Chile: Libertades cercenadas

Una de las protestas contra la "ley mordaza" en Chile. Foto: Serpajchile.cl Una de las protestas contra la "ley mordaza" en Chile. Foto: Serpajchile.cl

La crisis de legitimidad causada por varios escándalos de corrupción ha obligado al gobierno chileno a aplicar una agenda ultraconservadora. El Ejecutivo envió al Legislativo un proyecto de ley antidelincuencial que incluye al menos dos ordenamientos que crisparon los ánimos una vez que fueron divulgados: el primero, una “ley mordaza” que pretende castigar con cárcel la filtración de algunas informaciones; el segundo, la “detención por sospecha”, que le permite a la policía detener y revisar a cualquier persona en cualquier momento, sólo porque sí… como en los peores días del pinochetismo.

VALPARAÍSO, Chile (Proceso).- En respuesta a los escándalos de corrupción y a la crisis de legitimidad del sistema político, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet está aplicando una agenda ultraconservadora que considera la promulgación de una “ley mordaza” y medidas que cercenan las libertades democráticas.

Una de las iniciativas más cuestionadas es la aprobación por parte del Senado (5 de abril) de una norma que castiga con penas de cárcel la filtración de información relativa a procesos judiciales. Se le conoce como “Ley Mordaza”.

Fue incluida solapadamente en el proyecto de ley que tiene como fin “facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación” y que ha sido conocido como “Ley Antidelincuencia” (Boletín 9885-07), presentado en enero de 2015 y que lleva la firma de Bachelet.

La inclusión de la “mordaza” ocurrió en la sesión del pasado 27 de enero de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, tras indicación del ministro de Interior, Jorge Burgos. Esta definición fue respaldada por el fiscal nacional (subrogante), Andrés Montes, y contó con el apoyo unánime de los miembros de esta comisión: el socialista Alfonso de Urresti (presidente); los también oficialistas Pedro Araya y Felipe Harboe; y los derechistas y opositores Alberto Espina (Renovación Nacional) y Hernán Larraín, presidente de la filopinochetista Unión Demócrata Independiente.

La norma sanciona las filtraciones judiciales con penas de 61 a 541 días de reclusión.

Esta mordaza al trabajo periodístico permaneció sin ser conocida hasta que el diario La Tercera publicó, el 25 de marzo, la nota Senado fija sanción penal a fiscales por filtración de casos judiciales.

Al conocerse, el rechazo fue generalizado. El 26 de marzo el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe, emitió un comunicado en el que aseguró que el único sentido de este nuevo tipo penal “es tener una permanente arma de presión para usarla como una forma de impedir que se sepa siquiera que algún poderoso está siendo investigado”.

Cuatro premios nacionales de periodismo lanzaron el lunes 4 el manifiesto “¿Por qué nos oponemos a la ley Mordaza?”: “Resulta al menos curioso que senadores y dirigentes estén ahora tan preocupados de las ‘filtraciones a la prensa’ justo cuando la fiscalía, la prensa y la ciudadanía vienen a conocer la magnitud de la incestuosa relación que ha mantenido una parte de ellos con el poder económico”.

Los signatarios –Juan Pablo Cárdenas, María Olivia Monckeberg, Faride Zerán y Sergio Campos– afirman que “de haber existido y de haberse aplicado rigurosamente una potencial ley como ésta, el país no se hubiera enterado de los casos Penta, Soquimich y Caval; de la colusión de las papeleras, las productoras de pollos, de las farmacias; de los desfalcos en nuestro fútbol o en el Ejército, o tantos casos más”.

Esta interpretación de los hechos está cruzando fronteras. El 7 de abril The New York Times publicó un reportaje en el que expone: “Mientras los casos de corrupción se multiplican en Chile, una ley mordaza enfurece a los periodistas”. Destaca que esto ocurre justo cuando “los fiscales investigan a más de 190 empresarios, políticos y una vasta gama de intermediarios acusados de evasión de impuestos, fraude, emisión de facturas falsas, lavado de dinero y soborno”.

Tanto fue el alboroto ocasionado por el avance legislativo de este proyecto que el Senado –al votar el último paquete de indicaciones, el martes 5– excluyó a la prensa como parte de los posibles sancionados en caso de filtraciones de causas judiciales, pero mantuvo el castigo para todos las demás personas que entreguen información de los procesos fuera de los plazos estipulados por la ley.

Por lo mismo, periodistas y otros actores mantuvieron su ferviente rechazo a esta iniciativa, la que siguió siendo denominada Ley Mordaza.

“Detención por sospecha”

El proyecto de Ley Antidelincuencia contiene otras medidas que cercenan severamente las libertades, como la que reintroduce en la legislación chilena “el control preventivo de identidad” impuesto por el dictador Augusto Pinochet y que se conoce ampliamente como “detención por sospecha”. Por medio de éste, se autoriza a las policías a realizar detenciones, incluso a menores de entre 14 y 18 años, sin que exista ni la menor prueba de que se haya cometido un delito.

