MÉXICO, D.F. (apro).- Además de los problemas técnicos que enfrenta desde hace tres meses la Línea 12 del Metro, el gobierno capitalino mantiene varios juicios que, a decir del consejero Jurídico y de Servicios Legales, José Ramón Amieva, garantizarán las responsabilidades y derechos del GDF y del consorcio constructor formado por ICA, Carso y Alstom. En entrevista en el noticiero de Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula, el funcionario mencionó que uno de esos juicios es la promoción de una acción declarativa que se presentó en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF). Con este proceso, explicó, se busca el reconocimiento de las posiciones relacionadas con el contrato de obra pública a precio alzado que desde el inicio de la obra se firmó con el consorcio constructor. “Es un contrato que no acepta ningún tipo de modificación o pago adicional, por lo que la póliza sigue vigente, o como de que el mantenimiento se dio de manera adecuada", argumentó. Amieva Gálvez detalló que como el pago ya se realizó, lo que corresponde es tener los trabajos completamente terminados. Comentó que el área jurídica del gobierno capitalino ha sido notificados de “algunas” acciones promovidas por el consorcio. Se trata, dijo, de "dos juicios de nulidad ante diversos actos del anterior (Enrique Horcasitas) y el actual director del Proyecto Metro Línea 12 (Marco Antonio Ciriaco Arroyo), o como un juicio que han promovido ante las instancias federales para cumplimiento de contrato por una cantidad aproximada de 2 mil 400 millones de pesos como concepto de gastos u obra adicional”. En cuanto al contrato que se encuentra en proceso de liquidación y finiquito, el consejero jurídico del DF, José Ramón Amieva, comentó que está suspendido hasta que se conozcan los dictámenes técnicos que la Secretaría de Obras y Servicios solicitó a las empresas francesas TSO y Systra. Después de tenerlos, agregó, se procederá a hacer el finiquito donde se determine cuáles son los alcances necesarios para rehabilitar plenamente la Línea 12, particularmente en las estaciones donde está suspendido el servicio. El funcionario agregó que en el GDF están anteponiendo “todos los esfuerzos jurídicos para que la Línea se rehabilite dentro de los tiempos señalados y consideramos que atendiendo a que es posible la rehabilitación y un acuerdo para los trabajos necesarios, podremos salir en tiempo.” Otro de los juicios que enfrenta el GDF, añadió, se localiza ante la Federación. Se trata del proceso que inició el consorcio constructor para que el gobierno local le pague más de 2 mil 200 millones de pesos, por los trabajos realizados presuntamente posteriores al término del contrato. “Es un juicio federal, nosotros todavía no hemos sido formalmente emplazados, tenemos conocimiento del mismo a través de lo que se ha manejado en los medios de comunicación, pero de acuerdo a la naturaleza del contrato para nosotros no es procedente”, consideró. Aún con fallas, le dan 2 mil mdp más Este martes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal informó que reasignará al gobierno de Miguel Ángel Mancera 2 mil millones de pesos para la ampliación de la Línea Dorada. El proyecto implica construir dos estaciones más a partir de Mixcoac –donde actualmente termina la línea— hasta la terminal de Observatorio, donde se encuentra la terminal de autobuses poniente y la de la Línea 1 del Metro; la estación intermedia sería Olivar del Conde. La asignación del recurso financiero federal se inscribe dentro del Programa de Infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Según la dependencia federal, en el convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, ambas partes se sujetarán a lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas. Los 2 mil millones de pesos se transferirán a través de la Secretaría de Finanzas del GDF. El convenio compromete al GDF y a la SCT a “aplicar el principio de transparencia ante la sociedad civil, así como las normas de acceso a la información pública, sin que se ponga en riesgo la información y documentación de acceso restringido en sus dos modalidades de reservada y confidencial, conforme a las leyes en materia”.