CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un informe de la Global Witness publicado este jueves revela que al menos 200 activistas ambientales fueron asesinados en 2016 y que el 60% de los casos corresponden a América Latina. Según el estudio, en México sólo se documentaron tres asesinatos de activistas ambientalistas el año pasado, pero en los primeros cinco meses de 2017 ya van ocho, dijo Bean Leather, coautor del informe, a El universal. Según el estudio realizado por la misma organización sobre 2015, en ese año México se encontraba entre los 16 países más peligrosos para los ambientalistas. En ese año se registraron cuatro casos, uno más que en 2016. El balance global del año pasado es preocupante ya que la cifra de asesinatos dobla la de hace dos años y es la más alta desde que la organización empezó a contabilizar los asesinatos de ecologistas en 2002. Se trata del reflejo de una ola de violencia en la que "las empresas mineras, madereras, hidroeléctricas y agrícolas pisotean a las personas y al medio ambiente en su búsqueda de ganancias", lamentó Global Witness. Además, detalló que en 2016 los asesinatos de activistas ambientales se extendieron geográficamente, hasta 24 países distintos, comparados con los 16 países de 2015. Brasil, Colombia y Filipinas concentran más de la mitad de los asesinatos, seguidos por India, Honduras, Nicaragua, la República Democrática del Congo y Bangladesh. "La despiadada lucha por la riqueza natural del Amazonas hace que Brasil sea, una vez más, el país más mortífero del mundo" para los activistas ambientales, con 49 asesinatos en un año, destacó el informe. Al mismo tiempo, Honduras sigue siendo el país más peligroso por su número de asesinatos per cápita durante la última década. El 60% de los asesinados ocurrieron en países de América Latina y el 40% de víctimas eran miembros de grupos indígenas, detalló la ONG. "La lucha por proteger el planeta se intensifica rápidamente y el costo puede ser cuantificado en vidas humanas. Más personas en más países se están quedando sin otra opción que plantarse en contra del robo de sus tierras o la erosión de su medio ambiente", lamentó Ben Leather, en el informe. Por actividades, la minería es la industria más sangrienta, con al menos 33 asesinatos vinculados al sector, aunque también aumentaron las muertes vinculadas a empresas madereras --de 15 a 23 en un año-- mientras 23 asesinatos están relacionados con proyectos de la industria agraria. En el caso de Colombia, el número de asesinatos alcanzó un máximo histórico de 37, miso que Global Witness atribuye a consecuencias inesperadas del proceso de paz, con las áreas que hasta ahora estaban bajo el control de las guerrillas convertidas de pronto en objetivo de "la codicia de compañías extractivas y paramilitares". El informe también cita el testimonio de Jakeline Romero, líder indígena colombiana amenazada por oponerse a El Cerrejón, una de las más grandes minas del mundo a cielo abierto, propiedad de las mineras suiza Xstrata, británica Anglo American y australiana BHP Billiton. La corrupción y el abuso de autoridad llevan a veces a los representantes de la ley a actuar contra los activistas de su propio país en vez de protegerlos, señala Global Witness, y la consecuencia es que policías y soldados han sido identificados como sospechosos en al menos 43 asesinatos en 2016. "El asesinato es el resultado extremo de una táctica que consiste en silenciar a los activistas, incluyendo amenazas de muerte, arrestos, abusos sexuales, secuestros y agresivos ataques legales", subrayó la ONG. El informe consta de 60 páginas y reúne testimonios de activistas que han sido víctimas de intimidación y violencia por protestar ante lo que consideran la destrucción de su tierra.