La CNDH exige priorizar labor de defensa del ombudsman de BCS como móvil de su ejecución

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Foto: Germán Canseco El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exigió el pronto esclarecimiento del atentado en el que murió este lunes el ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, así como que “se priorice la actividad de defensa” en las líneas de investigación para que el hecho “no quede en la impunidad”.

En conferencia de prensa para lanzar nuevamente la campaña a favor del trabajo que realizan defensores civiles de derechos humanos, dijo que el movimiento de derechos humanos de México, “está de luto”.

Agregó que el organismo nacional tenía mucha cercanía con De la Toba Camacho, en razón de que existe una oficina de la CNDH en La Paz, y que no se tenían indicios de que el ombudsman de BCS hubiese sido víctima de alguna amenaza.

Tras pedir un minuto de silencio antes de iniciar el evento, en el que participaron defensores civiles y el quinto visitador general. Edgar Corzo, el ombudsman nacional condenó el atentado, en el que también murió el hijo del presidente de la comisión estatal, en tanto que su esposa y su hija resultaron severamente lesionadas. Luego, advirtió que los presidentes de las comisiones estatales de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, sí han recibido amenazas por su labor.

“Desde la federación de ombudsperson estamos consternados. Pedimos que las investigaciones en este caso y en el de todos los defensores civiles no se excluya como línea de investigación las tareas y los casos que defendían (…). Teníamos indicios de incomodidades hacia algunos defensores públicos, pero nunca nos imaginamos que llegarían a esta experiencia de agresión. Por eso, pedimos que haya una articulación adecuada de la Procuraduría General de la República (PGR) con el gobierno del estado para que haya resultados concretos”, abundó.

Al sumar a su exigencia la del esclarecimiento de 34 asesinatos contra defensores ocurridos de 2006 a la fecha, González Pérez resaltó que en Baja California Sur “está creciendo en el índice de violencia y los homicidios”, y que “los ombudsman públicos que reportan indicios de una situación compleja y difícil, es mayormente donde hay circunstancia de crimen organizado. En Guerrero, Tamaulipas y Veracruz hemos emprendido acciones de acompañamiento, pero que no se ha llegado a niveles como lo sucedido en Baja California”.

El funcionario agregó: “El mensaje de ayer (lunes 20) es gravísimo e intimidatorio. Cuando se agrede a un defensor civil o público o a un periodista, afecta los pilares de la democracia. No se puede aspirar a un Estado Democrático si cancelamos el derecho a la defensa de derechos humanos, es un agravio social”.

El titular de la CNDH acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto, a los estatales y a los municipales de “indolencia, indiferencia y apatía”, por no generar las condiciones de seguridad para que los defensores y periodistas realicen su trabajo, sin considerar que “el mayor flagelo en la agresión de periodistas y defensores civiles y públicos, es el círculo vicioso de impunidad”.

Recordó que el año pasado emitió la Recomendación General 25, relacionada con los defensores de derechos humanos y que, pese a los llamados a los gobiernos federal y estatal por atenderla, no ha habido mayor interés en abordarla.

Al agregar que tampoco se ha atendido la Recomendación General 24, relacionada con periodistas, González Pérez hizo un llamado para que ambos instrumentos sean revisados en la próxima reunión de la Consejo Nacional de Gobernadores (Conago) para su implementación inmediata.

Campaña y Mecanismo

Una de las recomendaciones que había hecho precisamente la CNDH era el impulso de una campaña de reconocimiento a la labor de los defensores, e incluso, el ombudsman propuso a los gobiernos federal y estatales, “destinar fondos correspondientes a la publicidad oficial para financiar la campaña, propuesta para la que hubo oídos sordos”, dijo el presidente de la CNDH.

La tragedia en Baja California Sur fue unánimemente condenada por los defensores presentes en el evento, quienes reconocieron el esfuerzo de González Pérez por la campaña, diseñada conjuntamente entre activistas y el organismo.

Pilar Tavera, representante de la sociedad civil en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, informó que al 31 de octubre, 654 personas estaban inscritas en el mecanismo, de las cuales 385 son defensores y 269 periodistas. Además, 45% de los beneficiarios proceden de los estados de Veracruz, Guerrero, Estado de México y Oaxaca y “un tercio de las agresiones provienen de una autoridad constituida”.

La funcionaria resaltó que “siendo un tema trascendental”, el año pasado la Secretaría de Hacienda no destinó recursos para el fondo de protección y que este año etiquetó 200 millones de pesos, mismos que no se sabe si serán suficientes si se toma en cuenta que “si no disminuye a la violencia, vamos a terminar el sexenio con 700 defensores y periodistas integrados en el Mecanismo, que es una institución extraordinaria que nace de que la falta de funcionamiento de las instituciones ordinarias, como la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Seguridad, cuya función natural proveer de condiciones de seguridad para defensa de derechos humanos y libertad de expresión”.

Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), lamentó la indiferencia de los representantes de los poderes públicos para reconocer el trabajo de los defensores y exigió al presidente Peña Nieto “una disculpa pública y una rectificación” por sus recientes expresiones de que las organizaciones de la sociedad civil hacían “bullying a las instituciones”.

Michael Chamberlain, de Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, con sede en Saltillo, Coahuila, destacó que la prevalencia de desapariciones forzadas y por particulares en el país, la labor de familiares de víctimas como defensores se ha incentivado, de manera que de 2010 a la fecha “han sido asesinadas 13 personas en esta condición de defensoras por la búsqueda por la verdad y justicia por los desaparecidos”.

Pablo Romo, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), consideró que resulta relevante “entender que el contexto de la campaña es la impunidad y que es la impunidad el caldo de cultivo para los defensores y defensoras”.

Los defensores acompañaron a González Pérez y Corzo, a presentar cuatro spots de radio y otro tanto de televisión, en los que se resalta la labor de los defensores por los derechos a la no discriminación, de los derechos de las mujeres a vivir sin violencia, de aquellos que representan a familiares de desaparecidos o luchan contra la tortura, así como los que trabajan a favor del medio ambiente y los derechos de la población LGBTTI.

Los asistentes llamaron también a fomentar la campaña a través del hashtag #DefensaDHNecesaria.

 

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