COLIMA, Col. (apro).- Seis días después de recibir la recomendación 49/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre la muerte de 13 internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad, el gobierno estatal nombró como nuevo director de Prevención y Readaptación Social al criminólogo José Abel Saucedo Romero, en sustitución de Guillermo Segura Brenes. Aunque el relevo no fue reconocido oficialmente como una consecuencia de la recomendación de la CNDH, este organismo había evidenciado previamente que “las autoridades penitenciarias incumplieron con su obligación de garantizar la seguridad y la integridad física de las víctimas” y determinó que el fallecimiento de los presos “pudo haberse evitado”. Durante el acto en que Saucedo Romero asumió el puesto, el pasado lunes 7, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño Suárez, señaló que este cambio obedece al resultado del diagnóstico de la situación que realiza la institución en diferentes áreas de seguridad. El funcionario agregó que con esto está cumpliendo el compromiso que estableció en materia de seguridad con el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, y con representantes legislativos en su reciente comparecencia en el Congreso del Estado. Según los resultados de la investigación de la CNDH sobre los hechos ocurridos en el Cereso de Colima, el 7 de noviembre de 2015 y el 24 de enero de 2016 se registraron las muertes de 13 presos por insuficiencia hepática y hepatitis fulminante, de un total de 42 internos detectados con hepatitis tóxica. Coincidentemente, desde los primeros casos detectados se determinó que eran usuarios de heroína intravenosa y en los primeros días del mes de noviembre “empezaron a sentir que su efecto no era el mismo, inyectándose de nuevo, presentando mayor malestar, repitiendo tal hecho, hasta que no soportaron y dejaron de usarla”. A juicio de la CNDH, la autoridad penitenciaria omitió sus obligaciones de vigilancia, lo que permitió el ingreso y consumo de sustancias ilícitas, poniendo en riesgo la estabilidad del Cereso y la salud de la población, lo que derivó en el deceso de 13 personas, pues, independientemente de que en octubre y noviembre de 2015 empezaron a realizarse revisiones en módulos para la detección de sustancias ilícitas, no se logró decomisarlas, demostrando la falta de personal adecuado y de un equipo detector de esas sustancias. Indicó que debido a las deficiencias en la seguridad, vigilancia y control no se detectaron oportunamente el ingreso de las drogas ilícitas ni la elaboración de “instrumentos punzocortantes hechizos” y, lo más grave, la utilización y aplicación vía intravenosa de heroína. Refirió que en noviembre de 2015 fue solicitado el aumento de 25 plazas para cubrir las necesidades del personal de vigilancia propias del centro, pero de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2011 a 2015 el Cereso de Colima “registra la insuficiencia de dicho personal, que no ha sido subsanada por parte de la autoridad, provocando esta omisión la vulnerabilidad en el centro y con ello la integridad y seguridad de los internos, lo que derivó en la perdida de la vida de los 13 presos. Así mismo, “la falta de recursos humanos y materiales en el Cereso de Colima es preocupante, toda vez que no obstante se tiene designado un presupuesto para brindar seguridad a la población penitenciaria, es insuficiente, pues materialmente no se dispone del personal de seguridad, custodia, áreas técnicas y vigilancia que puedan actuar y responder a circunstancias específicas que se presenten”. El aumento del personal, consideró, redundaría en el mejoramiento del estricto control del Cereso, evitando factores de riesgo como ocurrió con la introducción de ‘heroína’, y las substancias que utilizaron para mezclarla y poder administrarla por vía endovenosa agravando con ello la situación de los consumidores. “La solicitud emergente de la autorización de 25 plazas extras por turno, de personal de seguridad y custodia, puso de manifiesto la necesidad que se tiene en los centros citados y en la importancia de que se atiendan las peticiones señaladas a la brevedad posible, situación que representó un riesgo inminente, suficiente para provocar la desestabilización institucional por la insuficiente seguridad del Cereso-Colima, lo que no ha sido atendido por la autoridad penitenciaria”. De acuerdo con el organismo humanitario, las autoridades penitenciarias fueron omisas después de que se presentaron las primeras tres muertes en noviembre de 2015 al no intensificar las acciones para identificar a los presos usuarios de drogas intravenosas antes de que presentaran las primeras manifestaciones clínicas, mediante la solicitud de exámenes de laboratorio específicos porque ya había indicadores de afectación al hígado. Consideró que la autoridad omitió realizar de forma adecuada los análisis de aquellos internos que presentaron ictericia, ya que los factores de riesgo se encontraban cuando éstos señalaron que eran dependientes y consumidores de drogas intravenosas, específicamente heroína, y ya habían fallecido 3 internos, “situación que pudo evitarse con la realización de estudios clínicos y el diagnóstico oportuno correspondiente”. Así también, las autoridades penitenciarias descuidaron fortalecer las acciones de vigilancia y control del Cereso de Colima, así como implementar aquellas tendientes a prevenir la introducción de drogas ilícitas, pues si bien es cierto no se recibió el equipo de apoyo para su detección, “a partir del conocimiento de las condiciones que prevalecían en el centro respecto del consumo de drogas, resultaba conveniente dar mayor énfasis a las medidas de supervisión, vigilancia, revisión y seguimiento de usuarios, optimizando los recursos con que se contaba, lo que vulneró el derecho a la protección de la salud que derivó en la pérdida de la vida los 13 internos”. Entre las recomendaciones realizadas por la CNDH se encuentran acciones para la reparación del daño a familiares de las víctimas, cursos de capacitación a personal del área, elaboración de protocolos de actuación y el inicio de sanciones administrativas contra los funcionarios involucrados. Toma el cargo nuevo director Por su parte, sin hacer alusión a la recomendación de la CNDH, el nuevo director de Prevención y Readaptación Social, José Abel Saucedo Romero, destacó que asumió el cargo con la firmeza de aportar su experiencia en el área. “Es un gran reto que me ha encomendado el secretario de Seguridad y pondré todo mi empeño para trabajar en beneficio de la población interna, vigilando el cumplimiento de las normas, sobre todo para que haya limpieza, disciplina y orden”, indicó Saucedo. Adelantó que entre sus primeras acciones está el realizar convenios con instituciones públicas y privadas para temas académicos, penitenciarios, culturales, deportivos y sociales, así como con organismos empresariales y comerciales en lo relativo a capacitación para el trabajo industrial y artesanal, fabricación o maquila de algún producto, adquisición de materias primas e insumos y comercialización de productos, para beneficio de los internos y sus familias. José Abel Saucedo, quien ya había ocupado ese puesto durante el sexenio del gobernador Fernando Moreno Peña, es especialista en derechos humanos, criminología clínica, además en justicia penal acusatoria adversarial. Estudió en las Facultades de Derecho y Medicina y tiene la certificación kinésica de interrogatorio, entre otros estudios en México como en el extranjero.