TOLUCA, Edomex (apro).- Ochenta elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), quienes supuestamente fueron despedidos de manera injustificada, dieron a conocer que ya iniciaron los trámites de sus respectivas demandas contra la dependencia. De acuerdo con los expolicías adscritos al área de Análisis Criminal, con antigüedades que van de los 15 a los 28 años de servicio, fueron obligados a firmar su renuncia sin conocer las irregularidades imputadas y sin derecho a defenderse. A través de un comunicado, la SSEM informó ayer sobre la baja de 174 elementos --90 de los cuales se encuentran a la espera del cese-- con el propósito de hacer eficiente el trabajo en la dependencia, optimizar los recursos humanos y obtener mejores resultados en el combate a la delincuencia en la entidad. La decisión, aseguró, fue resultado de un diagnóstico que arrojó duplicidad de funciones y/o falta de aptitudes para el desempeño de las tareas encomendadas. “En todos los casos, la SSEM garantiza que serán indemnizados conforme lo marca la Ley Federal del Trabajo y lo establecen los lineamientos de las corporaciones de seguridad”, precisó. No obstante, los elementos cesados dijeron que ayer los citaron supuestamente para recibir capacitación en el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, ubicado en el municipio de Lerma, y al ingresar fueron obligados a entregar la identificación que los acredita como elementos policiacos y les hicieron firmar un documento sin permitirles que leyeran su contenido. A la salida les proporcionaron un acta administrativa en la que les notificaban de la rescisión de su contrato laboral “por desacato”. Según los afectados, nunca se les puso al tanto de la orden que presuntamente desatendieron, y subrayaron que cada instrucción se reporta de manera telefónica al jefe. La SSEM adujo que la notificación se realizó vía estrados, sin embargo, el personal de campo --como es el caso de los trabajadores cesados-- no tiene acceso a las oficinas administrativas. Los policías subrayaron que también se violó su garantía de audiencia y su derecho constitucional de presunción de inocencia material y procesal. Y recalcaron: “Por eso hay procedimientos administrativos y un órgano colegiado sancionador que es el consejo de honor y justicia. No pueden obligarte, tienes derecho a ser oído y vencido”, expusieron. De igual manera, destacaron que con la decisión del gobernador Alfredo del Mazo y de la titular en el ramo, Maribel Cervantes, más de 170 familias quedarán sin sustento. La organización Ciudadanos Uniformados A.C. citó a una conferencia de prensa, este sábado 27, para dar a conocer su posición sobre el tema, y manifestó su solidaridad con los elementos a quienes se rescindió su contrato.