La inconformidad social en Venezuela alcanzó cotas históricas y el poder de la oposición es mayor que nunca. Así, a nadie sorprendió que se consiguieran las firmas requeridas para solicitar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el mandatario ha hecho todo por entorpecer el procedimiento. El problema es que esa petición es una de las pocas vías institucionales que le quedan a los opositores, y en un ambiente cada vez más crispado la opción violenta no parece imposible… BOGOTÁ (Proceso).- La persistente crisis venezolana ya tiene un factor más de perturbación política: la resistencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro a que la oposición haga uso de un proceso previsto en la Constitución para someter a referendo la continuidad del gobernante en el cargo. A pesar de que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) recaudó casi 10 veces más de las 197 mil 977 firmas necesarias para activar el mecanismo de consulta, Maduro y el progubernamental Consejo Nacional Electoral (CNE) parecen empeñados en obstaculizar su puesta en práctica. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, dice que “el presidente venezolano y el CNE, que actúa como la oficina electoral del gobierno, están incurriendo en maniobras dilatorias para impedir la realización de este referendo o para demorarlo”. De acuerdo con los plazos establecidos por la ley, si el referendo revocatorio se llevara a cabo este año, en el que Maduro cumple la mitad de su mandato, y si ganara el “Sí” a la remoción del gobernante, el CNE tendría que convocar a nuevas elecciones presidenciales. En cambio, si la consulta se realiza en 2017 y los venezolanos deciden revocarle el mandato a Maduro –para lo cual se necesitan al menos 7 millones 587 mil 533 votos, equivalentes a 39% del padrón electoral– el presidente tendría que ser sustituido por el vicepresidente en funciones, que hoy es Aristóbulo Istúriz, uno de los pesos pesados del chavismo. “Ellos buscan a toda costa la continuidad del régimen, pero según los plazos que establece el reglamento del CNE deberíamos tener referendo revocatorio en el último trimestre de este año”, afirma Torrealba. Ahora bien, Diosdado Cabello, el poderoso número dos del régimen, ya advirtió que “para este año no hay tiempo ni manera de hacer ese referendo, ni una sola posibilidad”. Para el politólogo Ricardo Sucre, “es evidente que la estrategia del gobierno es, primero, que el referendo no se realice y, segundo, que si la presión popular los obliga a realizarlo, éste se lleve a cabo el año que viene”. Maduro, en ese escenario, podría designar como vicepresidente a su esposa, la diputada Cilia Flores, o al propio Cabello, para que sea cualquiera de ellos el que concluya su mandato, en 2019. Sucre considera que a pesar del enconado debate político en torno al referendo revocatorio, el proceso para llegar a esta consulta electoral “se ha convertido en los últimos días en el terreno donde el gobierno y la oposición están ventilando sus diferencias”. Esto, agrega, “es una buena noticia, porque están debatiendo en un marco institucional, y ese solo hecho puede evitar una explosión social en un país donde hay tantas tensiones y donde la gente siente que le han caído 100 años de crisis encima”. Dos comidas al día Venezuela, en efecto, es un país con un generalizado malestar social por la crisis económica, la escasez de alimentos y medicinas, la violencia –cada 20 minutos ocurre un homicidio en el país– y una hiperinflación que pulveriza el salario. Según la encuesta Venebarómetro, a 43% de los venezolanos le fue imposible comer tres veces al día el mes pasado, por el desabasto de alimentos o la falta de dinero para comprarlos. Y a los problemas cotidianos se sumó, desde el 25 de abril, un plan de racionamiento eléctrico de cuatro horas diarias, lo que según Sucre “viene a agravar más la situación y puede terminar de demoler el ánimo de los venezolanos”. Sondeos de Venebarómetro y de la firma Datanálisis coinciden en que siete de cada 10 venezolanos desaprueban la gestión de Maduro y que dos terceras partes quieren que el presidente deje el poder. Esta inconformidad ya se expresó con fuerza el pasado 6 de diciembre, cuando el gobernante Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), fundado por el fallecido Hugo Chávez, perdió los comicios legislativos y cedió el control de la unicameral Asamblea Nacional a la opositora MUD, que obtuvo dos tercios de los escaños. La desazón ciudadana también resultó evidente la semana anterior, cuando 1.8 millones de venezolanos acudieron a firmar las planillas de la MUD para activar el proceso hacia un referendo. El gobierno reaccionó con dureza al reto opositor. Maduro dijo que el referendo forma parte de un “nuevo plan desestabilizador” de la MUD, afirmó que puede haber “miles de firmas falsificadas” y anunció la creación de una “Comisión para la Defensa de la Constitución” que se encargará de verificar “una por una” las rúbricas recabadas por la coalición opositora. Diosdado Cabello, por su parte, advirtió que todos los empleados públicos que hayan firmado deberán dejar sus cargos, lo que la MUD interpretó como una amenazante notificación de que serán despedidos. Lo que menos gustó al gobierno fue ver a militares con uniforme estampando su firma para activar el proceso que debe conducir al referendo. A los que fueron identificados se les abrieron procesos ­disciplinarios. El miércoles pasado, la MUD entregó al CNE las planillas con las firmas recabadas y el organismo electoral procedió a la verificación de las mismas, para lo cual llamará a cada uno de los ciudadanos que estamparon su rúbrica a fin de que la validen y coloquen su huella digital en un dispositivo electrónico. Este proceso, que según la oposición tendría que finalizar esta semana, podría tardar mucho más por la “verificación” que hará la comisión gubernamental creada por Maduro y por la discrecionalidad del CNE para determinar los pazos del procedimiento. El caso es que si la MUD cumple el primer requisito –bastará con que logre validar 197 mil 977 firmas validadas, 1% del padrón electoral–, el CNE tendrá que habilitar centros para que, en un plazo de sólo tres días, los ciudadanos que deseen convocar a un referendo revocatorio