En su nuevo libro, Lavado de dinero y corrupción política. El arte de la delincuencia organizada internacional, Edgardo Buscaglia –asesor en reformas judiciales, combate y prevención del delito organizado, así como en corrupción privada y pública– expone sus tesis sobre la dimensión de aquel delito patrimonial y propone 20 políticas públicas para combatirlo con eficacia. Puesto en circulación por Penguin Random House Grupo Editorial en su sello Debate, el volumen contiene un prólogo de Carlos Castresana Fernández, abogado y fiscal del Tribunal Supremo de España, que Proceso ofrece a sus lectores. MÉXICO, DF (Proceso).- Edgardo Buscaglia es uno de los mejores especialistas del mundo en la materia, con una vasta y reconocida experiencia. Ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a investigar el fenómeno del crimen organizado desde algunas de las universidades más prestigiosas, pero también desde instituciones globales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Buscaglia no solamente ha estudiado el crimen organizado y las complicidades que lo sustentan: también ha denunciado sistemáticamente, con valentía y credibilidad excepcionales, en conferencias, artículos científicos y periodísticos y en apariciones públicas ante los medios de comunicación, la connivencia que desde los poderes públicos –las autoridades nacionales e internacionales– y también desde las corporaciones privadas y los mercados financieros, por acción o por omisión, permite demasiadas veces a los grupos criminales crecer y desarrollarse a sus anchas y lavar impunemente sus ingentes beneficios; ello cuando esos mismos poderes y actores políticos y económicos no participan o encubren y lucran directa o indirectamente con su actividad delictiva. Baste el dato escalofriante que nos ofrece una institución tan poco sospechosa de ser propensa a las exageraciones como es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: el lavado de dinero mueve anualmente 400 mil millones de dólares. Con esos extraordinarios beneficios se alimentan la corrupción y la violencia. El autor no se detiene esta vez en quienes se dedican únicamente a aquellas actividades conocidamente criminales, sino que fija su atención en otras, no menos criminales, cuyas consecuencias destructivas para la seguridad humanas son insoslayables pero que reciben mucho menor atención de los poderes públicos y los medios de comunicación porque son menos visibles y causan mucha menos alarma social. No son solamente el tráfico de drogas, el de armas y municiones, el de recursos naturales y el de seres humanos los delitos que tienen efectos desastrosos y a menudo letales para miles o millones de personas; también el fraude fiscal, la financiación ilegal de los partidos políticos, el soborno, la corrupción pública y privada, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el abuso de información privilegiada y un largo etcétera son conductas que permiten actuar libremente al crimen organizado con el altísimo nivel de complicidad del que disfruta. Se trata de mecanismos y procedimientos que compran voluntades, al punto de permitir que el lavado de dinero quede impune en 99% de los casos. El caso revelado recientemente por la ABC, la televisión pública de Australia, que saca a la luz la connivencia entre la mafia calabresa ‘Ndrangheta y destacados políticos australianos, tanto del Partido Liberal como del Laborista, pone de manifiesto la cara más oscura de la globalización. ¿Cómo pueden las organizaciones criminales estar en Italia y en sus antípodas al mismo tiempo? ¿Cómo pueden conseguir sus integrantes más destacados permisos de residencia en un continente mientras son perseguidos en otro? La respuesta es obvia: les sobran el poder y los recursos para comprar o doblegar voluntades. Esa contigüidad entre lo público y lo privado propicia que en los países de institucionalidad más débil la corrupción y la delincuencia organizada –la famosa disyuntiva atribuida al narcotraficante colombiano Pablo Escobar: “plata o plomo”– infiltren las instituciones públicas al punto de hacerlas ineficientes, representando incluso una amenaza para la gobernabilidad de los Estados. Y este problema no se da únicamente en Estados pequeños en los que impera el desgobierno, de los que hay algunos ejemplos en Centroamérica o África: el fenómeno se presenta también en países que suponemos sólidamente estructurados, como México o Brasil y asimismo en naciones plenamente desarrolladas, supuestas democracias modélicas, como acabamos de mencionar respecto de Australia. El más grave de los escándalos recientes se ha manifestado en Estados Unidos, luego de la publicación de la carta de la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren –New York Times, 4 de junio de 2015–, dirigida a Mary Jo White, responsable de la SEC (Securities and Exchange Commission, el órgano supervisor de la Bolsa de Nueva York), y es un ejemplo elocuente del estado de cosas por el que atravesamos. La senadora acusa a White de incumplir las promesas que hizo al Senado para obtener la confirmación de su nombramiento, y de no abstenerse en más de 50 asuntos