El Salvador: la rebelión de las víctimas

Reos del penal de Cojutepeque son trasladados a otras prisiones. Foto: AP / Salvador Melendez Reos del penal de Cojutepeque son trasladados a otras prisiones. Foto: AP / Salvador Melendez

Cansada de ser el coto de caza de una de las maras, una comunidad salvadoreña de pescadores decidió tomar las armas para defenderse. Si bien en El Salvador está prohibido que los civiles porten armas, las autoridades locales se hacen de la vista gorda, en un tácito reconocimiento a su incapacidad de frenar la violencia homicida desatada por las pandillas locales, que el año pasado elevó a 6 mil 500 el número de ciudadanos inocentes ejecutados… una tasa de 103 asesinatos por cada 100 mil habitantes; superior a la de Honduras, que en 2014 era el país más violento del mundo.

SAN SALVADOR (Proceso).- Desde lo más negro del estero una linterna alumbra. A todos los toma por sorpresa menos a Juan, quien sin tardar un segundo pone el dedo en el gatillo de su revólver y ordena: “¡Rápido, rápido!”.

Dos hombres avanzan, dos más se tiran al suelo con los fusiles en ristre. Apuntan, se quedan quietecitos mientras la luz amarillenta avanza lento, lento sobre una lancha; la ven fijamente, contienen la respiración y… falsa alarma: es un vecino que decidió salir a pescar en esta noche en la que la inmensa Luna que cuelga del cielo lo ilumina todo.

Los integrantes de la autodefensa de la comunidad de pescadores ríen nerviosos. Les avergüenza haberse apresurado. Encienden cigarros.

La comunidad –cuyo nombre no puede darse a conocer por razones de seguridad– ha logrado lo que casi nadie en El Salvador: rebelarse contra las pandillas y vencerlas. Su osadía es extraordinaria en un país subyugado por el miedo. Está ubicada al final de una calle llena de grietas en la zona costera que comparten los departamentos La Paz, San Vicente y Usulután, aproximadamente 60 kilómetros al sureste de esta capital. Tiene alumbrado público, la mayoría de casas están hechas de bajareque, láminas oxidadas, cartón y plástico. A la orilla del camino deambulan perros callejeros y cerdos.

Hora de pelear

Durante más de cinco años el Barrio 18 ocupó la zona como uno más de sus refugios para violar, torturar y matar a sus víctimas, así como para entrenar militarmente a sus miembros. En la corteza de los árboles todavía hay marcas de balas. También aparecen los “18”, marcados con objetos filosos.

La pandilla perdió este feudo el día que telefonearon a Juan y le exigieron 5 mil dólares a cambio de no matarlo. Él es uno más de la comunidad. Vive de la pesca y la extracción de moluscos. Gana de dos a tres dólares diarios con los que mantiene a su esposa e hijos. Jamás había visto en su vida tanto dinero junto. ¿Cómo iba obtenerlo de la noche a la mañana? Uno de sus amigos le aconsejó negarse a pagar la extorsión. Un tercero lo respaldó. El cuarto lo terminó de convencer. Los cuatro decidieron que el momento de pelear había llegado.

“Ves como sufre la gente y no queda más remedio que defenderse”, comenta Jorge, uno de los fundadores de la ­autodefensa.

Denunciaron las amenazas a la Policía Nacional Civil (PNC), que tendió una trampa a los criminales. Hubo capturas y tres pandilleros murieron en un supuesto tiroteo. Sucedió en noviembre de 2015.

La pandilla quedó debilitada. Juan y sus tres compañeros decidieron que era el momento de armarse y expulsar a los pocos pandilleros que habían sobrevivido. Recordó las tácticas de combate que aprendió como soldado del batallón Atonal –grupo militar de élite que existió en los ochenta– y las aplicó. Sabía que la pandilla nunca olvida, así que decidió jamás bajar la guardia.

Nació así el grupo de Autodefensa de los Pescadores.

