MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles y familiares de desaparecidos entregaron a la ONU “informes-sombra” para contrastar el reporte entregado por el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre las desapariciones forzadas en México. En rueda de prensa, representantes de una veintena de ONG, quienes elaboraron ocho reportes alternativos, dieron respuesta al informe entregado por la cancillería mexicana al Comité contra las Desapariciones Forzadas de Personas de la ONU en marzo pasado y difundido un mes después, en el que se sostiene que de 2006 a 2013 se abrieron 291 expedientes por desaparición forzada, 99 radicados en el fuero federal y el resto en 21 procuradurías estatales. El reporte de México ante el Comité de la ONU refiere la existencia de seis sentencias por este delito que considera “de carácter pluriofensivo”, ninguna de ellas referida a desapariciones ocurridas durante la “guerra del narcotráfico”, declarada por el panista Felipe Calderón. En el documento no se asumen los datos difundidos durante los primeros meses de la actual administración, en el sentido de que el gobierno de Peña Nieto recibió de Calderón una lista de 27 mil víctimas de desaparición. Tampoco se considera lo expresado el 22 de mayo en el Senado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de 8 mil casos documentados luego de una depuración de denuncias recabadas de 2012 a 2014. Los representantes de las organizaciones civiles demandaron al Comité contra las Desapariciones Forzadas que pida a su vez al Estado mexicano explicaciones sobre las supuestas depuraciones de las bases de datos, así como la estrategia para localizar a las víctimas y sancionar a los culpables. Ximena Antillón, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, consideró como “escandaloso” que el gobierno de Peña Nieto omita en su reporte a la ONU la información generada por su propio gobierno, con lo que sumarían 20 mil 810 personas desaparecidas, con 13 mil 195 reportadas en el sexenio anterior y 7 mil 615 de 2012 a la fecha, según información de Osorio Chong entregada al Senado, cifra que no prevé los casos registrados durante la llamada “guerra sucia” ni de migrantes centroamericanos. Antillón denunció la incapacidad del Estado mexicano para atender el problema por parte de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD) de la PGR, que tiene abiertos sólo 402 expedientes frente a más de 20 mil casos, los cuales son atendidos por unos 26 ministerios públicos, en tanto que “la Unidad no cuenta con policías que hagan investigaciones de campo”. Andrés Díaz Fernández, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), recordó que la primera desaparición forzada registrada en el país data de 1969, durante la llamada “guerra sucia”, y que debido a las omisiones del Estado para sancionar a los culpables, es que “el puente de la impunidad se ha prolongado hasta nuestros días”. La actitud recurrente del Estado, apuntó, es que “no sólo no investiga, también se niega a sancionar a los responsables”, y la prueba más evidente es la existencia de 532 averiguaciones previas abiertas por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). “Apenas nos enteramos de que de las seis sentencias que reporta el Estado mexicano, una corresponde a una investigación abierta por esa fiscalía”, deploró. Tania Ramírez, de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), resaltó que las investigaciones abiertas por la Femospp y canalizadas a la Coordinación General de Investigaciones (CGI) “están siendo desempolvadas por agentes que se han presentado ante los familiares de las víctimas, los entrevistan de tal forma que los revictimizan, y sólo estamos esperando que no repitan la práctica de la Femospp de enviar citatorios a nuestros desaparecidos”. Julio Mata Montiel, secretario técnico de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desparecidos de México (Afadem), agregó que lo que el actual gobierno de Peña Nieto pretende con esas entrevistas es “cerrar los casos”. “La estrategia ha sido ofrecer dinero a los familiares, de forma que las familias se han dividido”, acusó. Carlos Moreno Zamora, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), contó que en la última reunión que tuvo esta organización con el titular de la Unidad de Búsqueda, Salomón Baltasar Samoyoa, el 28 de mayo, éste precisó que en lo que va de este año la Unidad de Búsqueda había abierto 22 casos, y que “ya no aceptaría más por falta de capacidad para atenderlos”. Juan López Villanueva, asesor de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), demandó al Estado el esclarecimiento de las cifras manejadas por el gobierno de Peña Nieto, tomando en cuenta que “se pretende silenciar la violencia”. “Si tomamos los datos del semanario Zeta, que hablan de 23 mil ejecuciones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que habría 8 mil desaparecidos durante este sexenio, hablaríamos de que la tragedia nacional está representada por dos terceras partes de homicidios y una tercera parte de desaparecidos”, apuntó.