabriel Oseguera Montoya, quien el pasado 14 de mayo fue perseguido a balazos y capturado por el grupo Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Al creer en un primero momento que quienes lo perseguían eran narcos o sicarios, no frenó su camioneta y aceleró hasta que fue alcanzado. Originalmente se le interrogó y acusó del presunto secuestro de Julia Carabias, exsecretaría de medio ambiente en el gobierno de Ernesto Zedillo, pero ahora Montoya Oseguera enfrenta un proceso penal por una protesta que encabezó hace unos 13 años.

A Montoya Oseguera se le acusa de “Atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado”, por participar en una manifestación pública el 26 de enero del año 2001, en Altamirano, Chiapas.

Los indígenas tzeltales acusaron que todo es una argucia legal del gobierno estatal y federal para descabezar el movimiento social que han mantenido desde hace varias décadas.

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