PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones agrupadas en el Frente Indígena y Campesino de México (Ficam) tomaron este miércoles la caseta de cobro de Miahuatlán, en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a fin de obtener recursos para financiar la caravana nacional con la que exigen la liberación de presos políticos del país. Bertha González Jiménez, vocera del Ficam, explicó que desde el 28 de marzo salieron seis caravanas de Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, las cuales pretenden concentrarse en un plantón frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, el 10 de abril para coincidir con la fecha del asesinato de Emiliano Zapata. Además de la liberación de los presos políticos de esas entidades, los participantes en esta caravana piden la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y demás personas desaparecidas, así como justicia para líderes campesinos que han sido asesinados como Bety Cariño, de Oaxaca; Antonio Esteban Cruz, de Puebla y Armando Montejo López, de Chiapas. González Jiménez indicó que en el pliego de peticiones que presentarán ante la Secretaría de Gobernación, también exige una ley de consulta a los pueblos indígenas, la cual obligue a entregar información previa suficiente a los habitantes para que puedan decidir sobre si aprueban o no la realización de proyectos de muerte en sus comunidades. Refirió que desde el 28 de marzo, un grupo de integrantes del Ficam, procedentes de la Cuenca del Papaloapan de Oaxaca instaló un plantón afuera de la Segob para mantenerse al pendiente de la seguridad de las distintas caravanas que forman parte de este movimiento. En la marcha participan integrantes de organizaciones como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), el Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), así como otras organizaciones regionales. En el caso de Puebla, Liborio Juárez, integrante del Movimiento por la Reconstrucción Social de Ajalpan, informó que esta agrupación se sumó a la caravana para exigir la liberación de siete habitantes de ese municipio que fueron inculpados por la muerte de dos encuestadores que fueron linchados al ser confundidos por secuestradores. Juárez aseguró que las personas que se encuentran actualmente encarceladas por los hechos del 27de octubre de 2015, pueden considerarse presos políticos, ya que realmente son sólo “chivos expiatorios”, que fueron apresados sin contar con elementos en su contra, sólo para acallar la opinión pública que era desfavorable para el gobierno de Rafael Moreno Valle. Durante más de dos horas, los integrantes del Ficam se apoderaron de las casetas de cobro de Miahuatlán para pedir una “cooperación voluntaria” a los usuarios a fin de contar con recursos para pagar gasolina y alimentos que les permitan llegar a la Ciudad de México. González Jiménez argumentó que esta acción es necesaria ya que los participantes en la marcha son campesinos que carecen de recursos para llevar a cabo la protesta.