Por otra parte, esta Ley Antidelincuencia también castiga con pena de cárcel las agresiones a carabineros, aunque no exista evidencia de que se haya producido algún daño físico.

En el inciso a) del numeral 1) del artículo­ 2º de este proyecto, se dan amplios poderes a los policías, puesto que se les habilita a realizar allanamientos y primeras diligencias ante la presencia de una denuncia, sin que se requiera para ello la orden de un fiscal.

La moción legislativa ha levantado un arsenal de críticas. El pleno de la Corte Suprema envió un oficio al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de los diputados, el socialista Leonardo Soto, en el que rechaza en duros términos el proyecto.

Con base en cifras oficiales, el máximo tribunal desmiente la principal justificación que da origen a este proyecto: el supuesto aumento en la criminalidad, demostrando que “en el escenario global hay un descenso general en los delitos contra la propiedad”.

La Corte Suprema subrayó que la creación del artículo 449 en el Código Penal supone “sanciones desproporcionadas a delitos contra la propiedad”, estableciendo “una restricción a los jueces respecto a la determinación de las penas, donde ya no habrá atenuantes, sino sólo agravantes”.

Los magistrados exponen en este sentido que “quien haya hurtado un celular puede tener mayor pena que alguien que acceda a servicios sexuales de una persona menor de 18 años y mayor de 14. Esto quiere decir que los delitos contra la propiedad privada serían más graves que los delitos contra las personas”.

En el punto cuarto del señalado oficio, el máximo tribunal advierte que en la reforma al artículo 127 del Código Procesal Penal, relativa a la detención judicial, “el proyecto, luego de establecer como facultad policial el registro de vestimentas en toda detención judicial, autoriza al juez como razón suficiente para decretar una detención, el hecho de que el Ministerio Público considere que una determinada persona cometió un delito al que la ley le tiene asignada una pena de crimen. Es decir, autoriza una medida cautelar sin ninguna consideración a algún peligro real y clasificado de alguna clase, sino sobre la base de la gravedad de una determinada imputación”.

Los jueces del más alto tribunal expresaron a este respecto: “Esta cuestión contraría toda la lógica de la concesión de las medidas cautelares y constituye un retroceso mayúsculo desde la perspectiva del principio de inocencia: nadie debería ser detenido sin antecedentes especiales y exclusivamente sobre la base de una denuncia o imputación”.

En un acápite especial del oficio, que fue firmado sólo por cinco de los 21 ministros que componen la Corte Suprema incluyendo a su presidente, Milton Juica, se expresa que varias de las modificaciones propuestas “dan cuenta de criterios marcadamente policiales que limitan enormemente las facultades de control de juricidad que los tribunales de justicia están llamados a garantizar”.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia también ha criticado duramente este proyecto. El lunes 11 emitió un comunicado en el cual señala “que la delincuencia juvenil debe abordarse con medidas de largo plazo que se hagan cargo del problema de fondo y no con iniciativas cortoplacistas que no contribuirán a reducir el número de adolescentes involucrados en hechos delictuales”, explicitando “que no hay evidencia que demuestre que el control preventivo de identidad tenga éxito en esta materia”.

Tan desproporcionado es el nuevo sistema de control de identidad impulsado por el gobierno, que el ministro de Interior del derechista gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), Rodrigo Hinzpeter, lo definió –en entrevista con La Tercera, el domingo 17– “como demasiado amplio”.

Cabe consignar que, durante su gestión, Hinzpeter impulsó una ley de seguridad ciudadana muy similar, la cual fue rechazada en septiembre de 2013 en el Congreso Nacional por la entonces opositora Concertación por la Democracia. Los partidarios de esta coalición, que hoy está en el gobierno bajo la denominación de Nueva Mayoría, fundaron su decisión en que dicha iniciativa –la “Ley Hinzpeter”– era “antidemocrática”.

Sin embargo, luego del masivo rechazo ciudadano a este proyecto impulsado por Bachelet y Burgos, presidentes de partidos de la Nueva Mayoría comunicaron a éste –reunidos el lunes 18 en La Moneda– que los diputados de sus partidos votarían contra los aspectos más controvertidos de la propuesta antidelincuencia en el último trámite legislativo.

No obstante, Burgos insistió en su propuesta. Como resultado de esto, la Cámara de Diputados aprobó el pasado martes 19 este proyecto, pero rechazó las modificaciones realizadas por el Senado a dos artículos: la Ley Mordaza y la detención por sospecha, los que pasaron a comisión mixta de diputados y senadores.

Todo lo demás quedó listo para ser promulgado.

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