CUERNAVACA, Mor. (apro).- Mujeres de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Morelos (Ddser) demandaron al Congreso local modificar el Código Penal para favorecer el aborto en caso de violación, en apego a las leyes federales. En protesta afuera del palacio legislativo, Paula Montaño, vocera del organismo, aseguró que los legisladores se plegaron a los intereses de los grupos más reaccionarios y conservadores de la entidad, al rechazar la iniciativa del Poder Ejecutivo de modificar el artículo 119 del código penal, para favorecer las condiciones de quienes quedaban embarazadas como producto de una violación. Dicho artículo establece que el aborto no es punible cuando “el embarazo sea resultado de un delito de violación”, lo que implica que debe investigarse y confirmarse el abuso sexual y el embarazo producto de ello. Sin embargo, la iniciativa del gobierno del estado presentada a propuesta de las propias organizaciones, establecía que no sería punible el aborto cuando “el embarazo sea resultado de una presunta violación”. Al agregar la palabra “presunta” se actuaría con base en la palabra de la afectada, es decir, el solo hecho de denunciar la violación bastaría para permitir la práctica del aborto. No obstante, esta iniciativa fue rechazada por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y otras bancadas legislativas. Por ello, en las escalinatas del Congreso Local integrantes de Ddeser en Morelos realizaron un performance denominado Maternidad impuesta para exhibir el problema de los embarazos adolescentes en la entidad. Las activistas demandaron congruencia a los legisladores. Dijeron que actúan con base en los intereses partidistas, cerrando los ojos a una realidad cada vez más preocupante en Morelos. Paula Montaño exigió a los diputados que “la interrupción del embarazo en caso de violación, sea un derecho”. Alegó que ello no se contrapone con la exigencia de contar el embarazo protegido, “siempre y cuando, éste sea deseado y que se le pueda dar lo necesario a la mujer para interrumpir su embarazo de manera segura”. Recordó a la diputada Norma Alicia Popoca –coordinadora del PAN en el Congreso y presidenta de la Comisión de Equidad de Género– “que sus decisiones deben de ser a favor de los derechos de las mujeres. Estamos a favor de una maternidad libre y voluntaria”. Montaño lamentó que al rechazar la propuesta “los diputados rechazan la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir un embarazo no deseado y producto de una violencia sexual. Están actuando solamente en busca de los intereses de su propio partido, lo que es erróneo, deben de actuar en favor de la ciudadanía y no de sus intereses, es una actuación machista y en contra de los derechos de las mujeres”. Los antecedentes Morelos era uno de los estados a la vanguardia en materia legal respecto del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. El Código Penal en su artículo 199 considera cinco causales para interrumpir el embarazo de manera legal: Cuando sea resultado de una “acción notoriamente culposa” de la embarazada o de un delito de violación, cuando ella corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista y con el dictamen de un segundo doctor; cuando se diagnostiquen alteraciones congénitas o genéticas del producto y cuando el embarazo sea resultado de la inseminación artificial realizada sin el consentimiento de la mujer. Sin embargo, en 2008 la 50 legislatura hizo una reforma a la Constitución estatal --con el voto mayoritario de PAN, PRI, Nueva Alianza y PVEM, para prohibir de facto toda posibilidad de interrupción del embarazo. Entonces se reformó el artículo 2 de la Constitución y dejó sin efecto, en los hechos, las causales en el Código Penal. Además, se agregó al artículo en cuestión la protección de la vida “desde el momento de la concepción”. Esta situación, según organizaciones feministas, se ha repetido a lo largo de 17 estados de la República. En agosto pasado, como parte de las medidas exigidas por la Alerta de Género, el gobernador Graco Ramírez propuso la creación por ley de una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, además de otras modificaciones legales. Lo único que no aprobó el Congreso fue la creación de la Fiscalía y la modificación al artículo 119 del Código Penal, para favorecer el aborto a quienes se embarazaron como producto de una violación.