CAMPECHE, Camp. (proceso.com.mx).- Enrique Iván González López, exsecretario estatal de Salud y exalcalde de El Carmen, fue detenido en ese municipio que gobernó el trienio pasado e ingresado esta noche a la cárcel de San Francisco de Kobén, en esta capital, presuntamente por el delito de peculado. El exmunícipe fue detenido este mediodía por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado en Ciudad del Carmen cuando descendía de su camioneta, una Hummer color negra, para entrar a la ferretería llamada El Cuñado. Posteriormente fue trasladado a esta capital, pero antes de ser ingresado al reclusorio tuvo que ser llevado al Hospital de Especialidades Médicas “Dr. Javier  Buenfil Osorio”, situado a unos metros de las oficinas centrales de la FGE y de la Secretaría de Seguridad Pública, al parecer por un malestar relacionado con la hipertensión que le aqueja. Escoltado por policías ministeriales repartidos en un convoy de tres camionetas, González López salió del hospital pasadas las siete de la tarde y entró a la cárcel cayendo apenas la noche. Además del exalcalde, fue detenido Francisco Moguel Reyes, quien fue su cercano colaborador tanto en la Secretaría de Salud como en el ayuntamiento carmelita, en relación al mismo caso, cuyos detalles se conocerán hasta este domingo 28, para cuando se programó la audiencia de formulación a imputación. Dicha audiencia estará a cargo de Ana Concepción Gutiérrez, juez Segunda de Control, la misma a la que se han asignado los casos de especial interés para el gobierno estatal, como el del Juan Cobos Toledo y Miguel Ángel Duarte Reyes, el primero sucesor de González López en la Secretaría de Salud y el segundo exadministrador de la misma dependencia. Ambos esperan en prisión preventiva el inicio de su juicio, en octubre próximo, acusados de abuso de atribuciones por desviar recursos del pago de impuestos de los trabajadores para completar el pago de la nómina del personal. Se les impuso la agravante de haber cometido el ilícito en pandilla. Los cuatro ocuparon esos cargos públicos durante el sexenio del exgobernador Fernando Ortega Bernés, actual embajador de México en Paraguay, y señalado de traidor por su sucesor en la gubernatura Alejandro Moreno Cárdenas. El caso de González López y Moguel Reyes obra en la carpeta de investigación judicial 265/2015/2016/J.C. González López, médico pediatra de profesión, fue impuesto por Ortega Bernés primero en la Secretaría de Salud y después como alcalde de El Carmen, pese a que arrastraba un antecedente por corrupción por el que la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por una década. Esa sanción, que además incluyó una multa de 35 millones de pesos, se le impuso por haber encontrado responsable de “encabezar una red de corrupción” al interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de la cual fungió como delegado en sus tiempos como panista, en los tiempos de gloria del fallecido Juan Camilo Mouriño Terrazo. Las acusaciones no quedaron ahí. En marzo pasado, el contralor interno del actual ayuntamiento de El Carmen, José María Pérez Vega, presentó en el Congreso local una demanda de juicio político en contra del exalcalde Enrique Iván González López, por un quebranto de casi 150 millones de pesos al erario. Asimismo, presentó otras 25 demandas en contra de exfuncionarios municipales por incumplir con sus respectivas declaraciones patrimoniales. Y es que el alcalde panista Pablo Gutiérrez Lazarus recibió de su antecesor, el priista González López, la administración en bancarrota. Luego de realizar el trámite legal ante la Oficialía Mayor del Congreso estatal, Pérez Vega dijo que en el caso del exedil el paquete de pruebas documentales que sustentan las acusaciones consta de 900 fojas. Pero éstas sólo corresponden a las auditorías externas e internas aplicadas exclusivamente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 en la ejecución de obra pública, manejo de fondos federales y estatales, así como recursos propios del ayuntamiento y otros obtenidos a través de financiamientos bancarios, cuyo monto asciende a 148 millones 451 mil 718 pesos. En las revisiones se observaron violaciones sistemáticas a las leyes federales, estatales y municipales que provocaron un quebranto al patrimonio municipal. Entre otras irregularidades se encontraron facturas alteradas, algunas reflejando la realización de obras o servicios simulados, así como la presunta entrega de productos sin la existencia de evidencia real o documentada de los mismos. Además, se detectó el sobreprecio en materiales, insumos y productos usados en obras públicas y diversas áreas del ayuntamiento. En las irregularidades se encontraron en diversas obras, entre ellas las más emblemáticas del pasado trienio, como el malecón en sus tres etapas, las calles reconstruidas con concreto hidráulico y la Stella Maris, la estatua monumental de la Virgen del Carmen, conocida también peyorativamente como la “Virgen de Oceanografía. Dicha denuncia se basó en tres ejes: “El primero el fincamiento de responsabilidad administrativa, que por el monto del quebranto implica inhabilitaciones, según la ley, de hasta 20 años. "El segundo ofrece la posibilidad de una ejecución resarcitoria, que en el caso de quebrando comprobado en contra de cualquier entidad pública, dice la ley, se debe de cobrar hasta tres tantos el monto de lo omitido, de lo tomado o de lo que no se hizo. “Derivado de las acciones no realizadas que provocan un quebranto a la entidad, esto es que si esta denuncia es viable, deberá pagar cerca de 450 millones de pesos, y el penal, pues estamos consignando varios delitos que estamos documentando, como el ejercicio indebido del ejercicio público, uso indebido de atribuciones y violaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, actos que se castigan con pena de cárcel y sanciones económicas”, añadió en su momento el contralor municipal. Sin embargo, hasta el momento el Congreso del estado ha eludido dar trámite a la demanda del actual ayuntamiento de El Carmen, y la detención de González López y Moguel Reyes fue motivada al parecer por el presunto quebranto contra la Secretaría de Salud.