SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) denunció ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) al alcalde Ricardo Gallardo Juárez y exigió que se investigue la compra de medicamentos por más de 66 millones de pesos. El FCA –integrado por organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y activistas– convocó a la ciudadanía potosina a adherirse a ésta que se convirtió en la primera de una serie de denuncias que presentará, y consiguió la adhesión de 410 ciudadanos que firmaron el documento. El colectivo informó que decidió emprender acciones legales por varios casos de presunta corrupción evidenciados tanto en la administración del perredista Gallardo Juárez como en el Congreso local, así como en gobiernos municipales y la Auditoría Superior del Estado, ante la mascarada que representa el Sistema Estatal Anticorrupción. “Que se abra la oportunidad de que los hechos confirmen la simulación o efectivamente se actúe y se acabe con la impunidad, madre de todas las corruptelas”, ese es el reto del FCA, puntualizó la organización en un mensaje difundo en los medios. La denuncia por la compra de medicamentos a una sola proveedora (Sandra Sánchez Ruiz) se interpuso el lunes 12 ante la PGJ y está en proceso de transición a la Fiscalía General del estado (FGE), de acuerdo con los denunciantes. “Desde hace dos años, tras la revelación de una millonaria e injustificada compra de medicamentos, diversos sectores sociales han exigido una aclaración convincente por parte del ayuntamiento de San Luis Potosí, y el alcalde Ricardo Gallardo Juárez sólo se ha escudado en el argumento evasivo de acusar golpeteo político, como si esa falaz etiqueta desvirtuara que sus propios documentos confirman pagos irregulares por más de 66 millones de pesos”, señalaron. Y como pruebas para acompañar la denuncia entregaron a la PGJ la relación de 60 pagos a Sandra Sánchez Ruiz y 30 facturas emitidas por la supuesta vendedora al gobierno municipal, mismas que amparan más de 34 millones de pesos. Todas fueron emitidas el mismo día (5 de mayo de 2016) en un lapso de menos de 20 minutos, pese a que se trató de distintas adquisiciones y en momentos diferentes. En este paquete se incluyó la relación de medicamentos adquiridos por el gobierno municipal, en contraste con las recetas prescritas por el servicio médico a los trabajadores, de cuya comparación surgen datos incongruentes. Entre otros documentos entregados a la autoridad respectiva –todos oficiales, la mayoría de ellos obtenidos por los denunciantes a través de la Unidad de Información Pública– destacan los dictámenes del ayuntamiento sobre la adjudicación directa a Sandra Sánchez Ruiz, además de dos contratos celebrados para el mismo fin con los costos de cada medicamento, los comprobantes de las transferencias de dinero realizadas a la proveedora, así como publicaciones en medios sobre esa adjudicación, y la opacidad con la que el gobierno de Gallardo Juárez manejó la licitación y compra. La denuncia apunta al alcalde de esta capital, a la propia proveedora y a los servidores públicos involucrados en la adjudicación, para que se determinen las responsabilidades en que pudieron haber incurrido.