CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la balacera de ayer en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con saldo de siete muertos, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, advirtió que su administración no dará ni un paso atrás en la estrategia de recuperar el orden en los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) del estado. Por separado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, instruyó el envío de visitadores adjuntos para conocer la situación que continúa hasta el día de hoy en dicho penal. En un comunicado, el gobernador tamaulipeco indicó que la única manera de regresar la tranquilidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es asumiendo la responsabilidad que le toca al gobierno en todas las áreas, incluidos los centros penitenciarios del estado, poniendo el orden que se requiere. “En la medida en la que nosotros sigamos detectando situaciones irregulares en los penales vamos a seguir entrando a poner orden; eso no puede parar porque es parte precisamente de los programas que estamos llevando a cabo; estamos y vamos a poner orden en Tamaulipas, en cada rincón del estado”, apuntó García. De igual manera, destacó que las tareas que lleva a cabo su administración están reforzadas con programas de bienestar social y acciones encaminadas a dotar a las familias tamaulipecas de más espacios de convivencia que permitan reconstruir el tejido social. El gobernador y su esposa Mariana Gómez de García, titular del DIF Tamaulipas, visitaron el municipio de Nuevo Laredo para presidir el programa “Un Gobierno cerca de ti”, que tras haberse realizado en municipios del centro y sur del estado, este miércoles, inició una nueva etapa en la frontera norte de la entidad. En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Libertad de Expresión, el gobernador manifestó su respeto incondicional a este derecho universal. “La libertad de expresión no está patentada, es un derecho universal, es la libertad que tenemos todos a expresar lo que pensamos, lo que sentimos, hacer los señalamientos correspondientes”, señaló en entrevista. En otro comunicado, el ombudsman nacional señaló que los visitadores adjuntos enviados al penal, recaban información para conocer el estado de salud de las personas heridas y sus testimonios, y recolectan documentos oficiales e indicios que permitan establecer la situación real tras los hechos ocurridos la víspera. González Pérez lamentó la pérdida de todas las vidas, tanto del personal de seguridad como de internos, y envió sus condolencias a los deudos y al personal del sistema penitenciario. “Este organismo nacional reitera nuevamente su condena a la violencia, por lo que demanda a las autoridades la eficaz aplicación de la ley en forma pronta y expedita, y con total respeto a los derechos humanos”, apuntó. Señaló que de conformidad con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2016, ese penal fue evaluado por la CNDH, obteniendo la calificación de 4.50, con las siguientes deficiencias: Sobrepoblación y hacinamiento; deficiencia en la clasificación de internos y los programas para la atención de incidentes violentos; inadecuados servicios para protección al derecho a la salud; falta de supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular; inadecuadas instalaciones y equipo para el funcionamiento del penal; deficiencias en la alimentación; condiciones de autogobierno y falta de personal de seguridad y custodia; insuficiencia de actividades laborales y educativas; inadecuada atención a las mujeres y a sus hijos, e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. Destacó, asimismo, que la CNDH emitió una recomendación por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, señalando las irregularidades enunciadas.