Impunidad institucionalizada

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para evitar que el mandatario y sus allegados sean juzgados por actos de corrupción durante los próximos nueve años está a punto de consumarse. La operación “blindaje presidencial” pretende cancelar la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) –y, en consecuencia, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)– mediante argucias legales y componendas partidarias a fin de imponer una impunidad institucionalizada en beneficio del selecto grupo que presuntamente integra la cima de la corrupción política del país.

Para mayor oprobio, la maquinación gubernamental cuenta con el aval del Senado, que ha renunciado a su responsabilidad de fungir como contrapeso del Ejecutivo federal para convertirse en su servil cómplice. Se trata de una artimaña infamante debido al cinismo de quienes la concibieron, la podredumbre de quienes se vieron implicados en el proceso de cooptación y por los efectos regresivos hacia un estado de desecho, no de derecho.

Todo estuvo perversamente planeado desde el principio. Ante la demanda social de combatir la corrupción y acabar con la impunidad, los estrategas presidenciales diseñaron un plan para construir una estructura institucional y jurídica aparentemente sólida, capaz de convencer a la ciudadanía de la seriedad del compromiso presidencial de abatir la corrupción y la impunidad que, al mismo tiempo, impidiera a toda costa que el mandatario y sus secuaces pudieran ser procesados por esas nuevas leyes y entidades públicas.

¿Cómo lograron conciliar esos dos propósitos antagónicos? Mediante una aviesa estrategia jurídica y política. A fin de dotar de credibilidad al proyecto se concibieron dos organismos –formal y supuestamente autónomos–: la FGR, en sustitución de la procuraduría, cuya diferencia esencial sería que la fiscalía ya no dependería del presidente; y el SNA, igualmente desligado del Ejecutivo federal.

En el primer caso, en 2014 se reformó el apartado A del artículo 102 de la Constitución, que ahora señala: “El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios”. Asimismo, se estableció el procedimiento para la designación del fiscal general: el Senado integrará una lista de al menos 10 candidatos al cargo que se enviará al Ejecutivo para que seleccione una terna, y de ella los senadores nombrarán al nuevo fiscal, previa comparecencia de las tres personas propuestas.

Sin embargo, ¡dicho proceso no se aplica para la designación del primer fiscal general! He ahí la gran trampa jurídica que le permite al presidente Peña Nieto nombrar a un incondicional para que le cuide las espaldas. En un artículo transitorio se resuelve lo siguiente: “El procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este decreto fiscal general de la República por el tiempo que establece el artículo 102, apartado A, de esta Constitución”.

Tal aberración jurídica y atraco político le regala al mandatario en turno y a sus cercanos una garantía de impunidad hasta 2026. Peña Nieto mintió al decir que no se despierta pensando cómo “joder a México”. Las trampas para proteger su codicia de la acción de la justicia definen su forma de concebir y ejercer el poder. Así lo hizo al nombrar al inefable Virgilio Andrade secretario de la Función Pública, con la orden expresa de eximirlo de toda responsabilidad jurídica en el paradigmático caso de la Casa Blanca donada por su contratista de cabecera.

Hoy se repite ese esquema al nombrar a otro incondicional, Raúl Cervantes Andrade, como procurador y próximo fiscal general, cargo en el que permanecería nueve años. Con esa designación el presidente ha expresado su determinación de contar con un certificado de impunidad transexenal, como lo ha escrito Denise Dresser. El nuevo procurador se convertirá en automático en fiscal general, por una decisión autocrática, velada por una triquiñuela legaloide y vergonzosamente aprobada –sin debate alguno– por una mayoría de 82 senadores del PRI, PVEM, PAN y PRD, con sólo tres votos en contra de la bancada del PT y la ausencia de 42 legisladores.

El nuevo procurador y potencial primer fiscal no tendrá que competir en una terna ni comparecer ante el Senado. Basta con el dedazo presidencial. El asunto estaba previamente planchado. Los senadores cooptados no cuestionaron la filiación priista del personaje ni su controvertido historial profesional ni que en dos ocasiones se haya frustrado su intento de ser ministro de la Suprema Corte. Menos aún la evidente carencia de independencia frente al presidente Peña Nieto que caracteriza a Cervantes Andrade (Proceso 2087). Esa fidelidad hacia el Ejecutivo suprime la esencia misma de la fiscalía: ser un organismo autónomo, como lo define la Constitución.

Si aún les queda algo de dignidad y ética pública a los senadores del PAN y del PRD –así como a las dirigencias de dichos partidos, que han guardado silencio cómplice ante el atraco que se avecina– deberían modificar la Ley de la Fiscalía, para exigir la aplicación del procedimiento de designación del fiscal general, como lo indica el apartado A del artículo 102 constitucional, eliminando el absurdo artículo transitorio que exime al primer fiscal del proceso de selección antes enunciado.

En caso contrario, se consumaría uno de los mayores agravios a la justicia y el derecho perpetrados por la actual cleptocracia gobernante. De la FGR dependerán dos fiscalías especializadas, una de combate a la corrupción y otra en materia de delitos electorales, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el fiscal general. El fiscal anticorrupción, integrante del Comité Coordinador del SNA, dependerá del fiscal general. Por tanto, si éste es incondicional del presidente, la autonomía de la FGR y del SNA serán mera ficción, para beneplácito de los cleptócratas y frustración de los ciudadanos. No debemos permitir que se instaure la impunidad institucionalizada.

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