PUEBLA, Pue. (apro).- Dulce María Silva Hernández, pareja sentimental del vocero de Morena, César Yáñez, desmintió al titular de Seguridad Pública de Puebla, Jesús Morales Rodríguez, al aclarar que a la fecha se mantiene en huelga de hambre y además acusó que no se ha hecho nada por mejorar las condiciones que prevalecen en el área femenil del penal de San Miguel. En entrevista telefónica, denunció que el 9 de marzo, un día después de que inició la huelga de hambre en el interior del reclusorio, se realizó un operativo con al menos 20 elementos de seguridad estatal que trataron de sacarla a la fuerza para trasladarla a otro penal, pero fue resguardada por otras reclusas que la rodearon para impedirlo. La también empresaria denunció que el gobierno de Puebla, a través de distintos emisarios, ha tratado de obligarla a ceder los derechos de un terreno a un fideicomiso y que incluso le han ofrecido pagarle entre 10 y 30 millones de pesos, además de ofrecerle su libertad inmediata. Este martes, el gobierno del estado divulgó un comunicado donde el Secretario de Seguridad local aseguraba que Silva Hernández ya había concluido la huelga de hambre y que a raíz de su protesta se había nombrado a otro titular de los Centros de Readaptación Social del estado y se hicieron operativos para revisar las condiciones de reclusión de las mujeres. Sin embargo, Silva Hernández aseguró que nada de esa información es real, pues ella sigue en su protesta y siguen las malas condiciones en el área femenil del penal de San Miguel. Enlazada por integrantes del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos José Luis Tehuatle, la mujer aseguró que se mantendrá en huelga de hambre, pese a que en estos días la han amenazado, incomunicado y ya ha bajado entre tres y cinco kilos de peso. “Nada en lo absoluto (ha cambiado). Me tienen más vigilada, más controlada; están al pendiente de mis movimientos. Realmente es lo que yo quiero ver: un cambio para mis compañeras, que el gobierno voltee a ver las condiciones en las que están las internas y mejoren atención médica, colchonetas, WC; no pedimos nada que, conforme a derecho, no corresponda”, declaró. Dijo que las exigencias de su movimiento son que mejoren las condiciones en que viven las presas en penal de San Miguel en cuanto a respeto a sus derechos humanos, así como que se haga justicia en su caso. “Soy una presa política del morenovallismo (sic), que desgraciadamente con este nuevo gobernador que tenemos, Tony Gali, pues resultó del equipo de trabajo de Moreno Valle”, señaló la mujer, quien tiene ya un año en prisión. La novia del vocero del partido Morena insistió en que hasta ahora no le han probado nada de las acusaciones que le hacen, en cambio el gobierno la ha presionado constantemente para que les ceda un terreno de más de seis mil metros cuadrados que se encuentra entre la Estrella de Puebla y el centro comercial Angelópolis. Agregó que incluso el gobierno de Moreno Valle involucró a sus padres en un proceso judicial para presionarla, de que los metería a la cárcel si no accedía a entregarles el terreno. Por su ubicación estratégica, en un área de muy alta plusvalía, comentó que el terreno ha sido incluso utilizado por el gobierno, sin su permiso, como pista de aterrizaje de decenas de helicópteros de los invitados que acudieron al informe de Moreno Valle en 2015, así como para la maquinaria usada para instalar la rueda de observación, llamada la “Estrella de Puebla”. Acusó que las presiones le han llegado por parte del fiscal de Atención a Víctimas del Delito, Enrique Flota o por enviados de Diódoro Carrasco, secretario General de Gobierno, y de los diputados federales del PAN, Juan Pablo Piña y Eukid Castañón. En específico, indicó que mandaron abogados de dos empresarios, entre ellos José González Cobián, quienes le insisten que firme la cesión de derechos del terreno a un fideicomiso, sin que tenga claro a nombre de quién quedaría el predio. Silva Hernández afirmó que su vida está en riesgo y que ya ha sido golpeada, segregada y amenazada por internas del reclusorio, y aunque ha presentado queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hasta ahora su caso no ha sido atendido. Dijo que recientemente presentó una nueva queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que espera tome en cuenta las violaciones que se han cometido en su caso, incluso para limitarle las visitas de su hija de 12 años de edad. Hilario Gallegos y Araceli Bautista, integrantes del Centro de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos José Luis Tehuatle, informaron que iniciarán una campaña para visibilizar el caso de Dulce, a fin de que igual que otros, sea considerada una presa política más del gobierno estatal. Gallegos indicó que la empresaria les ha detallado que, por medio de Enrique Flota, recibió ofertas monetarias para que entregara el terreno, las cuales han ido de los 10 a los 30 millones de pesos. La empresaria ganó recientemente un amparo, pero el gobierno de Puebla interpuso un recurso de revisión. El abogado José Miguel Castillo, quien funge como su defensor, dijo que en un lapso de tres meses se emitirá una resolución sobre este recurso y que está seguro favorecerá la libertad de Silva Hernández. Esto, explicó, porque hasta ahora no se ha probado que el terreno fue adquirido con recursos ilícitos, pero además porque el gobierno de Puebla mantiene a la mujer en prisión con base en un delito que fue tipificado en 2012, cuando la operación del predio se llevó a cabo en 2009. La pareja de Yañez fue encarcelada desde el 10 de marzo de 2016, cuando fue acusada de recibir en sesión un terreno propiedad de Edmundo Tiro Moranchel, quien es procesado por defraudar a cientos de ahorradores poblanos.