Mientras la corrupción desmesurada sigue carcomiendo la vida nacional hasta su médula, las distintas fuerzas políticas actuantes en el Senado de la República no atinan a aterrizar lo relativo al nombramiento del fiscal anticorrupción y otras reformas en la materia. Por tal motivo, era previsible lo que ya ocurrió: el aplazamiento del asunto para un periodo extraordinario de sesiones. La disyuntiva es: o un fiscal independiente con atribuciones amplias o uno que sirva de tapadera a más actos de corrupción del poder público. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Coincidente con una serie de escándalos de corrupción de funcionarios estatales y federales mexicanos que se ventilan en tribunales extranjeros y ninguno en los mexicanos (Tomás Yarrington, en Italia; Javier Duarte, en Guatemala; Emilio Lozoya y Odebrecht, en Brasil, y el fiscal nayarita Édgar Veytia en Nueva York), el Senado de la República decidió posponer para un periodo extraordinario la elección del nuevo fiscal anticorrupción, que viene discutiendo desde octubre de 2016, así como la reforma al artículo 102 constitucional para eliminar el transitorio que le permite al actual procurador general de la República tener “pase automático” como fiscal general por nueve años. Así lo admitió el pasado jueves 20 el presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero Morales, quien señaló que en un periodo extraordinario se analizarían la elección del fiscal anticorrupción, la modificación constitucional al artículo 102 y una nueva Ley Orgánica de la PGR. “Yo creo que nos da tiempo perfectamente bien en ocho días o en nueve días tratar estos tres temas y que nos vayamos con un tema de procuración de justicia que es importantísimo para este país”, afirmó Escudero, senador del Partido Verde, en conferencia de prensa. El coordinador de la fracción del PRI, Emilio Gamboa Patrón, desde el 26 de marzo insistió en que la bancada mayoritaria “no condiciona ni pretende cambiar” la ruta y el calendario para la elección del fiscal anticorrupción, en un claro mensaje a la oposición del PAN y del PRD. “Respetar la ley y la ruta trazada para concluir la elección del titular de la fiscalía anticorrupción es una obligación del Senado, por lo que no debemos dilatar más este proceso…, prioritario para la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción”, puntualizó. De acuerdo con los testimonios y la información recabados por Proceso en el Senado, el “atorón” para elegir al fiscal anticorrupción se gestó por las diferencias entre las bancadas del PRI y del PAN para que primero se reformara el artículo 102 constitucional relacionado con el fiscal general, pero también por las presiones desde la Conserjería Jurídica de Los Pinos, encabezadas por Humberto Castillejos, para que la Procuraduría General de la República (PGR) se adelantara al Senado ante la imposibilidad de tener un nuevo fiscal anticorrupción. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2112, ya en circulación