Para Rafa Landerreche, con quien tanto quise y a quien tanto extraño. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El próximo miércoles, 28 de marzo de 2018, en medio de la Semana Santa, que rememora el asesinato de la inocencia, se conmemora también el séptimo aniversario de la masacre de siete inocentes que dio nacimiento al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), un movimiento fundamental frente a la tragedia humanitaria que desde hace 12 años vive el país. El MPJD dio voz a las víctimas de la guerra desatada por Felipe Calderón contra el narcotráfico, enfrentó al Estado y al crimen organizado, dialogó con toda la nación y propuso una ruta de seis puntos para encontrar la paz, la justicia y la dignidad. Por desgracia, a siete años de su nacimiento, y pese a la Ley de Víctimas y a la Ley de Desaparición, muy poco se ha logrado. El gobierno de Enrique Peña Nieto, al igual que el de Felipe Calderón y las partidocracias, han traicionado a las víctimas y, con ellas, a la nación entera. La administración de Calderón cerró con 70 mil asesinados, 30 mil desaparecidos, cerca de un cuarto de millón de desplazados y 95% de impunidad. La de Peña Nieto cierra con esas mismas cifras –la deuda es de Estado, no de gobierno– más las que generó su administración: 150 mil asesinados, una cifra de desaparecidos que por desgracia no ha sido contabilizada y que supera la de los 30 mil, más de 1 millón de desplazados, una infinidad de fosas clandestinas a lo largo y ancho del país, el caso Ayotzinapa, 95 % de impunidad y un intento de legalizar, con la Ley de Seguridad Interior, el estado de excepción que se inició cuando, en 2006, Calderón sacó al Ejército a las calles. Esa espantosa tragedia, que no se detiene, que supera las de las dictaduras militares en América Latina y que es responsabilidad tanto del poder federal como de las partidocracias que gobiernan las regiones, sufre hoy un crimen mayor: su negación y su olvido. Bajo la gran farsa del proceso electoral, partidos y candidatos no hablan de ella. Las víctimas parecen no existir ni en su pensamiento ni en sus discursos ni en sus programas de gobierno; tampoco las fosas. Fuera de la propuesta de una amnistía que beneficiaría, como hasta ahora, a los criminales –amnistía significa hoy impunidad–, de López Obrador, ni Meade ni Anaya ni Margarita Zavala –cómplice con su silencio de las atrocidades de Calderón– ni ningún candidato a puestos de gobierno, las toman en cuenta. Su incomodidad abruma o quizá forma parte del proyecto criminal con el que el Estado mexicano, arrodillado ante el dinero, no ha dejado de operar. Incluso algunos que fueron fundamentales en el MPJD y en la lucha por los derechos humanos, decidieron, como Esaú, cambiar su primogenitura, su interlocución y su capacidad de denuncia, por un plato de lentejas electoral y guardar silencio ante los asesinatos y desapariciones en los que las partidocracias, mimetizadas en frentes y coaliciones, están implicadas. Partidos, candidatos y Estado redujeron el drama nacional a los actos de corrupción en los que por comisión u omisión todos están implicados. Olvidan que detrás de ellos, que cínicamente se arrojan unos a otros a la cara, están los muertos, los desaparecidos, las familias rotas, la angustia y la miseria de los desplazados, el dolor sin límite y la indefensión ciudadana. Se obstinan, en un alarde de ceguera, en no ver que debajo de su lucha por el poder la nación es una cloaca hecha de casas de seguridad, de redes de trata, de fosas fabricadas tanto por el crimen organizado como por las fiscalías –Tetelcingo lo reveló–, de extorsión e impunidad. Decidieron borrar la tragedia, creyendo que si no se nombra ni se enfrenta dejó de existir. Pero el horror, cuando no se encara, crece, y un día, es la lección de la historia, los alcanzará para hacerlos comparecer ante el banquillo de los acusados. Desde su nacimiento, el MPJD no ha dejado de señalarlo y de exigir justica y paz. Hoy, en su séptimo aniversario, vuelve, como entonces lo hizo con los poderes de la nación y los candidatos de entonces a la Presidencia de la República, a reiterar la deuda que el Estado y las partidocracias tienen con el sufrimiento y a decirles que continúan siendo responsables del horror, que su deuda con las víctimas es cada vez mayor, que con su silencio frente a ellas confirman su filiación con el crimen y que las urnas a las que están llamando a la nación están llenas de sangre, de dolor y de muerte. Frente a ello el MPJD vuelve a increparlos: ¿Qué tienen que decirle a las víctimas? ¿Cuál es su propuesta de justicia y de paz para ellas y el país? ¿Cómo harán si ganan para hacerlas posibles y no convertirse en los próximos administradores del infierno? ¿Cuál es su posición ante las drogas y sus propuestas para dejarlas de ver como un problema de seguridad nacional y enfrentarlo como un asunto de salud pública? ¿Cómo, por lo tanto, van a generar una política que deje de subordinar al país a la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que se quiere legalizar con la Ley de Seguridad Interior? ¿Cuál va a ser su política frente a los desaparecidos y las fosas del país? Mientras no respondan con palabras y actos, nuestro voto no cabrá en sus urnas llenas de sangre y nuestra presencia no los dejará dormir en el infierno que han creado. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE. Este análisis se publicó el 25 de marzo de 2018 en la edición 2160 de la revista Proceso.