manifiesten mediante su firma y huella digital electrónica esa voluntad. En esa etapa del proceso, la MUD tendría que recopilar al menos 3 millones 959 mil 554 firmas, equivalentes a 20% de los votantes registrados. Y sólo cuando el organismo electoral haya validado que se cumplió ese requisito y cuando la comisión del gobierno haya hecho su verificación –algo que no está contemplado en ninguna ley pero que ya autorizó el CNE– se podrá convocar al referendo. El CNE tendrá hasta 90 días para realizar la consulta, en la cual la opción del “Sí” a revocar el mandato al presidente deberá contar con al menos un voto más de los 7 millones 587 mil 532 que obtuvo Maduro en los comicios de abril de 2013, cuando fue elegido mandatario. Crisis y tensión social El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, dice que lo que está en juego en este pulso que libran la oposición y el gobierno en torno al referendo revocatorio es la posibilidad de resolver la crisis venezolana en forma democrática y en paz. “El referendo es un mecanismo que prevé la Constitución y nosotros estamos haciendo uso de ese derecho. Y es tal la decisión del venezolano de que se realice esa consulta, que ni el CNE ni el gobierno podrán detenerla, sin importar todos los intentos que hagan por impedirla”, sostiene el dirigente opositor. Para el politólogo Ricardo Sucre, el mejor escenario para Venezuela es “que se haga el revocatorio y que ése sea el canal de expresión de los ciudadanos”. Considera que el riesgo de que ese referendo sea obstaculizado por el gobierno, mientras se intensifica la crisis económica y social, es que el malestar popular se exprese con marchas y protestas masivas. En los estados orientales de Táchira y Zulia y en los barrios de Caracas ya se han producido manifestaciones contra el desabasto, le hiperinflación, los “apagones” y el racionamiento de agua potable, que también escasea. Y en varias regiones del país aumentan los linchamientos de presuntos delincuentes, los saqueos a tiendas y supermercados y el comercio ilegal de productos básicos, que en Venezuela se conoce como “bachaqueo”. “Éstas son expresiones muy dañinas del descontento. Y si no tenemos cauces institucionales para canalizarlo, aquí puede haber una explosión social. Esto es algo que hace pocos meses pudiera parecer descabellado, pero que hoy no lo parece tanto”, afirma Sucre. El politólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) considera que si el gobierno continúa “cerrando los caminos a las vías democráticas para dirimir nuestras diferencias, esto puede derivar en desórdenes, represión y mucha inestabilidad”. Y lo cierto es que el gobierno de Maduro ha sido renuente a coexistir con la opositora MUD, que en las elecciones legislativas del 6 diciembre pasado logró el control de la Asamblea Nacional (AN). Sin embargo, desde que la nueva legislatura inició sus labores, en enero anterior, el presidente ha utilizado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para bloquear la labor de la AN y desconocer todas las decisiones que ésta ha tomado. La abierta colaboración del Poder Judicial con el Ejecutivo ha llevado a la Sala Constitucional del TSJ a declarar inconstitucionales, por petición del presidente, todas las leyes que la AN ha aprobado, lo que ha convertido al organismo legislativo en un poder del Estado casi inoperante. La decisión de la MUD de acudir al mecanismo del referendo revocatorio para buscar una alternancia en el poder tras 17 años de chavismo coincidió con una sentencia del TSJ, el mes pasado, que descartó que la Asamblea Nacional tenga facultades para reducir el periodo presidencial de Maduro pues “estaría desconociendo la voluntad del pueblo”. Carta Democrática Esta desigual lucha de poderes hizo que diputados de la MUD acudieran a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que ese foro estudie la aplicación de la Carta Democrática al gobierno de Venezuela “por desconocer al Parlamento con la colaboración del Poder Judicial”. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que estudiará la propuesta y evaluará si lleva el caso a consideración de los 34 países miembros del organismo. La Carta Democrática de la OEA es invocada cuando en un Estado integrante de ese foro ocurra “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, lo que según el diputado opositor y presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, Luis Florido, está ocurriendo en Venezuela. Florido explica que en los 17 años de régimen chavista, la AN nunca había tenido una sentencia en contra por parte del TSE, mientras que de enero a la fecha ese tribunal ya ha emitido 12 resoluciones adversas al Congreso unicameral. El pasado jueves, la canciller venezolana Deisy Rodríguez participó en una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, donde denunció que su país es víctima de “una maquinaria de guerra del ­imperialismo”. La canciller argentina Susana Malcorra, quien intervino en la sesión, dijo que es importante conocer la perspectiva del gobierno venezolano para encontrar una forma de apoyar el proceso de búsqueda de soluciones en una coyuntura que “preocupa enormemente” a los países miembros de la OEA. La participación de la OEA y de organismos regionales, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), es otra de las fórmulas que plantean sectores académicos de Venezuela ante la polarización del debate político interno. La internacionalista Elsa Cardozo considera que los cambios políticos que se observan en la región, como la llegada del centroderechista Mauricio Macri a la presidencia de Argentina y el acercamiento entre Cuba y Washington, favorecen una actuación más decidida de la comunidad hemisférica para apoyar una transición democrática en Venezuela. Además del proceso hacia un referendo revocatorio, este año –en diciembre– deberán realizarse en Venezuela elecciones para elegir nuevos gobernadores. Hace cuatro años, el oficialismo obtuvo 20 de las 23 gobernaciones en disputa. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, considera que “la situación de debacle” que registra el país augura que en esos comicios se producirá “una derrota del oficialismo de mayores proporciones” a la que sufrió en las elecciones legislativas de diciembre pasado.