Gobierno del encubrimiento

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El creciente desfase entre los intereses ciudadanos y los de la élite gobernante es evidente. La brecha que separa al gobierno de Enrique Peña Nieto de la sociedad se profundiza al tiempo que aumenta la distancia entre la ley y su cumplimiento. Mientras los mexicanos demandan una democracia eficaz, probidad en la administración pública, castigo a los corruptos, así como respeto a la legalidad y los derechos cívicos, quienes ostentan el poder pretenden lucrar impunemente con sus cargos y ocultar la omnipresente corrupción y la violación de los derechos humanos –ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones de mujeres y niñas, feminicidios– perpetradas por autoridades civiles, policiacas y militares. En consecuencia, el encubrimiento se ha convertido en prioridad de la presente administración.

La situación de los derechos humanos es ominosa e insostenible. En lugar de corregirla, el gobierno se empeña en negarla a pesar de la amplia documentación al respecto y de un diagnóstico en el que coinciden la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y, por supuesto, las víctimas de los abusos, los familiares de los desaparecidos y especialistas mexicanos en el tema. En su reciente visita a México, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó la urgencia de combatir la impunidad en el país: 98% de los casos criminales no son resueltos. Asimismo, lamentó la intolerancia del gobierno ante la crítica –de la que fue víctima el relator de la ONU Juan Méndez tras declarar que la tortura es una práctica generalizada en México– y recomendó “no matar al mensajero sino atender al mensaje”.

A pesar de ello, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, se niega a que los soldados presumiblemente involucrados en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa sean interrogados por expertos de la CIDH o de la ONU. Como condición para someterlos al escrutinio de los legisladores exige que estén acompañados de un superior “para evitar intimidaciones”. Es claro que dicha presencia sí causaría la intimidación de los soldados. Lejos de contribuir a resguardar la buena imagen del Ejército, la postura del general secretario despierta suspicacias acerca de la intención de encubrir a los responsables de esos trágicos acontecimientos, sobre todo a los altos mandos.

En el caso Tlatlaya hay dos asuntos aún no resueltos, el de la masacre y el del encubrimiento. Cuatro de los siete militares detenidos por su presunta participación en los hechos ya fueron liberados por falta de pruebas. ¿Ello implica que no cumplieron con la orden de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”? ¿Se proponen borrar los impactos de bala y las manchas de sangre sobre el muro posterior de la bodega, evidencia de un presunto fusilamiento? La imposición de otra “verdad histórica”, ahora sobre Tlatlaya, que exima de toda responsabilidad al Ejército sólo agravaría la crisis de credibilidad del gobierno del presidente Peña Nieto, quien es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

El obcecado intento de negar la participación de la milicia en la trágica noche de Iguala es igualmente infructuoso y contraproducente. Se sabe que a través del sistema C-4 el Ejército tuvo información en tiempo real de lo sucedido y que efectivos de inteligencia militar estuvieron presentes en el lugar de los hechos. En cuanto al acceso a la brigada del 27 Batallón de Infantería que le fue negado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, es considerado de vital importancia por el alto comisionado de la ONU para realizar una investigación a fondo y sin cortapisas de los acontecimientos de Ayotzinapa. Sujeto al escrutinio internacional, el gobierno mexicano está obligado a no obstaculizar la pesquisa. La pregunta es si lo hará con o sin la venia del general Cienfuegos.

En el poblado territorio de la corrupción destacan dos casos emblemáticos de encubrimiento. La generosa venta de mansiones del Grupo Higa al presidente, su esposa y su secretario de Hacienda ha pasado a formar parte del folclor político nacional junto con la farsa de su encubrimiento a cargo del flamante secretario de la Función Pública; además, claro, de haber marcado de forma indeleble el signo y el sino de la presente administración.

El segundo caso de encubrimiento de presunta corrupción a gran escala se refiere al multimillonario negocio de OHL con el Circuito Exterior Mexiquense: Una autopista de 155 kilómetros cuyo costo inicial iba a ser de 5 mil 600 millones de pesos, en 12 años se multiplicó en 400% –24 mil millones de pesos al corte de diciembre de 2013– y hoy podría superar los 46 mil millones de pesos (Animal Político, 6 de julio de 2015). Además, OHL obtuvo una extensión del plazo de su concesión de 2030 a 2051, lo que le permitirá cobrar incrementos adicionales a las tarifas de peaje de forma irregular, como ya lo hizo, de acuerdo con una denuncia de la empresa de tecnología aplicada Infaber. La difusión de las grabaciones entre directivos de OHL en que se planeaban las presuntas corruptelas para lograr sus metas financieras llegaron a involucrar al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, e incluso al presidente Peña Nieto. Acto seguido, OHL denunció a Infaber y agentes de la PGR detuvieron ilegalmente al abogado de la empresa después de sembrarle un arma en su coche, como puede apreciarse en una videograbación. El gobierno de Eruviel Ávila reservó toda la información sobre OHL durante nueve años. En el Senado, el PRI congeló la propuesta del PAN para investigar el caso. Este es sólo un ejemplo más de encubrimiento arropado por las amplias redes de complicidad gubernamentales.

La indignación social crece ante el desdén de un gobierno inmerso en una exasperante mezcla de ceguera, arrogancia e irresponsabilidad, incapaz de darse cuenta de que el declive de su legitimidad va emparejado al de las instituciones del Estado. Un gobierno sustentado en el encubrimiento y el contubernio es contrario al interés ciudadano y, como acabamos de verlo en Guatemala, tampoco conviene a los detentadores de un poder corrompido hasta la médula.

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