Se tardaron dos años en construirla, entre organizaciones sociales y autoridades, pero de un plumazo quedó trunca: es la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que entró en vigor el martes 16. Su implementación se atascó con el relevo en la Secretaría de Gobernación. Y es que con Miguel Ángel Osorio Chong también se fueron quienes conocían la ley y los retos a superar en pleno proceso electoral. Los nuevos funcionarios reconocieron que no saben nada sobre el tema, denuncian familiares de víctimas. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Apenas entró en vigor la ley general contra las desapariciones forzadas y ya enfrenta dificultades para su operación, como el desconocimiento de funcionarios sobre el tema y la falta de voluntad política de los gobiernos estatales para adoptarla, en el contexto de un año electoral complicado, denuncia el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, negociada durante dos años por colectivos de los familiares de las víctimas y por organizaciones sociales con el Senado y con la Secretaría de Gobernación (Segob), entró en vigor el martes 16. Su primera meta es cumplir la puesta en marcha de las fiscalías especializadas a nivel federal y en las entidades del país, así como instalar la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cuyo titular deberá ser nombrado por el Senado a partir de una consulta pública. Sin embargo, el movimiento que agrupa al menos a 50 colectivos de familiares de desaparecidos y a decenas de organizaciones sociales duda que la situación actual del país sea propicia para que al menos el primer paso pueda concretarse de manera efectiva, porque quienes sabían del tema y mantenían una interlocución con los familiares y las organizaciones sociales se fueron de la Segob junto con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong. También afectaron los cambios que sucedieron en la Procuraduría General de la República (PGR), cuya titularidad de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Desaparecidos fue ocupada el martes 2. Con los tiempos encima para su puesta en marcha, la Cámara de Diputados asignó en noviembre pasado, en el Presupuesto de Egresos para 2018, poco más de 186 millones 354 mil pesos para que la Segob implemente la nueva legislación y para la creación del órgano que realizará la búsqueda de “personas desaparecidas y no localizadas”. Los legisladores federales también etiquetaron 282 millones 592 mil 800 pesos para que la Secretaría de Gobernación entregue subsidios a los estados para la búsqueda de las personas que les corresponde, de acuerdo con las nuevas disposiciones. Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2152, ya en circulación