Durante un mes patrullaron todas las noches. Al amanecer iban desvelados a trabajar. El cansancio los debilitó. Decidieron contar a los líderes comunales la arriesgada tarea que habían emprendido. Temían que los entregaran a la PNC porque en el país está prohibida la existencia de grupos de civiles armados. Pero sucedió todo lo contrario: los apoyaron.

Cada una de las 196 familias designó a uno de los hombres de la casa para participar en los patrullajes nocturnos. Dieron dinero para comprar armas. Montaron un punto de control en la entrada de la comunidad. Los fundadores enseñaron a los nuevos miembros a disparar, a templar los nervios. También se acercaron a los policías y soldados de confianza para decirles que desde ese día la comunidad iba a cuidarse sola, que sólo les ayudaran a mantener vigilados los ocho kilómetros circundantes.

La relación con los policías y los soldados de la zona es secreta. Se apoyan mutuamente, se comunican, comparten ­información.

Carlos se quita hasta la mitad del rostro el pasamontañas. Sonríe y aspira el humo del cigarro. Suelta la bocanada con fuerza para espantar los zancudos. Se le hincha el pecho de orgullo al explicar que hasta hace unos 12 meses a ninguno de los 655 vecinos se le habría ocurrido salir de casa después de las siete de la noche. ¿Por qué? Lo más seguro es que lo habrían privado de la libertad y asesinado.

Mientras la conversación transcurre, una anciana prepara pupusas en un comal de barro que calienta con trozos de leña, unos niños juegan futbol con una pelota de plástico en la calle y tres viejos descalzos conversan sentados en la arena. Parece una escena idílica. Son las 10 de la noche y ocurre en El Salvador.

Violencia desatada

La autodefensa mide fuerzas con un monstruo al que el Estado le atribuye la autoría de brutales asesinatos como, por ejemplo, los de Omar Alexander Flores –lapidado porque se durmió en un autobús y al despertar había entrado sin permiso en territorio del Barrio 18– o el de Kevin Gómez, a quien la Mara Salvatrucha le arrancó el corazón.

El pequeño país de Centroamérica sufrió en los ochenta una de las guerras más crueles de América Latina. Miles de salvadoreños que huían de la violencia entraron indocumentados a Estados Unidos. La década siguiente muchos fueron deportados. Algunos eran pandilleros y de regreso en su tierra encontraron tierra fértil: impunidad, pobreza, desempleo, extrema desigualdad social, corrupción política y empresarial.

En 2003 el entonces presidente Francisco Flores implementó políticas de mano dura contra las pandillas. Su sucesor, Elías Antonio Saca, las profundizó. Cientos y cientos de sospechosos fueron encarcelados en centros penales divididos según la pertenencia a la pandilla. El encierro los radicalizó.

En 2012 el gobierno de Mauricio Funes dirigió la tregua entre pandillas que, como principal logro, disminuyó los asesinatos: de 4 mil 371 ciudadanos que murieron violentamente en 2011 a 2 mil 513 en 2013.

A finales de 2014 y principios de 2015, sin embargo, la tregua se colapsó y la violencia se disparó como no había ocurrido desde la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.

El año pasado murieron violentamente 6 mil 650 salvadoreños. Es una tasa de 103 asesinatos por cada 100 mil habitantes; superior a la de Honduras, que en 2014 fue el país más violento de todo el mundo.

Acabada la tregua, las pandillas demostraron que habían aprendido a instrumentalizar la violencia, a administrarla para obtener ventajas políticas, para chantajear. Intensificaron su dominio en colonias, barrios y comunidades.

Hace tres años el Banco Mundial y el Ministerio de Seguridad concluyeron en un estudio que más de 500 mil salvadoreños tienen parentesco o vínculo criminal con los más de 30 mil integrantes de la pandilla 18 o la MS-13. En mil 765 colonias, por ejemplo, operan mil 955 pequeñas células que en el discurso oficial son nombradas clicas. En 2008 había unas 400 clicas. Cinco años después, casi 2 mil.

