CHILPANCINGO (Gro.).- El gobierno de Héctor Astudillo Flores refutó la postura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), al afirmar que en el operativo policiaco militar para desarmar a la policía comunitaria en la zona rural de Acapulco -que dejó 11 muertos y 38 detenidos-, "no hubo ejecuciones extrajudiciales" y tampoco "se cometieron delitos de lesa humanidad". Además, minimizó la agresión de policías estatales contra periodistas, al señalar que las lesiones que presentó el fotorreportero Bernardino Hernández, "no son graves, como lo demuestran los dictámenes médicos". En un comunicado oficial, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, omitió hacer referencia al robo de su equipo de trabajo que sufrió el fotoperiodista para impedir que documentara el hecho, situación que vulneró el ejercicio periodístico de la víctima y representa un atentado a la libertad de expresión, como señaló la ONU-DH. "No es admisible aplicar el protocolo de Minnesota porque no se trató de delitos de lesa humanidad, ni de ejecuciones extrajudiciales. En todo caso, las investigaciones correspondientes establecerán las responsabilidades a que haya lugar", sentenció el gobierno de Guerrero. Según el comunicado, las autoridades estatales acudieron a la zona de conflicto porque recibieron llamadas al número de emergencia 911, "derivado de enfrentamientos ocurridos en la comisaría municipal entre pobladores y civiles armados del Cecop”. Además, insistió en señalar que, en el caso de La Concepción, "han sido analizados y atendidos a través de diversas instancias de gobierno, como se informó no solo a la opinión pública, sino también al representante en México de la ONU-DH y a los titulares de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos". La postura oficial remató al decir que la administración de Héctor Astudillo, está "en absoluta disponibilidad para atender las preocupaciones expresadas por la ONU-DH, así como a las medidas cautelares obsequiadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito indeclinable de que los hechos en La Concepción sean investigados con estricto apego a la ley y el pleno respeto de los derechos humanos”.