CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Decenas de organizaciones de derechos humanos exigieron al presidente Enrique Peña Nieto la “liberación inmediata e incondicional” de Nestora Salgado García, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, detenida en un operativo policiaco militar desde agosto de 2013. En una carta abierta firmada por 189 defensores agrupados en la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, por 72 organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), los activistas recuerdan a Peña Nieto que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU concluyó que el encarcelamiento de la comandanta es “ilegal y arbitrario”. Al resaltar que en su resolución 56/2015 el Grupo de Expertos Independientes “reconoció la labor de Nestora Salgado en defensa de los pueblos indígenas”, los activistas recordaron que en el documento enviado al gobierno de Peña Nieto el grupo de la ONU manifestó su “preocupación por el patrón de criminalización contra las y los defensores en México”. De acuerdo con esa resolución, apuntaron, “el Grupo de Trabajo compuesto por cinco expertos independientes de derechos humanos hizo referencia, entre otras violaciones, a la falta de notificación consular, a que la defensora vive un proceso injusto y se le está juzgando dos veces, por lo que exigió tanto su libertad inmediata como una reparación por las violaciones a los derechos humanos contra la defensora”. En la misiva los activistas resaltan que el martes 23 de febrero los jueces primero y segundo del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, ordenaron la “regularización” de las tres causas penales –5/2014, 196/2013 y 48/2014– que se le siguen a la comandanta por delitos de secuestro. El fundamento central para solicitar la reposición del procedimiento, advirtieron, es el “hecho probado de que Nestora Salgado es también ciudadana norteamericana y que en su momento la autoridad judicial no le dio a conocer su derecho a la asistencia consular”. Los firmantes aseguraron en la carta que la comandanta fue también víctima de incomunicación, así como de tratos crueles inhumanos y degradantes, acciones que se suman a las “graves violaciones al debido proceso y la debida defensa legal”. Tras agregar que Salgado García también cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones y defensoras apuntaron que en el operativo de agosto de 2013 también fueron detenidos los dirigentes de la policía comunitaria Arturo Campos Herrera, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Samuel Ramírez Chávez, “quienes junto a Nestora ejercían el derecho a la autonomía y a sus propios sistemas de justicia”. “Saldrá libre pero no es inocente”: fiscal de Guerrero El fiscal guerrerense Xavier Olea advirtió hoy que la eventual liberación de Nestora Salgado no significa que sea inocente, "sino que por ahí hay cuestiones políticas que a ella le pudieron beneficiar". En un encuentro con empresarios, académicos y miembros de la sociedad civil que conforman el grupo Aca, Olea Peláez insistió en que ha estudiado el asunto y para él Nestora Salgado “es una presunta responsable que ha tenido una mala defensa”. En contraste, en entrevista con Apro, el defensor de Nestora Salgado, Sandino Rivero Espinosa, informó que la embajada de Estados Unidos no envió a personal autorizado para dar asistencia consular a la comandanta durante las sesiones en que se tomaron sus declaraciones preparatorias, como parte de la reposición de los procesos. El abogado, integrante del despacho Defensa Estratégica en Derechos Humanos, explicó que a las audiencias por exhorto realizadas en el juzgado 67 de lo penal de Santa Martha Acatitla “no asistieron los representantes de la embajada de Estados Unidos, a pesar de que ello fue solicitado por la defensa y por el juzgado, por lo tanto para evitar retrasar el procedimiento, lo que hizo fue renunciar en ese acto a la asistencia consular, lo cual es viable jurídicamente”. Al insistir en que con la renuncia a la “asistencia consular queda salvado el derecho fundamental violado”, Sandino Rivero convocó a la Fiscalía de Guerrero a “no estar administrando el conflicto y notifique a Nestora las tres órdenes de aprehensión por las que se le sigue”. Rivero Espinosa agregó que será a más tardar el lunes al mediodía cuando “los juzgados tendrán que decidir si le dictan auto de formal prisión o auto de libertad a Nestora”. Sandino Rivero confió en que los jueces de Distrito de Tlapa coincidan con la defensa de Nestora de que “no hay elementos para ordenar la formal prisión”.