CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) rechazaron el traslado del Cendi de la institución al edificio donde se encuentran las salas penales, con el argumento de que significaría un riesgo para los menores, similar al registrado en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. La inauguración de ese nuevo espacio está prevista para este martes 22 de agosto, a cargo del magistrado presidente, Álvaro Augusto Pérez Juárez. El espacio llevará el nombre de “Patricia Átala de Elías”, esposa del expresidente del Poder Judicial capitalino Edgar Elías Azar, como reconocimiento “a la labor social que procuró a los niños y niñas de los Cendi como nietos propios”. Elías Azar dejó el cargo envuelto en la polémica, luego de impugnar la Constitución Política de la CDMX, designar a un incondicional suyo como sucesor y tejer negocios inmobiliarios que durante su mandato. Actualmente funge como embajador de México en los Países Bajos. Además, el ahora diplomático salió confrontado con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera por imponer a siete jueces sin consultarlo. Y, por su fuera poco, Edgar Elías Azar dejó el Tribunal con un déficit cercano a los tres mil millones de pesos. (Proceso 2108). En una carta dirigida a “titulares de los diversos órganos jurisdiccionales del TSJ” –y compartida a Apro y Proceso–, las madres trabajadoras inconformes basaron su rechazo al cambio “por analogía”, en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “y más aún por mayoría de razón, en que las personas menores de edad sujetas al sistema de responsabilidad penal de adolescentes deben estar separados del sistema penal de adultos”. El TSJ-CDMX, agregaron, “referente del país y Latinoamérica, no puede sujetar a riesgo a los menores de edad instalándolos en el mismo edificio de las salas penales, pues si los adolescentes no pueden estar en el edificio, menos los menores”. Las trabajadoras alertaron que “en un incendio o un temblor las evacuaciones resultarían sumamente riesgosas” y pusieron como ejemplo el incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, el 5 de junio de 2009, donde murieron 49 niños y más de 100 resultaron heridos. Incluso, aseguraron que “ha habido casos recientes de que los compañeros de personas que han cometido un delito han sido rescatados en agencias del Ministerio Público y Hospitales (Cancún, Tijuana, Ciudad Juárez, etc.) con el traslado de reos peligrosos; no esperemos tener una desgracia para aplicar lo que los tratados internacionales refieren como Interés Superior del Niño”. Luego, sugirieron que “sería mejor que cuando se termine el edificio de Salas Civiles se traslade la Guardería a ese lugar”. “¡Como madres de la institución solicitamos suspender el traslado de la Guardería al edificio de Salas Penales!”, concluyeron. La carta fue difundida con copia al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; a los periódicos Excélsior y El Universal; al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño; a los directores generales del IMSS, Mikel Arriola, y del ISSSTE, José Reyes Baeza; así como al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa capitalina, Leonel Luna.