CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al iniciarse marzo, la Fiscalía de Colombia ordenó la detención de Santiago Uribe, hermano del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, por presuntos nexos con el paramilitarismo, fenómeno que generó una de las peores espirales de violencia en el país sudamericano e involucró a políticos, militares, empresarios y ganaderos vinculados con la ultraderecha, particularmente con el uribismo. Los cargos que se le imputan a Santiago son: concierto para delinquir y homicidio agravado. El primero, relacionado con su presunta participación en la creación y el financiamiento de un grupo paramilitar llamado “Los 12 apóstoles”, que realizó labores de “limpieza social” –es decir que desplazó o eliminó a pobladores “sospechosos” de apoyar a las guerrillas de izquierda– en la zona norte de Antioquia, justo cuando su hermano Álvaro era gobernador de ese departamento. Ese grupo, al que unos le atribuyen decenas, y otros cientos de asesinatos, habría estado integrado, de acuerdo con testimonios de exparamilitares y expolicías, por ganaderos y comerciantes de la región, e inclusive por un cura de Yarumal. Y, según declaró en 2010 a The Washington Post el exiliado exmayor de la policía, Juan Carlos Meneses, tuvo su base en la finca “La Carolina”, propiedad de Santiago Uribe. El segundo cargo se refiere al homicidio en 1994 de Camilo Barrientos, un conductor de autobuses señalado por la policía como “colaborador”. Dos de los autores materiales del crimen declararon que lo cometieron por órdenes de Santiago Uribe. No es la primera vez que lo reclama la justicia. En 1997 se abrió una investigación en su contra por los mismos cargos, pero el caso fue archivado por “falta de evidencias y testimonios confiables”. Sin embargo, tras las declaraciones de Meneses en Estados Unidos, la indagatoria contra el ganadero volvió a abrirse. Cuenta la directora de informativos de Caracol Radio Colombia, Diana Calderón, que la Fiscalía pidió entonces a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) todos los expedientes relacionados con Santiago Uribe y solicitó interrogar a cinco exjefes paramilitares, tres de los cuales –alias Don Berna, Don Mario y el Cacique Pipintá– afirmaron que terceros, concretamente Vicente Castaño –hermano de Carlos Castaño, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)– les habían confiado la relación con los Uribe. Ahora la Fiscalía tiene 120 días para determinar si el hermano del expresidente, que ya fue recluido en una institución judicial de Bogotá, es llamado de nuevo a juicio o si su caso se vuelve a archivar. Su proceso contará con la veeduría de la Procuraduría colombiana, que ya ha defendido otros casos de la familia Uribe. Porque Santiago no es el único involucrado en el paramilitarismo. Según recuerda el diario El País, Mario Uribe, primo de Álvaro y Santiago, también fue reclamado por la Fiscalía colombiana, y aunque la Procuraduría pidió su absolución otra vez por “falta de pruebas”, la CSJ lo sentenció en 2011 a siete años y medio de prisión por el delito de “concierto para promover grupos armados”. Los magistrados concluyeron que Mario hizo pactos con paramilitares para obtener apoyo político y llegar a senador. Su nombre apareció en las listas encontradas en la computadora de uno de los jefes de las AUC, que desataron en 2006 un escándalo conocido en Colombia como la “parapolítica”. En plena presidencia de Álvaro Uribe, la Fiscalía demostró que numerosos políticos utilizaron a los paramilitares para intimidar a la población y alcanzar cargos públicos como alcaldías, gubernaturas y asientos en el Congreso. Por esos días incluso tuvo que renunciar la canciller María Consuelo Araújo, porque su padre, su hermano y un primo aparecían en las listas. Y en los archivos de la CSJ quedaron las indagatorias de al menos medio centenar de congresistas, funcionarios y exfuncionarios públicos –la mayoría uribistas– que tuvieron tratos con esos grupos armados irregulares para obtener beneficios políticos. En el marco del escándalo, el periódico Los Angeles Times publicó que el general Mario Montoya, comandante en jefe del ejército colombiano, realizó a partir de 