CUERNAVACA (apro).- Los dos grupos que mantuvieron una pugna luego del asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, ocurrido el 2 de enero, alcanzaron al fin un acuerdo que permitió que esta tarde se levantara el plantón que mantenía tomado el palacio municipal desde el 18 de enero. El acuerdo, alcanzado en las instalaciones del Congreso local, establece una especie de reparto de las posiciones del gobierno municipal, entre el grupo de la propia Gisela, que encabeza su mamá, Juanita Ocampo Domínguez, y la alcaldesa suplente Irma Camacho García, quien asumió oficialmente la administración ese 18 de enero, pero que se mantuvo como “gobierno exiliado” desde ese entonces. En el acuerdo se plantea exigir a las autoridades competentes el esclarecimiento “total y absoluto” del asesinato de Gisela, además, en el centro está el compromiso de “dar continuidad al proyecto político” de la alcaldesa asesinada. Incluso, para hacerlo más formal, el proyecto quedará plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, aunque el mismo se expresa concretamente en calles limpias, alumbradas, señalizadas y seguras, aparte de un programa de jornadas comunitarias. Las instalaciones del palacio municipal se entregaron a las cuatro de la tarde, y se continuará el proceso de entrega-recepción de todos los bienes muebles e inmuebles, equipos, documentos y todo lo que proceda de acuerdo con la ley, para hacer posible el funcionamiento normal de la administración municipal. Además, se pidió al Congreso “ampliar el plazo que establece la ley respectiva a partir de la fecha, en razón de que algunos procesos de entrega-recepción quedaron truncos”. Asimismo, se planteó que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) audite los tres años de la administración de Miguel Ángel Colín Nava, así como los tres meses de la actual desde el 1 de enero pasado. En el acuerdo se ratificó a la tesorera que nombró Gisela Mota el 1 de enero, “y del resto de las posiciones se harán los nombramientos respectivos de acuerdo con criterios profesionales, abonando a la gobernabilidad el municipio”, se advierte en el documento presentado a los medios de comunicación. Por ello, la alcaldesa en funciones Irma Camacho García “designará a su secretario particular, coordinador de asesores y Consejería Jurídica”. En el caso de la Contraloría municipal, se aprobará el nombramiento en el cabildo, “recibiendo recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación y atendiendo a criterios y perfil profesional que exige el cargo”. En el caso de los trabajadores de confianza del ayuntamiento, “serán evaluados en los primeros noventa días de labores a partir de la firma” del acuerdo, y ello “permitirá observar niveles de rendimiento y lealtad, lo que determinará su permanencia o no en el cargo”. Respecto de los trabajadores sindicalizados, se respetarán “con los ajustes que cada equipo en su autonomía realice”. Incluso, se mantendrán los logos y elementos de identidad que acordó Gisela Mota, “mientras se establecen las mesas de trabajo correspondientes para realizar los ajustes necesarios”. Además, se crea un nuevo cargo, mismo que parece seguir los criterios del famoso “secretario técnico” del ayuntamiento de Cuernavaca: se trata de un jefe de la oficina de la presidencia, “dándole amplias facultades para coordinar todas las actividades de las secretarías y direcciones generales. En relación con el servicio de grúas, servicio médico y servicio de transferencia y depósito de residuos sólidos, “se harán los estudios necesarios, con la finalidad de que se tomen las decisiones que mejor convengan al ayuntamiento”. Y también se dará seguimiento a las gestiones realizadas por Gisela Mota respecto de las obras que se harán con recursos federales. Además, quedó establecido el compromiso para retomar “el proceso de implementación del convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, relativo al programa de prevención del delito y la no violencia, reconstruyendo el tejido social”. El acuerdo fue firmado por representantes de ambos grupos y se hizo vigente con la firma del presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, Francisco Moreno Merino.