MÉXICO, D.F. (apro).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado 21 de enero validó la operación del Acueducto Independencia, pone en juego los derechos humanos de la tribu yaqui, agudiza su vulnerabilidad e implica graves consecuencias para su subsistencia cultural, alertó la Misión Civil de Observación de la Consulta a dicha etnia. En un comunicado, la agrupación aseguró que aun cuando la decisión de los ministros parece dirimir un conflicto entre los municipios de San Ignacio Río Muerto y Cajeme de Sonora con el gobierno federal, “en el fondo se encuentran en juego los derechos humanos del pueblo yaqui, que han sido afectados por la construcción de este megaproyecto desde 2010 y su posterior operación”. Respaldada por una veintena de organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales, dijo que el fallo, lejos de poner fin de una vez al funcionamiento ilegal del mencionado Acueducto, “garantiza su continuidad a pesar de que la Corte declaró la invalidez del procedimiento de impacto ambiental”. Peor: “Atenta de forma grave contra la legalidad en el país ya que el máximo Tribunal permite que una obra opere sin contar con un permiso básico como es la autorización de Impacto Ambiental. En otras palabras, valida una ilegalidad y lo más alarmante es que sea la máxima instancia de justicia quien lo autorice, cuando en teoría debe ser el poder que garantice el cumplimiento cabal del Estado de Derecho”. Decisión contradictoria La Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui recordó que en el 2012, la misma SCJN reconoció que el gobierno mexicano violó el derecho a la consulta de la tribu en el amparo en revisión (631/2012). Entonces ordenó reponer el procedimiento para determinar los impactos que la operación del trasvase tenía en los derechos de las comunidades yaqui. Incluso, advirtió que en caso de advertirse un daño irreparable, la operación debía ser suspendida. Sin embargo, acusó que la ejecución de dicha sentencia sigue pendiente pues el proceso de consulta se interrumpió el pasado 5 de julio de 2014 por cinco pueblos yaquis, debido a que el gobierno no ha cumplido con los requisitos de la consulta establecidos por la SCJN. “La consulta no ha sido libre, ni de buena fe, ya que representantes de la tribu que iniciaron el diálogo con las dependencias federales están hoy encarcelados por delitos fabricados por el gobierno de Sonora, entre ellos Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez”, condenó. Peor aún, denunció que en los últimos meses la tribu ha sufrido constantes agresiones y amenazas por parte de autoridades estatales “por seguir defendiendo sus derechos de forma pacífica”. Acusó que las “campañas de odio y discriminación racial” en los medios locales tampoco ha cesado contra las comunidades. Además, está pendiente que el gobierno federal entregue información a los habitantes para demostrar los impactos del Acueducto. Pese a estas circunstancias, aseguró que durante el periodo de vigencia de la consulta, los yaquis mostraron “suficiente evidencia ante las autoridades de Semarnat y Profepa de los daños irreparables que han sufrido por la actividad ilegal de dicha obra” y con base el criterio de la SCJN, han exigido que éste sea suspendido. Sin embargo, ninguna ha dado una respuesta efectiva. Con estos argumentos, la Misión Civil de Observación aseguró que si la Corte “está comprometida con la reforma en derechos humanos y ha elaborado protocolos especiales para la aplicación de justicia para pueblos indígenas, es para que en casos como este los aplique con todo rigor y no les niegue, como ha sucedido, el acceso efectivo a la justicia a la tribu yaqui”. En esta coyuntura, criticó, la SCJN debió esperar que concluyera la ejecución de la sentencia sobre la tribu e indicar medidas eficaces para que la consulta --que ella misma ordenó-- tuviera credibilidad y sirviera de garantía efectiva para el goce de los derechos del pueblo yaqui. “Sin embargo, con este nuevo resolutivo se deja en situación de extrema fragilidad a la tribu yaqui”. La Misión Civil de Observación advirtió que seguirá denunciando “ante todas las instancias nacionales e internacionales este atropello” contra la tribu yaqui y contra los pueblos indígenas de México.