CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la petición del Senado de la República para darle prioridad a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los llamados paquetes de impunidad de los salientes gobernadores de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz. Los ministros Margarita Luna Ramos y Arturo Zaldívar, como integrantes de la comisión de receso judicial de la Corte, emitieron un acuerdo en el que reconocieron la legitimidad de la petición del presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, para que el máximo tribunal agilice su fallo en las tres controversias constitucionales. Luna Ramos y Zaldívar consideraron que el presidente del Senado sí puede hacer ese tipo de solicitudes, pero establecieron que el pleno de ministros será notificado hasta el lunes 1 de agosto, cuando termine el receso vacacional del Poder Judicial de la Federación e inicie el segundo periodo ordinario de sesiones de los ministros en pleno. La Corte ya había dado entrada a las acciones de inconstitucionalidad, promovidas ante el máximo tribunal por la PGR a instancia del gobierno federal y anunciadas el pasado 11 de julio por el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez. Tras su admisión en la Suprema Corte, fueron turnadas a los ministros José Ramón Cossío, para el caso de Chihuahua; Norma Lucía Piña Hernández, para Quintana Roo; y Javier Laynez Potisek, para Veracruz. Los ministros precisaron que debido a “la naturaleza e importancia del procedimiento” decidieron habilitar cómo hábiles los días necesarios para hacer las notificaciones a los gobernadores y a la propia PGR, según el acuerdo publicado el jueves. La PGR busca que la SCJN analice la constitucionalidad de las medidas propuestas por los gobiernos César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo, y Javier Duarte, de Veracruz, quienes después de perder las elecciones para gobernador impulsaron leyes y nombramientos encaminados a impedir la revisión de sus respectivas gestiones; entre ellos, la designación de funcionarios anticorrupción.