Exámenes de confianza a candidatos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hasta este momento las campañas presidenciales se han ceñido a la descalificación personal y a propuestas que sean gratas al oído del votante potencial. Sin embargo, se han soslayado dos rubros que son de la mayor importancia para todos. Las agudas diferencias de percepción y de criterio entre el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, quien se queja de una campaña en su contra, y el PRI-gobierno, que no baja de corrupto al abanderado panista, se convierten en una circunstancia propicia para ver quién es quién.

En estas páginas he tocado el tema respecto de lo útil que sería la aplicación de exámenes de control de confianza en materia de corrupción en general y no sólo para identificar nexos con el crimen organizado. En 2016 el activo senador Benjamín Robles Montoya, entonces candidato a la gubernatura de Oaxaca, fue el único que pasó todas las pruebas aplicadas por expertos independientes de México y Estados Unidos.

El examen de control de confianza que sugiero para los candidatos presidenciales debería contar con los siguientes elementos para tener validez y, por ende, credibilidad: 1) incluir dos instrumentos de medición de la mentira: el tradicional polígrafo (que tiene 86% de confiabilidad) y el EyeDetect (con 99.99% de ésta y que carece de contramedidas forenses); al aplicar los dos se garantizaría la máxima fiabilidad posible; 2) que las pruebas no las realice ninguna dependencia del gobierno mexicano o relacionada a él, sino la Asociación Internacional de Expertos en Poligrafía, y que las revise además la American Polygraph Association para asegurar que no tenga sesgos de ningún tipo y que sean expertos independientes los que hayan participado en el ejercicio, a fin de evitar conflictos de interés.

Esta iniciativa política sería una demostración científica sobre quién es corrupto y quién no lo es, al margen de lo que en psicología se denomina sesgo confirmatorio (que sugiere que la persona va a buscar las noticias y opiniones más identificadas con sus propios prejuicios y valores).

El tema de la honestidad pareciera ina­sible y únicamente sujeto a percepciones y emociones, no a datos demostrables. Así, hipotéticamente, puede haber alguien que pase por honesto y otro por corrupto. Los exámenes de control de confianza están ahí, a la mano, como instrumento al servicio de la sociedad, y si no se acude a ellos será poco menos que imposible discernir si lo que parece es o no es.

Otro problema de primera importancia es el relativo a la salud de los servidores públicos de alto nivel y de los candidatos a cargos de elección popular, sobre todo de quienes aspiren a la Presidencia de la República.

Y es que en la experiencia mexicana abundan los ejemplos de enfermos terminales que han asegurado estar sanos. Aquí he señalado a políticos y funcionarios de todos los partidos y niveles. Rafael Tovar y de Teresa, quien falleció de cáncer en 2016, mintió de manera reiterada sobre su verdadero estado de salud. Unas semanas antes de su muerte, en entrevista con El Universal dijo estar “sano, perfecto, perfecto”, lo que constituyó una simulación.

Otros casos ominosos son los de Alonso Lujambio, quien sin la menor ética aceptó ser candidato a senador de la República por la vía plurinominal y murió (el 25 de septiembre de 2012) días después de su toma de protesta; el de Manuel Camacho Solís, quien llegó al Senado el 1 de septiembre de 2012 y durante un año siguió cobrando como legislador aun cuando no trabajó en ese tiempo, afectado por una enfermedad incurable que le impedía no sólo cumplir su encomienda pública, sino desempeñar cualquier otro trabajo (murió el 5 de junio de 2015).

Por los antecedentes expuestos, sería recomendable que los candidatos a la Presidencia de la República fueran sometidos a estudios por un grupo independiente de especialistas que, para evitar la intrusión ilegítima en la vida privada de los aspirantes, revelen únicamente si están en condiciones de ejercer, médicamente hablando, el cargo de titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por supuesto, no se trata de que estén sanos al 100%, sino de que los ciudadanos estemos seguros de que sus padecimientos, de haberlos, no van a entorpecer, distorsionar o impedir la toma de decisiones de quien va a dirigir el país.

Sé que ambos tipos de exámenes no serán bienvenidos para la mayoría de los políticos, pero serían unas excelentes muestras de rendición de cuentas en rubros en los que no se ha explorado ni legislado hasta ahora en México. Ello, por supuesto, no impide que por su propia voluntad y por ética pública lo hagan para poner en claro que no tienen nada que esconder a los electores de México. ¿Alguien dice yo?

@evillanuevamx

[email protected]

Este análisis se publicó el 25 de marzo de 2018 en la edición 2160 de la revista Proceso.

Comentarios