CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía de Brasil acusó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y a su esposa Marisa Leticia de varios delitos de corrupción vinculados al caso Petrobras. En un comunicado, los abogados del exmandatario brasileño destacaron que las acusaciones “tienen motivación política, carecen de “respaldo jurídico” y son una “farsa”. “No se está juzgando a Lula por quién es o quién fue como persona ni se está juzgando a su gobierno. Sólo se le está imputando por crímenes puntuales que pueden ser comprobados por las pruebas recogidas”, afirmaron. Según la acusación, los tres cargos presentados contra Lula y su esposa son corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales. Se trata de la primera imputación formal contra el expresidente en las tres causas en que es investigado por supuestamente haber recibido beneficios de empresas que se favorecieron de la gigantesca red de corrupción en la petrolera estatal. La acusación se extiende al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, informaron los fiscales responsables por el caso en una rueda de prensa en la ciudad de Curitiba, de acuerdo con un despacho informativo de la agencia EFE. También fueron presentados cargos contra Leo Pinheiro y Paulo Gordilho, el expresidente y un ingeniero de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por haber participado en la red que desvió millonarios recursos públicos de contratos con Petrobras. Según la acusación, la OAS gastó 1.1 millones de reales (unos 333 mil dólares) en reformar y amueblar un apartamento en Guarujá que sería para uso de la familia Da Silva, pese a que su nombre no aparece en los papeles de la propiedad. Los fiscales acusaron a la OAS de haber pagado 1.3 millones de reales (alrededor de 393 mil 940 dólares) por el alquiler del depósito en el que Lula guardó entre 2011 y 2016 los regalos que recibió cuando era jefe de Estado. De acuerdo con la Fiscalía, sumados los gastos con el alquiler del depósito y las reformas del apartamento de playa, Lula recibió cerca de 2.4 millones de reales (unos 727 mil 272 dólares) en ventajas indebidas de la OAS. La investigación se refiere a un apartamento de tres pisos en Guarujá, un balneario en el litoral del estado de Sao Paulo, por el que Lula pagó una cuota inicial. Los abogados de Lula alegan que el expresidente desistió del negocio y pidió que le devolvieran el dinero, por lo que no se le puede atribuir la propiedad del inmueble. El apartamento, sin embargo, fue sometido a costosas reformas pagadas por la OAS y amueblado por la constructora según las orientaciones hechas por la familia Lula, señaló la Fiscalía. La acusación hecha este miércoles será analizada ahora por el juez federal Sergio Moro, responsable de la investigación sobre los desvíos en Petrobras y quien tendrá que decidir si acepta los cargos y abre juicio contra los acusados, que pasarían a la condición de reos. El exmandatario también es investigado por la supuesta propiedad de una casa de campo en la ciudad de Atibaia, igualmente reformada por constructoras implicadas en los desvíos de Petrobras, así como por donaciones y recursos que recibió por supuestas conferencias que dictó en el exterior y que fueron encomendadas por empresas igualmente condenadas por las corruptelas en la petrolera.