MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Por no registrar a 50% de mujeres como candidatas a las presidencias municipales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría anular las postulaciones a las alcaldías en los estados de México, Nuevo León y Sonora. Esta semana la Sala Superior del TEPJF resolvería los recursos jurídicos presentados por ciudadanas de esas entidades que reclaman que se incumplió la paridad de género en las candidaturas a escala local. Ante esa posibilidad integrantes de la Red Mujeres en Plural, entre otras, se reunió con los magistrados de la Sala Superior del TEPJF para entregar un amicus curiae (documento con argumentos jurídicos), en el que se defiende la paridad en ayuntamientos como una medida para promover la participación política femenina. En la reunión con los magistrados participaron la exsecretaria de Relaciones Exteriores Patricia Olamendi; la secretaria del Trabajo local, Patricia Mercado; las diputadas federales Amalia García y Martha Lucía Mícher, así como la representante de ONU-Mujeres en México, Ana Güezmes, entre otras defensoras de los derechos políticos de las mexicanas. Al respecto Martha Tagle, integrante de la Red Mujeres en Plural y miembro del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) que da seguimiento al cumplimiento de la paridad de género, explicó a estas agencias que aunque el amicus curiae se refiere sólo al Estado de México, en la reunión se expusieron los argumentos también para las otras dos entidades. En el Estado de México se renovarán 125 ayuntamientos; en Nuevo León, 51, y en Sonora, 72. Durante marzo y abril las mujeres presentaron sus juicios en las salas regionales Monterrey, Guadalajara y Toluca del TEPJF –que tienen competencia en cada circunscripción–, sin embargo, allí fueron desechados, por lo que no se analizó el fondo del asunto, es decir, si existe la obligación de que los partidos apliquen la paridad de género en las candidaturas a las alcaldías. Tagle explicó que en el caso de Sonora y el Estado de México los magistrados de las salas regionales argumentaron que las mujeres que presentaron los juicios no tenían “interés legítimo”, y en el caso de Nuevo León dijeron que ya habían concluido los procesos internos de los partidos, por lo que “ya no se podía hacer nada”. Como en estos tribunales las mujeres no fueron escuchadas, la mayoría decidió interponer recursos de reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF, a fin de que se entre al fondo del asunto y se discuta si los partidos están obligados a aplicar paridad en ayuntamientos. Cabe decir que después de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, la obligación de entregar la mitad de las candidaturas a las mujeres sólo se estableció para el Senado, la Cámara de Diputados y los Congresos estatales, por lo que la paridad en alcaldías se definió a partir de las legislaciones electorales locales. De acuerdo con Martha Tagle, el mayor déficit de representación política de las mujeres está en las presidencias municipales, por lo que si bien en el caso de Nuevo León la autoridad electoral ordenó la paridad en la integración de las planillas para ayuntamientos, no la estableció para las alcaldías, por lo que no habría avance de las mujeres en cargos de decisión. Datos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Inmujeres indican que, al corte de octubre de 2014, sólo 175 de los 2 mil 441 municipios eran gobernados por mujeres, apenas 7.16% de alcaldías femeninas. A decir de Tagle, en la reunión con seis de los siete magistrados –sólo faltó Salvador Nava– les confirmaron el compromiso con los derechos de las mujeres, pero también manifestaron su preocupación por el avance de los tiempos electorales, por lo que las activistas confiaron en que pronto haya una resolución favorable. También explicó que el tiempo no puede ser un “pretexto”, ya que los partidos políticos, aun con candidaturas registradas, cambian a sus aspirantes, ya sea por decisión de los tribunales electorales o por decisión partidista, por lo que dijo que espera que la Sala Superior haga valer los derechos de las mexicanas aunque esto signifique reponer el registro de candidaturas.