CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El todavía secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional del PRD, Carlos Sotelo, quien en días pasados manifestó su apoyo a la aspiración presidencial de Andrés Manuel López Obrador, acusó a la presidenta nacional de su partido, Alejandra Barrales, de no haberse presentado a la audiencia en la Comisión Nacional Jurisdiccional. Sotelo apuntó que la cita de Barrales era para resolver la queja en su contra por violar el estatuto al ejercer, al mismo tiempo, un cargo de dirección partidista y otro de representación popular. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enmendó error inicial del Órgano Jurisdiccional de declarar improcedente su recurso jurídico de protección a derechos del ciudadano y ordenó que en un plazo de 15 días emita nuevo Acuerdo con apego a la legalidad. “No se presentó Barrales y envío a un representante que no dijo nada, sólo entregó un alegato por escrito que por el que básicamente busca defender sus dos cargos; dice que el Artículo 111 del Estatuto es Inconstitucional y otras barbaridades relativas. “Nosotros acreditamos suficientemente la razón jurídica y política para que Alejandra Barrales sea destituida del cargo de presidenta nacional. Es ilegal. El viernes termina el plazo de 15 días que estableció la Sala Superior de Tribunal Electoral para nueva resolución en el juicio contra Alejandra Barrales. En 24 horas, o sea mañana, deberá pues resolverse en el órgano interno”, dijo Sotelo a Apro. Explicó que el próximo lunes estarán nuevamente acudiendo a la Sala Superior del TEPJF, pues explicó que lo que hay en el partido son órganos de consigna. “No espero nada positivo de la Jurisdiccional”, añadió. Para la corriente Militantes de Izquierda (MIZ) del PRD, que interpusieron las quejas contra la presidenta nacional por distintas violaciones a sus estatutos, las sentencias de los tribunales que han revocado la decisión de la Comisión Nacional Jurisdiccional del partido confirman el desmantelamiento del partido en los últimos años, indicó la corriente de Sotelo el 8 de agosto pasado, en un comunicado. El miércoles 26 de julio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó resoluciones de los tres Juicios de Protección de Derechos que interpusieron hace varias semanas. Los juicios presentados son contra los acuerdos políticos del bloque FAD-PAN del CEN de PRD, que han decidido avanzar en una ruta al margen de la legalidad y principios básicos de una vida interna democrática; por no emitir la convocatoria para la renovación de la dirigencia, y porque Barrales ocupa dobles funciones como senadora y como presidenta nacional del partido. La decisión del tribunal se refirió a este último punto, pues los otros los ha revirado en distintos momentos. En resumen, señala MIZ en su comunicado, la “cancelación del derecho a disentir, castigo a la libre expresión, disolución en los hechos de las instancias colegiadas que establece el estatuto para dirigir al partido, una presidenta que permanece en el cargo contra la norma estatutaria, cancelación del método electivo que marca el estatuto para renovar todos los órganos directivos y una alianza ilegal con los neoliberales del pan, son varios botones de muestra que acreditan nuestra posición en el tema”. Por eso, en su opinión, las resoluciones plasman “el grave cáncer que corroe al PRD y que explican su desmantelamiento continuo en los últimos años: Impunidad, arbitrariedad, ilegalidades, abandono de causas y principios, entrega del patrimonio acumulado en muchos años al régimen neoliberal”.