2002 operaciones contrainsurgentes con apoyo de grupos paramilitares. Y el senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático, denunció ante el Senado de Estados Unidos que el presidente Álvaro Uribe y su familia estaban “involucrados con los paramilitares y, por extensión, con el narcotráfico”. La conexión de los paramilitares –y también de la guerrilla– con el narcotráfico, tanto para poder operar como para obtener ganancias, ha sido reiteradamente documentada. Y el nombre de los Uribe ha saltado una y otra vez. Un caso fue el de Dolly Cifuentes, considerada por la DEA estadunidense como uno de los contactos clave de El Chapo Guzmán en Colombia, y quien fuera pareja de Jaime Uribe (ya fallecido), otro de los hermanos de Álvaro. Según refiere El País, esta mujer fue extraditada en 2012 a Estados Unidos por conspirar para introducir cocaína. Las indagatorias establecieron que su hermano, Francisco Cifuentes (también fallecido), fue piloto de Pablo Escobar. En 2014, el senador de izquierda Iván Cepeda acusó a Álvaro Uribe de sostener vínculos comerciales y apoyar las actividades de la familia Cifuentes cuando fue director de Aeronática Civil a principios de los años ochenta. Los dichos de Cepeda ya fueron sustentados antes por documentos desclasificados del Pentágono. Apelando al Acta de Libertad de Información, el National Security Archive, un grupo de periodistas independientes radicado en Washington, obtuvo en 2004 la lista de 106 personajes vinculados con el cártel de Medellín. Y ahí, entre traficantes, asesinos, lavadores de dinero, militares y políticos corruptos, en el número 82 aparece el nombre del expresidente colombiano. Decía la ficha: “82. Álvaro Uribe Vélez – senador y político colombiano que se dedica a colaborar con el Cártel de Medellín desde altos niveles de gobierno. Uribe estuvo vinculado con una empresa involucrada en actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con los traficantes de droga. Uribe ha trabajado para el Cártel de Medellín y es un amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar para alcanzar el cargo de legislador suplente de Jorge (Ortega). Uribe es uno de los políticos que, desde el Senado, han atacado todas las variantes del Tratado de Extradición”. La información, publicada en la revista Newsweek, no sólo involucraba al presidente colombiano en un ilícito grave, sino que desmitificaba su presunta lucha contra el narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo, y ponía en entredicho la ayuda brindada por Estados Unidos a través del Plan Colombia y la pretensión de establecer un Tratado de Libre Comercio entre ambos países. También echaba por tierra la narrativa oficial de que Álvaro y sus hermanos habían apoyado la formación de ejércitos privados después de que su padre fuera secuestrado y asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla por la que la familia Uribe siente un particular odio. Así, durante su presidencia, los únicos que respondieron al llamado a dejar las armas fueron los paramilitares, sobre todo los miembros de las AUC, a quienes se favoreció con indultos para todos sus crímenes, incluyendo el narcotráfico, lo que a la postre impidió que fueran extraditados, como solicitaba Washington. Reputado como “de mano dura”, pese –o quizás habría que decir gracias– a todos estos antecedentes, Álvaro Uribe fue dos veces presidente de Colombia, ahora es senador por su partido, el Centro Democrático, y sigue contando con un fuerte apoyo popular. Al conocerse la detención de su hermano Santiago, su bancada se declaró “en rebeldía contra la dictadura” (del presidente Juan Manuel Santos) y abandonó el pleno del Congreso. También convocó a una “marcha crítica” contra el proceso de paz para el 2 de abril. El argumento es que Santos ordenó detener a Santiago para presionar a Álvaro y su bancada a favor de los acuerdos de paz que el gobierno está a punto de sellar con las FARC en La Habana. A diferencia de su magnanimidad con los paramilitares, el uribismo quiere que se juzgue y castigue a los guerrilleros. De visita en Washington, el expresidente denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “una persecución política contra mi familia”.