Preso político de Eruviel Ávila acusa a la CNDH y a la CODHEM de omisión

Eruviel Ávila. Foto: Miguel Dimayuga Eruviel Ávila. Foto: Miguel Dimayuga

ECATEPEC, Edomex. (apro).- Desde su celda en el penal de Chiconautla, José Humbertus Pérez, presidente y representante legal del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., acusó al gobernador Eruviel Ávila de perseguirlo políticamente y a las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos de negarse a intervenir en su caso.

A través de una misiva girada a Angélica De la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, para pedir su intervención, el activista encargado de la defensa de víctimas de fraudes inmobiliarios en diversas entidades del país denunció:

“La persecución que el gobierno de Eruviel Ávila Villegas y el procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, están realizando en contra de un servidor, de mi esposa, mi hijo y de los dirigentes de nuestro movimiento”.

También acusó la negativa de defensa del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, el primer visitador, Ismael Eslava, y de la cuarta visitadora, María Inés Aguilar.

“La CNDH tiene conocimiento de toda esta política violatoria del gobierno de Estado de México, incluso el órgano constitucional administrativo envió nuestras quejas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), órgano que preside Baruch Delgado Carvajal, quien no ha querido investigar; le hemos solicitado en dos ocasiones que entregue nuestras quejas a la CNDH en virtud de la omisión del organismo” a su cargo, dijo.

Pérez Espinoza demandó a los ombudsman investigar su “detención ilegal y privación ilegal de la libertad” en el Centro de Readaptación Social de Chiconautla, Estado de México, “en virtud de la fabricación de las carpetas administrativas 1718 y 1720 por el supuesto delito de robo con modificativa agravante de haberse cometido en el interior de casa habitación con violencia”.

Humbertus afirmó que el acto delictivo fue “fabricado por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, el procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, el fiscal regional de Ecatepec, Juan Francisco Hernández Aguilar, y por el titular del Centro de Atención Ciudadana de Tecámac C-3 de la PGJEM, Omar Hernández Heredia”.

Pérez Espinoza señaló que le fue negado su derecho a comparecer, previo a la orden de aprehensión que el 3 de noviembre se giró en su contra. Con ello, dijo, se violentó el principio constitucional a la presunción de inocencia plasmado en el artículo 20 apartado B de la Constitución General sobre los derechos de los inculpados.

“La CNDH se ha negado a investigar los crímenes violenciales a mis derechos humanos; la persecución en contra de mi esposa Beatriz Juárez Rosas, quien de manera valiente acusó al gobernador Eruviel Ávila Villegas de ser el autor intelectual de mi detención y obtuvo como respuesta del procurador y del fiscal regional de Ecatepec la fabricación de delitos; y la persecución de mi hijo Jorge Humbertus Pérez Juárez, quien tuvo que truncar sus estudios de derecho en la UNAM FES Acatlán”, destacó.

Esta actividad represora, consideró, es resultado de los triunfos jurídicos de la organización, de tal manera que la propia CNDH ha reconocido y emitido dos resoluciones de conciliación que concluyen la violación a los derechos humanos de los integrantes del Frente Mexiquense porque Sociedad Hipotecaria Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) no respetaron la garantía a la Vivienda Digna y Decorosa.

El Frente Mexiquense, recordó, ha ganado diversos juicios en el Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, Quintana Roo, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua por diversas anomalías inmobiliarias. También ha documentado la complicidad, entre otros actores, del alcalde electo de Tecámac Aarón Urbina Bedolla; el beneficio de Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano, hijo del ex secretario general de Gobierno, Manuel Cadena Morales, socio de Vinte; y de la empresa española OHL.

“El gobernador Eruviel Ávila Villegas protege a la delincuente e invasora de viviendas del Estado de México, Valentina Granados Rincón, quien ha ofrecido hasta 500 mil pesos para que sea asesinado al interior del penal”, destaca en la misiva.

Además, advierte, el procurador mexiquense “protege impunemente a las empresas constructoras Urbi Desarrollos Urbanos, Promotora de Viviendas Integrales, Vinte Viviendas Integrales, Ara, Geo y Homex.

“Un ejemplo –añadió– es que ocultó durante 37 días las órdenes de aprehensión en contra de Rene Jaime Mungarro y Sergio Armando Guevara Márquez, representantes de la primera”.

Humbertus Pérez fue detenido por elementos de La Marina el pasado 4 de noviembre, tras ofrecer una conferencia de prensa en Toluca para exigir la renuncia del procurador mexiquense y adelantar que tenía información en el sentido de que se le estaban fabricando delitos por los señalamientos expuestos.

“No obstante, de pretender mi desaparición forzada después de mi detención ilegal, hasta el día de hoy no hay una investigación de la CNDH, el órgano autónomo constitucional protege al gobierno de Eruviel Ávila Villegas, no quiere llegar a la verdad histórica de los hechos y concluir que detrás de mí detención están las empresas constructoras”, puntualizó.

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