La CNDH emite medidas cautelares tras enfrentamiento en zona rural de Acapulco
Pide resarcir daños a periodistas El organismo también encomendó al fiscal hacerse cargo de la atención médica integral a los fotorreporteros que fueron agredidos durante el operativo policiaco militar, entre ellos un representante del periódico La Jornada. Además, la CNDH urgió a “garantizar la integridad y el ejercicio de la labor periodística de los representantes de los medios de comunicación, en coordinación con las autoridades federales que correspondan”, y de manera particular que se “realicen las diligencias necesarias para les sean entregadas a los periodistas, dos memorias de computadora que les fueron aseguradas”. Defensores denuncian detenciones arbitrarias Desde Acapulco, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que “se han cometido 30 detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarias; se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, (CECOP); se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos”. A través de una Acción Urgente Tlachinollan destacó que entre los detenidos se encuentran los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes de la CECOP. La organización civil señaló que, a las cinco de la tarde del domingo, “elementos de la policía ministerial trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco, sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero”, además de que las autoridades estatales “han negado cualquier información sobre la situación jurídica” de este líder de la CECOP, quien de 2014 a 2015 permaneció preso en un penal de alta seguridad. Tlachinollan, organización que representa legalmente a la CECOP, destacó que la “Fiscalía General del Estado de Guerreo realiza las investigaciones y diligencias en total opacidad manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso”. La organización exigió que “se garantice el debido proceso y se proporcione información tanto a sus familiares como a sus abogados sobre el paradero y situación jurídico de las personas detenidas”. De manera particular en el caso de Marco Antonio Suástegui Muñoz, defensor comunitario que ha sido encarcelado anteriormente, Tlachinollan exigió que “se garantice en todo momento su integridad física y psicológica”.#ATENCIÓN: ARTICLE 19 documenta las agresiones contra periodistas, por parte de elementos de @SSPGro y @PoliciaFedMx, cuando cubrían un operativo en la comunidad La Concepción, en Acapulco, Guerrero. (1/3)
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) 8 de enero de 2018
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