Las pandillas son un elemento de la cotidianidad de la mayoría de comunidades pobres. En las zonas que se enquistan deciden sobre la vida de las personas que en ellas viven, delimitan fronteras, reclutan nuevos homeboys para la guerra, toman a las niñas que les gustan.

Hace un par de semanas la pandilla intentó recuperar el territorio perdido, pero los pescadores resistieron. Habían recuperado su libertad y no estaban dispuestos a entregarla.

Vacío legal

Pero la libertad no es absoluta. Juan, por ejemplo, no puede salir solo de la comunidad. Su cabeza tiene precio. Todo esto lo ha contado a su familia. No quiere sorpresas el día que una bala lo alcance.

“Sabemos que en cualquier momento nos harán ¡pum, pum, pum!”, dice resignado. Le satisface, sin embargo, saber que la autodefensa a la que pertenece no es la única de la zona. Hay cinco más que se mueven en la clandestinidad. Vigilan juntas.

En abril de 2016 el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz dijo que el gobierno planeaba la creación de grupos ciudadanos bajo el control del Estado.

Una semana después Guillermo Gallegos, del partido derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto Ley Especial del Cuerpo de Defensas Comunales, cuyo artículo 9 avala “que los ciudadanos que formen parte de ese grupo puedan portar armas de manera permanente en la comunidad para el resguardo de su vida, su integridad, la de los vecinos y sus bienes”.

La Alianza Republicana Nacionalista, el principal partido de oposición, la rechazó porque, según el diputado René Portillo Cuadra, armar ciudadanos es prácticamente iniciar otra guerra.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el partido que nació de la extinta insurgencia de los ochenta, dijo que lo mejor era estudiar más detenidamente las propuestas.

José Luis Escobar Alas, principal autoridad de la Iglesia católica salvadoreña, las rechazó: “Estamos en una situación crítica, desesperada y a través de una salida fácil se puede creer que la violencia terminará”.

El proyecto quedó guardado. Y nada más.

A finales de 1994 en el oriente del país un grupo de exsoldados fundó un grupo de exterminio que se autodenominó la Sombra Negra; mataba a mansalva a los entonces neófitos cabecillas pandilleros, integrantes de bandas de asaltantes, amenazaba a jueces, defensores de derechos humanos. La financiaban personajes conocidos en el país como Will Salgado, que posteriormente se convirtió en un importante alcalde, o César Valdemar Flores Murillo, entonces jefe de la delegación de la PNC en San Miguel.

En aquellos días ganó notoriedad por los comunicados escritos en tono reivindicativo en los que se presentaba como el defensor de los pobres. Su leyenda creció tanto que cuando sus miembros fueron sentados en el banquillo de los acusados, muchas figuras públicas salieron a defenderlos, a justificar sus asesinatos.

Unos 22 años más tarde los grupos de exterminio volvieron a aparecer. Han reciclado el papel de defensores de los pobres. En San Miguel aparecieron cadáveres con mensajes escritos en sus cuerpos: “Esto les pasa a los mareros”. También han proliferado las historias de hombres con rostros cubiertos con pasamontañas que, lista en mano, hacen justicia por su cuenta.

A esto debe sumarse la guerra entre las pandillas y el Estado que ha incrementado los índices de violencia. A mediados del año la Procuraduría de Derechos Humanos anunció que investiga más de 100 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que cometieron soldados y policías.

En los últimos 23 meses fueron asesinados más de 105 policías y la PNC registra 556 pandilleros muertos en supuestos tiroteos contra agentes.

Juan defiende a la PNC. Enfatiza, además, que entre los grupos de exterminio y las autodefensas hay una abismal diferencia: él y sus compañeros no toman la justicia por sus manos ni matan por dinero, sino que sólo se defienden. Por eso asegura que los ciudadanos están listos para armarse y rebelarse contra la violencia de las pandillas.

Para evitar abusos basta una ley que los legalice y que el Estado los vigile.

“Les pedimos a los políticos que se pongan en nuestros zapatos. Sufrimos mucho, ellos no tienen ni idea de lo que sufrimos”, concluye Juan.

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