Impasible, después de una maratónica sesión de 10 horas más cuatro de receso, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, salió airoso del Palacio de Justicia estatal. Logró que el juez de control que lleva su caso, Jaime Garza Castañeda, desestimara dos de los tres delitos que se le imputan. Ahora tendrá que responder sólo por el de uso indebido de funciones, por lo que podría purgar una pena de hasta 12 años… pero sus abogados ya trabajan para invalidar la acusación. MONTERREY, NL (Proceso).- Poco después de las 23:00 horas del martes 9, acompañado de sus abogados y guardias de seguridad, el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz abandonó el Palacio de Justicia estatal. Se le veía sonriente y hasta jovial. Había estado en la sala 1 del recinto, defendiéndose de las acusaciones de ejercicio indebido de funciones, peculado y daño al erario del estado que le imputa la Fiscalía Anticorrupción local. Finalmente, después de 10 horas de declarar ante el agente del Ministerio Público, el juez de control, Jaime Garza Castañeda, decretó vincularlo únicamente por el delito de abuso de funciones y desestimó los restantes. Medina asumió ese veredicto como una victoria, pues cuenta con un amparo que le permite enfrentar el juicio en libertad. “Quiero demostrarle al pueblo de Nuevo León que no he cometido ningún delito”, declaró al retirarse. Al día siguiente, el subprocurador especializado en Combate a la Corrupción, Ernesto Canales Santos, y el asesor del gobierno estatal en materia jurídica, Aldo Fasci Zuazua, convocaron a los reporteros para aclarar los rumores según los cuales el caso se le estaba cayendo a la fiscalía. Canales y Fasci estaban molestos. Responsabilizaron al juez Garza Castañeda de utilizar criterios inusuales en la evaluación de las acusaciones, e insistieron que el caso contra el exmandatario seguía firme. También comentaron que el Ministerio Público comprobará que, cuando estuvo en el poder, Medina entregó incentivos por 3 mil 600 millones de pesos a la armadora coreana Kia de manera ilegal, y que lo hizo mediante una serie de procedimientos constitutivos de delito por los que es investigado, apuntaron los colaboradores del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Ese delito es suficiente para poner al exmandatario priista tras las rejas, por lo que pedirían la pena máxima –12 años–, expusieron el subprocurador y el asesor jurídico del Bronco. Cuando los reporteros le preguntaron a Canales si era verdad que el caso se le estaba desmoronando, pues la fiscalía no había podido inculpar a Medina de los tres delitos ni su tesorero, Rodolfo Gómez Acosta, había sido arraigado, el subprocurador respondió: “Estos casos no se están cayendo. Gómez Acosta está vinculado por tres delitos; el gobernador por uno, aunque en los otros dos la decisión no es definitiva… No se está cayendo en nada. Es un proceso penal. Son las leyes, y así la estamos jugando.” Mencionó que la parte acusadora incluso ya esperaba una lluvia de amparos como los que ha promovido la defensa de Medina para blindarlo. No obstante, anunció que impugnará las exoneraciones. Según el subprocurador Canales, ya están listos otros expedientes contra el exgobernador por ilícitos en los que presuntamente participó, que incluyen los proyectos Monterrey VI, Ecovía, Metrorrey y la construcción de autopistas, entre otros, lo que derivará en nuevas imputaciones. Al término de la audiencia de imputación del martes 9, Alonso Aguilar Zinser –el defensor de Medina, que según la revista Forbes cobra 500 dólares por hora– anunció que presentará una impugnación. El juez Garza Castañeda dio de plazo tres meses para que la fiscalía investigue a Medina y fortalezca sus acusaciones. El 9 de noviembre comenzará la deliberación sobre el inicio del juicio oral. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2076, ya en circulación