CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de haber perdido a familiares y sus viviendas, damnificados de los sismos del pasado 19 de septiembre viven una pesadilla en los albergues de la Ciudad de México, según lo han documentado organizaciones no gubernamentales (ONG). En el Multifamiliar Tlalpan, una de las zonas dañadas por el terremoto que sacudió el sur de la ciudad, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y la iniciativa Documenta desde Abajo 19S, entre otras ONG, denunciaron la existencia de maltratos en algunos albergues oficiales donde las personas están en condiciones de semi reclusión, con horarios estrictos de entrada y salida que les impiden, incluso, salir a trabajar. Los denunciantes también expusieron que en estos espacios habilitados para los afectados se carece de apoyo psicológico permanente, tampoco hay servicio médico y mucho menos acceso a los apoyos que ciudadanos y autoridades han dispuesto para la emergencia. Las organizaciones expusieron que en los refugios es rechazada la población indígena y los damnificados procedentes de otras entidades federativas, afectados por los movimientos telúricos de hace dos meses. Entre las anomalías detectadas en las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Coyoacán, que constituyen violaciones a los derechos humanos, destaca el hecho de que en listas oficiales se encontraron nombres de albergues que nunca abrieron. También fueron identificados los espacios que sólo abrieron unos días, los que fueron instalados en lugares que ya estaban ocupados y aquellos abiertos en escuelas y en otros edificios públicos que terminaron por causar tensión entre los damnificados y padres de familia o vecinos de la zona. El reporte de las ONG también señala que ya sólo permanecen abiertos seis albergues de los 48 registrados oficialmente, y exponen que a la par del cierre de los refugios oficiales se abren espacios ciudadanos, de tal manera que hay 50 de ellos que carecen de apoyo de las autoridades. “La mayoría del apoyo ha sido impulsado por la sociedad civil. Las organizaciones consideramos que ese apoyo debe ser asumido por las autoridades. “Lo que pedimos es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acuda a estos albergues y constate lo que nosotros hemos expuesto para que las autoridades corrijan los albergues”, expuso vía telefónica Ana Sandra Salinas, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Las organizaciones agregaron que el Gobierno de la Ciudad de México tampoco ha frenado el alza en los precios de la renta de vivienda, detonado a raíz de la tragedia de septiembre pasado.