SAN LUIS POTOSÍ, SLP, (apro).- El gobierno de Juan Manuel Carreras deberá reponer la consulta indígena para fortalecer el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2015-2021 e incorporar los resultados que se obtengan. La reposición deberá hacerse porque la juez Tercera de Distrito, Angélica Ramírez Trejo, dio la razón a los promoventes de la comunidad mazahua en el amparo que promovieron contra el gobierno del estado por simular la consulta. Según la resolución que tomó la juez en el primero de tres juicios de amparo que interpusieron los representantes indígenas con apoyo de la Clínica de litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis y el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, el gobierno del priista Juan Manuel Carreras violó la Ley de Consulta Indígena del estado. El fallo cobra mayor relevancia en virtud de que el pueblo mazahua no es originario de San Luis Potosí, pero está asentado en la entidad desde hace décadas, al igual que decenas de integrantes de los pueblos mixteco y triqui. “La Ley de Consulta Indígena del estado les reconoce derechos a todos. Esto sienta un precedente por el reconocimiento a los derechos de pueblos y comunidades indígenas”, dijo a Apro Guillermo Luévano, de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). En ese sentido, el gobierno del estado deberá cumplir con una consulta “libre, informada, directa y culturalmente adecuada” a las comunidades. La juez determinó que en el juicio de amparo el gobierno de Carreras no exhibió las pruebas donde se determine que los foros de consulta cumplieron los requisitos previstos en la Ley Estatal de Consulta de los Pueblos Indígenas, además de que el Congreso local mintió al respaldar la postura del Ejecutivo, porque “no se cumplió con el objetivo de inclusión de los pueblos” en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. Por ello, consideró fundados los conceptos de violación planteados por los pueblos indígenas y sus asesores legales. En total se interpusieron tres amparos contra los actos del gobierno de Carreras, a través del Instituto para el Desarrollo Social y Humano de los Pueblos Indígenas, porque entre otras cosas no se ha publicado el reglamento del consejo consultivo conformado por representantes de los pueblos y comunidades. También porque los titulares del Instituto –Margarita Villas Orta, quien fue destituida en mayo, y Raúl de Jesús González Vega– ejercieron presiones sobre los consejeros para que avalaran el Plan Estatal de Desarrollo y los contenidos referentes a las comunidades. Por ese motivo, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) dirigió un escrito al gobierno estatal para exigir que se garantizaran los derechos de los pueblos indígenas asentados en la entidad.