CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) solicitó al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso de Morelos, Carlos Alaniz Romero, abstenerse de realizar comentarios o posicionamientos que inciten al odio, violencia, rechazo o exclusión contra la comunidad homosexual. Lo anterior luego de que Alaniz pidió a los diputados e integrantes panistas de los 33 municipios del estado, a votar contra el matrimonio igualitario, al considerar que la unión homosexual “es un acto contra la naturaleza” y que sólo en un matrimonio heterosexual es posible formar ciudadanas y ciudadanos con valores cívicos y éticos. A través de un comunicado el organismo informó que solicitó diversas medidas precautorias para que el panista se abstenga de hacer posicionamientos que atenten contra la dignidad de las personas de la diversidad sexual e incidan en la restricción de sus derechos humanos. Y lo conminó a refrendar y exhortar a los diputados de su partido, en un acto público, “su compromiso y obligación constitucional de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las personas, sin discriminación por orientación o identidad de género”. Asimismo, le pidió cumplir su obligación de abonar en favor de la igualdad y la inclusión mediante el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas, como el derecho al matrimonio y a la adopción, mismos que “no deberán ser restringidos por prejuicios, estereotipos y estigmas”. También le pidió que en el ámbito de su competencia, promueva políticas y revise normas con perspectiva antidiscriminatoria para la realización de proyectos de leyes, códigos y disposiciones conductuales que impacten en la distribución de presupuestos, otorgamiento de programas y servicios a fin de garantizar la igualdad real de oportunidades para todos. “El Conapred, considera que el lenguaje y los actos discriminatorios impiden la construcción de un país justo, equitativo, diverso y próspero. La discriminación, no afecta únicamente a una persona o a algún grupo poblacional, es un problema estructural, histórico y cultural que repercute en el desarrollo social. Además, impide aprovechar la capacidad de numerosos grupos de población para contribuir al desarrollo económico del país”, subrayó el Conapred. Aclaró que por tratarse de servidores públicos locales, no tiene atribuciones legales para sancionarlos, por lo que remitió el caso a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus atribuciones, conozca del fondo del asunto.