Alistan en Oaxaca el segundo encuentro estatal “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”

OAXACA, Oax. (apro).- En el marco del quinto aniversario de la lucha contra la minería, el pueblo zapoteco de Magdalena Teitipac realizará los días 23 y 24 de febrero el segundo encuentro estatal “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”.

En dicho encuentro participarán con sus experiencias el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña de Guerrero, así como de Sombrerete, Zacatecas; Pasta de Conchos, Coahuila, y Chicomuselo, Chiapas.

En el evento se tiene programado un ritual de agradecimiento a la madre tierra, y el abordaje de temas como el Territorio Prohibido para la Minería, un Foro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones para Fortalecer Estrategias de Defensa, además de la proyección de videos y un panel nacional de análisis.

También se presentarán las experiencias en el estado de Oaxaca, donde la resistencia contra la minería ha cobrado varias vidas, además del encarcelamiento de activistas.

De acuerdo con una investigación de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), la empresa canadiense Fortuna Silver Mines (FSM) acapara 26 concesiones mineras, de las 300 que ha entregado el gobierno federal en el estado.

Según el estudio, pese a la política de opacidad de la empresa, se pudo conocer que sus cuatro filiales (Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.) monopolizan 80 mil hectáreas de 35 municipios de los Valles Centrales, que equivalen a diez veces el tamaño de esta capital.

Esa situación ha colocado a pueblos zapotecas y campesinos en una seria desventaja frente a la minera, ya que FSM no está obligada a entregar cuentas, precisa el documento.

Y es que bajo un esquema de compra-venta de concesiones a través de sus filiales (permitido por la ley minera), la compañía se ha hecho propietaria del 100% de 26 concesiones, todas ellas ubicadas en los Valles Centrales, especialmente en los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula.

Los pobladores de esas comunidades definieron como eje central la defensa de su territorio, por lo que durante 2016 y 2017 demandaron a las autoridades federales la cancelación de las concesiones mineras. Y sus protestas continúan hasta ahora.

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