COLIMA, Col. (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) exigió a la Procuraduría Agraria (PA) agilizar las investigaciones contra la delegada de esa dependencia en esta entidad, María Elena Díaz Rivera, acusada de violar la ley y provocar divisiones entre los habitantes de la comunidad indígena de Zacualpan, donde en los últimos dos años se ha vivido un conflicto por la pretendida instalación de un proyecto de una mina de oro. A través de un pronunciamiento difundido este jueves, la organización solicitó a Fernando López Téllez, director general de quejas y denuncias de la PA, “una rápida investigación penal y administrativa” a la denuncia presentada contra la funcionaria federal. De acuerdo con la Red, luego de que en noviembre de 2014 la mayoría de comuneros de Zacualpan eligió en una asamblea legal a su mesa directiva, encabezada por Taurino Rincón Lorenzo, recientemente Díaz Rivera expidió una nueva convocatoria para tratar de destituirlo, en beneficio del grupo del expresidente de Bienes Comunales Carlos Guzmán Teodoro, quien inicialmente promovió que la comunidad autorizara la explotación de la mina en su territorio. Mediante la vía judicial, narró la Rema, el Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) logró que un juez federal dictara una suspensión definitiva de la convocatoria, por lo que la delegada de la PA interpuso un recurso de revisión y, sin que éste se hubiera resuelto, realizó una asamblea a la que acudieron 90 personas, entre comuneros y avecindados, de un padrón total de 307 comuneros, en la que fue destituida la mesa directiva. Ante esta circunstancia, la Red exigió al Registro Agrario Nacional que “se mantenga dentro de la legalidad y por ningún motivo registre un acta que no cuenta con el quórum legal o que colectó firmas extemporáneas”, y demandó a la Procuraduría Agraria la “revisión exhaustiva” de los procedimientos que actualmente se siguen para nombrar delegados en los estados. Según estudios de exploración realizados por una minera canadiense, los terrenos de la zona de Zacualpan son ricos en minerales como oro, plata, cobre y manganeso, pero debido a los riesgos de contaminación de un manantial, la comunidad se opuso al proyecto de autorización de una mina, que era promovido por la empresa Gabfer SA de CV. Aunque las autoridades de diversas áreas y niveles aseguraron que no se autorizaría la explotación minera en esa región, los integrantes del CIDTZ han insistido en la cancelación definitiva de las concesiones existentes en ese lugar. La directiva de Bienes Comunales cuya destitución ha apoyado la delegada de la PA, encabezada por Taurino Rincón Lorenzo, forma parte del movimiento que se opuso desde hace dos años al proyecto minero.