sometidos a su conocimiento y en los que intervenían la firma de abogados de su esposo, así como el despacho en el que la propia White había trabajado antes de ser nombrada para dirigir la SEC. Sobre todo, la señala por haber propiciado acuerdos extrajudiciales que dieron grandes facilidades a los bancos de Wall Street para continuar haciendo sus negocios en la Bolsa de Nueva York, aun después de haber admitido su responsabilidad criminal en fraudes multimillonarios cometidos contra los inversores. Buscaglia identifica 23 tipos distintos de delitos económicos organizados. Su proliferación explica que en las sociedades globalizadas los centros de decisión se hayan ido desplazando crecientemente de los Estados a los mercados con consecuencias desastrosas para quienes sufren esta situación, en la que las amenazas para la supervivencia y el bienestar de los ciudadanos provienen ya no sólo de la violación de sus derechos civiles y políticos sino también, crecientemente, de la violación de sus derechos económicos, sociales y culturales. Según la antes citada OCDE, la desigualdad entre ricos y pobres en los países de esta organización no deja de aumentar: sigue siendo baja en los países escandinavos, pero se ha disparado en México, Estados Unidos, Gran Bretaña y Grecia, entre otros. Se diría que los Estados más desarrollados, incapaces de competir con los emergentes y desesperados al contemplar la deslocalización imparable de los centros de producción de sus propias empresas a lugares tales como China, India, Brasil, Rusia o Sudáfrica –y por qué no, también a Bangladesh o tantos otros países que sólo existen en los mapas porque prácticamente carecen de estructuras de gobierno–, han decidido desmantelar el Estado de bienestar para poder competir con aquellos. En vez de obligar a los países emergentes a imponer medidas básicas ·de protección social, los desarrollados copian sus prácticas de capitalismo salvaje, que creíamos desterradas, confinadas en un rincón de la historia. En España, 18% de la población vive hoy por debajo del nivel de la pobreza, casi el doble que antes de la crisis iniciada en 2007; y vuelve a padecerse desnutrición infantil, que había sido erradicada hace muchas décadas. No es la de Buscaglia, sin embargo, una visión catastrofista. Igual que identifica el problema, el autor propone la solución. Hemos creado un monstruo que, como el de Frankenstein, ha cobrado vida propia y ya no obedece a su creador. Existen, sin embargo, los instrumentos para combatirle. Partiendo de las convenciones de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) y contra la Corrupción (Mérida, 2003), Buscaglia desarrolla toda una agenda de trabajo con 20 propuestas concretas que de ser implementadas podrían conducir nuevamente al orden al monstruo desbocado. Para ello se necesita, antes que nada, conciencia y participación activa de la sociedad civil, que sigue teniendo un lugar y una responsabilidad fundamentales en las sociedades democráticas. Es necesario fortalecer de nuevo a los Estados y reclamar a los gobernantes electos que obedezcan a los intereses de sus electores, y no a los de sus financiadores. La lista de las propuestas de Buscaglia proviene del estudio, pero también de la experiencia. Incorpora medidas novedosas, tales como la extensión de la pena accesoria de extinción del dominio –que ya se aplica al tráfico de drogas– a otras figuras de la delincuencia económica, de manera que los delincuentes pierdan los bienes de ilícita procedencia que hayan adquirido con el producto de su actividad delictiva. Pero junto a ellas, propone también otras que provienen de las prácticas ya ensayadas con éxito en algunos países, como por ejemplo la reducción o eliminación de las inmunidades y aforamientos para las personas que ocupan cargos públicos, que se crearon para proteger la función pública y a menudo terminan convirtiéndose en el burladero detrás del que se refugian quienes se han servido del cargo público para delinquir y enriquecerse. Y a las propuestas sustantivas y procesales, Buscaglia acompaña otras operativas que son fundamentales: la creación de unidades investigadoras de inteligencia financiera, la formación de equipos multidisciplinarios, la constitución de fiscalías y tribunales regionales especializados en delincuencia económica, la coordinación supranacional de las investigaciones, la creación de bases de datos compartidas, auditorías sociales, entre otras. No es una agenda fácil, pero es una agenda posible y se necesita ya. Como señala Edgardo Buscaglia, hay que desmantelar primero al crimen organizado estatal para tener seguidamente alguna posibilidad contra el crimen organizado no estatal, y eso suponiendo que ambos no sean ya una misma cosa, un entramado que a veces resulta imposible desenredar. No es tarea fácil. Sin embargo, en este barco a la deriva a bordo del cual estamos todos, querámoslo o no, es bueno saber que al menos tenemos una hoja de ruta: la carta náutica que nos señala los escollos contra los que debemos procurar no estrellarnos, misma que nos indica hacia dónde tenemos que navegar. Este libro es esa carta náutica.