México-Estados Unidos: la nueva guerra del opio

Un hallazgo anterior de un plantío de amapola. Foto: Bernandino Hernández

MÉXICO, DF (apro).- México y Estados Unidos negocian recrudecer el combate a la amapola, debido al aumento de la producción de esa planta y la consiguiente obtención de heroína, según un informe del Servicio de Investigación Legislativa (CRS, por sus siglas inglesas), adscrito al Congreso estadunidense.

Consultado por Apro, el reporte “Cooperación en seguridad entre EU-México: la Iniciativa Mérida y más allá” del pasado 5 de enero, adelanta que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene negociaciones con el gobierno mexicano con el propósito de destinar financiamiento para un objetivo específico: incrementar la erradicación de amapola ante el crecimiento del tráfico de heroína hacia el lucrativo mercado del país vecino.

“Funcionarios mexicanos han acordado recientemente desarrollar un plan bilateral para combatir el cultivo, producción y tráfico de heroína”, cita el análisis de 31 páginas, elaborado por Clare Ribando Seelke, especialista en asuntos latinoamericanos, y Kristin Finklea, experto en seguridad interna.

Así lo reconoció William Brownfield, subsecretario de Estado para Asuntos Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, en su testimonio del pasado 17 de noviembre ante el Congreso estadunidense, durante una audiencia sobre control de narcóticos.

Seelke y Finklea señalan que ante el incremento de la producción de heroína en México, el Departamento de Estado ofreció al gobierno mexicano entregar ayuda en la erradicación de plantíos y esfuerzos de decomiso, así como desarrollar un plan bilateral para frenar la producción y el tráfico.

El documento adelanta que el Congreso de Estados Unidos podría buscar que los fondos de la Iniciativa Mérida respalden la erradicación y programas de decomiso de drogas.

En octubre pasado los gobiernos de ambos países sostuvieron una reunión del Grupo de Cooperación en Seguridad. Fue el tercer encuentro de este tipo en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto. Su objetivo: supervisar la implementación de la Iniciativa Mérida y ofrecer mayor seguridad. La agenda incluía agudizar el combate a la siembra de amapola.

Menos coca, más heroína

La cantidad de heroína decomisada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México creció 296% de 2008 a 2013, según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.

El documento señala que “el aumento en la producción (de heroína) ha ocurrido” debido a que “el gobierno ha asignado más fuerzas militares a funciones de seguridad pública, incluyendo operaciones contra los carteles, en vez de la erradicación de cultivos”.

Sin embargo, el gobierno mexicano incrementó significativamente la eliminación de amapola y ligeramente la de mariguana en 2014 respecto a 2013, según los Reportes de Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2015, elaborado por el Departamento de Estado.

México incautó 40% menos cocaína en 2014 que el año previo, pero acrecentó el decomiso de goma de opio –la materia prima para obtener heroína– en 400%. Asimismo, produjo unas 42 toneladas de heroína en 2014, frente a las 26 de 2013, según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas. Guerrero y las montañas de Sinaloa y Durango se han convertido en el epicentro del cultivo de amapola.

El informe revela también que la Procuraduría General de la República (PGR) está en el proceso de desarrollar una nueva estrategia antinarcótica, pero no ofrece detalles sobre ese plan.

En una reunión el pasado 14 de enero con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios –que agrupa a los 50 empresarios más poderosos del país–, el presidente Enrique Peña Nieto anticipó una nueva estrategia de seguridad, basada en la concentración de la fuerza pública en las comunidades y municipios con los mayores índices de criminalidad.

La Iniciativa Mérida empezó a ejecutarse en 2008 para apoyar a México y América Central en la lucha antinarcóticos. El Congreso estadunidense asignó unos 2 mil 500 millones de dólares de los años fiscales 2008 a 2015. Hacia noviembre del año pasado, más de mil 500 millones de asistencia de la Iniciativa Mérida habían sido transferidos.

El Ejecutivo solicitó 115 millones de dólares para financiar la Iniciativa Mérida durante el año fiscal 2015. El Congreso aprobó finalmente 143 millones 600 mil dólares. Los fondos adicionales se dirigen a apoyar la reforma judicial mexicana y el programa de la frontera sur.

La solicitud de la administración Obama para el año fiscal 2016 fue por 119 millones para respaldar la reforma judicial, modernizar las fronteras norte y sur y apoyar programas de prevención de la violencia.

La Ley de Egresos Consolidados de 2016 entregaría al menos 147 millones 500 mil dólares, incluyendo 139 millones de la Iniciativa Mérida. El monto final para esta última aún no está definido. La partida impondría requerimientos de derechos humanos sobre el financiamiento militar.

La ayuda de Estados Unidos se enfoca en el combate a grupos criminales organizados, la institucionalización del Estado de Derecho, la creación de una frontera moderna y la construcción de comunidades fuertes y resilientes.

Resultados dudosos

A pesar de los millones desembolsados, los especialistas cuestionan cuál ha sido la eficacia de la iniciativa.

“Con poca información públicamente disponible sobre las medidas específicas que ambos gobiernos están usando para medir el impacto de la Iniciativa Mérida, analistas han debatido cómo evaluar los esfuerzos bilaterales”, plantean.

Los autores esbozan algunas preguntas para supervisar el plan: “¿Hasta qué punto está avanzando el gobierno mexicano las reformas judicial y policíaca y cómo ayuda la asistencia de Estados Unidos a esas reformas? ¿Cómo mide el Departamento de Estado la eficacia de los programas de la Iniciativa Mérida y mejora o suprime programas ineficaces? ¿Están ayudando los programas de la Iniciativa Mérida a México a responder a los nuevos desafíos y prioridades, incluyendo la seguridad en su frontera sur? ¿Está cumpliendo México con los condicionamientos en derechos humanos del financiamiento de la Iniciativa Mérida?”.

El tema de los derechos humanos ha sido uno de los más polémicos en relación con la ejecución de la iniciativa. Organizaciones civiles han pedido repetidamente que esa asistencia sea condicionada al respeto de tales derechos, pero su reclamo no ha sido totalmente atendido.

“El cumplimiento de condiciones de derechos humanos de la Iniciativa Mérida puede continuar bajo escrutinio estrecho, particularmente por la decisión del Departamento de Estado de no enviar un reporte de avance en la materia requerido por la legislación de entregas financieras de 2014”, refiere el texto. Como consecuencia de esa omisión, México no recibió 5 millones 500 mil dólares en asistencia estadunidense.

No hay condicionamientos de derechos humanos sobre la Iniciativa Mérida en la Ley de Egresos Consolidados de 2016, a diferencia del marco legal de 2015, dice el informe.

Por años, la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (GAO, por sus siglas en inglés) ha urgido a las agencias estadunidenses que trabajan con México a adoptar medidas basadas en resultados.

En septiembre último, un contratista entregó un reporte a ambos gobiernos con más de 200 indicadores sugeridos para evaluar la Iniciativa Mérida. El documento –que no se ha hecho público–, contiene una mezcla de indicadores de producción, resultados y variables de percepción del crimen que parecen aceptables para ambos gobiernos.

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