Indaga la Codhem 25 quejas contra policías ministeriales por tortura

TOLUCA, Edomex. (apro).- En lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha recibido 25 quejas por tortura en las que aparecen implicados policías ministeriales en su mayoría.

El ombudsman mexiquense Baruch Delgado Carbajal indicó que todas y cada una de las quejas se están investigando para deslindar responsabilidades.

“Hay temas que se están investigando. Tenemos que ser muy cuidadosos, ver con mucha objetividad estos casos porque no en todos se presentan delitos que pueden configurarse como tortura”, dijo.

Delgado Carbajal comprometió que la institución a su cargo no será omisa en los casos en que se encuentren irregularidades y se confirme la comisión de este ilícito. En refuerzo de su dicho, recordó la recomendación emitida el 24 de abril pasado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), luego de encontrar evidencias de que un perito y policías ministeriales incurrieron en actos arbitrarios y constitutivos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Las investigaciones de la Comisión revelaron que tres policías ministeriales detuvieron en el municipio de Acolman a tres ocupantes de un vehículo, a quienes acusaron de robar en una tienda de conveniencia ubicada en Ecatepec.

La agente del Ministerio Público (MP) responsable no reportó la presencia de lesiones y el médico legista omitió la revisión física; en presencia de los agentes, sólo preguntó a los detenidos su estado físico, lo cual se tradujo como un acto intimidatorio que tenía como fin ocultar las agresiones de que fueron sujetos.

A petición de su abogado particular, se solicitó de nueva cuenta la revisión y el perito designado calificó la existencia de lesiones físicas, lo cual denotó que pudieron perpetrarse acciones contrarias a la legalidad, transgrediendo la integridad física de las tres personas.

Por estos hechos, asentados en la Recomendación 13/2015, el organismo requirió a la Procuraduría mexiquense el inicio de una carpeta de investigación en contra de los servidores públicos involucrados.

También le sugirió articular una estrategia integral de prevención y atención a hechos constitutivos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y profesionalizar a los servidores públicos sobre el protocolo de actuación en la investigación del delito de robo; implementar una política de protección y respeto al principio de seguridad jurídica, debida diligencia y deber de cuidado; y aplicar evaluaciones de control de confianza a los servidores públicos.

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